A fin de finiquitar este asunto, por el momento, que ha sido motivo de mucha tinta en los medios escritos, de fuerte debate en las redes sociales y de muchas exposiciones de puntos de vista de especialistas en Derecho Constitucional y Amparo, así como de réplicas de algunos integrantes del gobierno en turno; del legislativo, en favor y en contra; de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); de opositores al gobierno, y, por supuesto, de los trabajadores afectados por la reforma, es necesario plantear algunas conclusiones que permitan dejar claro en qué punto nos encontramos parados como trabajadores, sociedad y país.
En primera instancia, debo decir que el distintivo de las reformas efectuadas por los gobiernos morenistas no cambia, y este ha sido presentar iniciativas que adolecen, desde la exposición de motivos, de suficiente sustento jurídico-legal y nulo análisis; como muestra, tenemos las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (LIMSS) y del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) del año 2020, en las que, independientemente de que se presentaron algunos avances para los trabajadores, el gobierno dejó de colaborar con su aportación a las pensiones de los trabajadores, por lo que esta es ahora bipartita; de igual forma, al hacer una diferenciación en el apoyo de la cuota social, creó trabajadores de primera y de segunda.
Lo mismo sucedió con la reforma que creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en la que, bajo el argumento de que el esquema de cuentas individuales (AFORE) brindará tasas de reemplazo (montos de pensión) precarias, creó ese fondo para complementar las pensiones de aquellos que no rebasen los diecisiete mil pesos; sin embargo, la mayoría de los recursos para ello están siendo tomados de las cuentas denominadas inactivas de trabajadores de 70 años, en el caso del IMSS, y de 75, para el caso del ISSSTE; es decir, les quita a algunos para darles a otros. Adicionalmente, los dineros que también complementarán dichas pensiones provienen de fuentes no recurrentes; dicho de otra forma, no están garantizados porque provienen de algunas entidades nuevas o de proyectos que, infortunadamente, no están teniendo los ingresos suficientes.
Asimismo, las reformas y adiciones al 127 constitucional, que hoy son motivo de controversia y afectación a un segmento de trabajadores de organismos públicos descentralizados, se encuentran bajo la misma tesitura, debido a que, en el afán de pretender corregir y hacer justicia sobre los actos efectuados por gobiernos priistas y panistas y servidores públicos corruptos, se lleva entre las espuelas a empleados de confianza, en su mayoría profesionistas, que entregaron su conocimiento y esfuerzo a sus respectivas empresas y que hoy, ya retirados, reciben como premio la disminución de sus pensiones.
Seguro estoy de que la disminución de los montos de pensiones de los trabajadores de confianza en ninguna forma vendrá a ser la solución para las empresas o los organismos públicos involucrados, ya que los problemas son de mayor peso y fondo; pero, de lo que igualmente estoy cierto, es que la estrategia seguirá siendo cumplir con los programas sociales que garanticen la continuidad del partido oficial; no obstante, dichas decisiones están llevando a un estado de incertidumbre a la mayor parte de la población, sobre todo porque las organizaciones de trabajadores (sindicatos), al no ver una afectación directa a los intereses de sus representados, no han manifestado de forma abierta su postura ante los hechos suscitados, y como sociedad seguimos pensando que los problemas que se den en el patio del vecino son de él.
Lo que sí es muy claro es que el fragmentado régimen pensionario mexicano requiere de una cirugía mayor que vaya a su sistema nervioso central, que posibilite un remodelaje estructural que se ajuste a la evolución que está enfrentando el mundo laboral, incluidas las nuevas formas de trabajo derivadas de la economía digital.
De igual forma, un gobierno que se ostenta como de izquierda no puede dejar de observar los derechos humanos laborales de sus trabajadores; esto es fundamental, debido a que, de continuar actuando en el mismo sentido, el mensaje que está enviando a la clase empleadora no es otro que orientar hacia la reducción de beneficios logrados a través de negociaciones bipartitas o tripartitas, lo que es gravísimo, debido a que, en efecto dominó, lleva hacia una menor capacidad económica de la población y, por consecuencia, al debilitamiento del mercado interno.
Ahora bien, un aspecto que tampoco podemos dejar de lado es el relativo a que, al estar involucradas empresas públicas estratégicas como PEMEX y CFE, pudiera darse el fenómeno de que los trabajadores especializados actuales, al ver el trato del que están siendo objeto los pensionados, se dé una desbandada hacia la iniciativa privada, lo que pondría en riesgo la operación de dichas empresas y de la propia infraestructura del país.
Cerraré estas reflexiones con un mensaje a la sociedad en su conjunto: la cita de Martin Niemöller, que textualmente dice:
• Primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque no era socialista.
• Luego vinieron por los sindicalistas y no hablé porque no era sindicalista.
• Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío.
• Luego vinieron por mí y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
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X: LUISESCOBARRAM6
