La gobernanza local en México exige hoy una mirada doble. Por un lado, la capacidad técnica, financiera e institucional de los municipios para atraer y retener talento e inversión. Por el otro, la dinámica política que rige a los ayuntamientos, anclada en la aprobación ciudadana y en los incentivos de la reelección. En la intersección de ambos ejes asoma una paradoja que conviene nombrar sin eufemismos. El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) —que evalúa las 72 zonas metropolitanas donde vive el 62% de los mexicanos y se concentra entre el 80% y el 90% del PIB— retrata una desaceleración palpable: el crecimiento promedio cayó del 4.1% al 2.4%. Y, sin embargo, los alcaldes viven su mejor momento en seis años, con 55% de aprobación promedio según Mitofsky. El termómetro estructural y el político apuntan en direcciones opuestas. Entonces, ¿por qué nuestros municipios aprueban en las encuestas y reprueban en el futuro?
El hallazgo más alarmante del ICU es el peso del estado de derecho, es decir, del respeto a la ley. Cuando el Estado no funciona en este aspecto, entre otros, la competitividad se desploma y arrastra consigo a la inversión y al empleo. Culiacán es el paradigma de este fenómeno: apenas 16.3% de sus habitantes se siente seguro, frente al 41% en 2024. Donde reina la violencia, se ahuyenta la inversión, se reducen los horarios comerciales y se precariza el empleo formal. La buena noticia es que la alineación virtuosa existe: Hermosillo y San Pedro Garza García demuestran que sí es posible combinar gestiones políticamente exitosas con políticas públicas enfocadas en la competitividad estructural. No es utopía, es decisión.
La reforma de 2014 prometía un círculo virtuoso de rendición de cuentas: al revalidar su mandato en las urnas, los ediles tendrían incentivos para transparentar el ejercicio del erario municipal, profesionalizar a sus policías y destinar los recursos públicos a obras de largo aliento. La evidencia muestra otra cosa. Combinada con escasa vigilancia cívica, la reelección ha exacerbado los ciclos político-presupuestarios: el gasto se infla en el año electoral y los recursos se desvían hacia redes asistencialistas y clientelares para aceitar la movilización del voto.
El problema de raíz es fiscal. Por temor al castigo electoral, los alcaldes y alcaldesas renuncian a cobrar el predial y a actualizar los valores catastrales. Al abandonar su principal potestad tributaria, se vuelven adictos a las transferencias federales: resulta más cómodo cabildear recursos en la Ciudad de México que asumir el desgaste de cobrar a los propios vecinos. El IMCO lo resume en una máxima irrefutable: el gasto cuesta y la inversión rinde. Básicamente, estos gobernantes gastan el dinero público en obras de relumbrón: plazas remodeladas, fachadas pintadas, arcos en las entradas del municipio. No resuelven carencias estructurales. Se garantizan el corte de listón, la foto y el promocional para encajar en la estrecha ventana de tres años.
Mientras tanto, lo determinante permanece bajo tierra. Las tuberías de alta presión y el drenaje profundo nunca producen titulares entusiastas ni aseguran la reelección, pero son los únicos cimientos sobre los que puede erigirse un municipio competitivo del siglo XXI. Conviene decirlo con honestidad: este vicio no tiene color. La competitividad no es monopolio de una ideología, sino resultado de capacidad institucional que trasciende las siglas. El problema es estructural, y por eso la solución tampoco vendrá sólo de la clase política.
Ningún municipio competitivo se construye delegando todo en el gobierno. Quienes actualmente están en el poder pueden hacer cuanto quieren porque los habitantes de sus municipios están ausentes en el espacio público; cuando mucho, son espectadores. Mejores lugares para vivir exigen una sociedad civil empoderada, crítica y exigente que cambie las reglas del juego al hacerse presente en las decisiones públicas.
La acción individual de mayor impacto es también la menos romántica: pagar puntualmente las contribuciones locales, empezando por el predial. Quien tributa formalmente adquiere la legitimidad moral y la fuerza política para exigir ante el cabildo que su dinero se destine a inversión perdurable y no al dispendio clientelar, ni a obras cortoplacistas que ganan el aplauso, pero no generan infraestructura perdurable. A esa palanca hay que sumar contraloría social activa: conocer, con el mayor detalle posible, cómo se gasta el presupuesto (en todos los rubros) y exigir auditorías externas y expedientes abiertos para consulta permanente. Además, algo fundamental: sostener observatorios ciudadanos que vigilen el destino del erario.
En el ambiente incierto en el que vivimos, una certeza debemos tener: el cambio será definitivo sólo cuando el electorado rediseñe su sistema de premios y castigos. Mientras los votantes sigan premiando con aprobaciones estelares y reelecciones —rumbo a 2027— a quienes apenas pintaron una plaza meses antes de la elección, la clase política seguirá invirtiendo en lo cosmético y relegando lo vital. El ciudadano del siglo XXI tiene que condicionar su voto a planes maestros transexenales: redes subterráneas de agua, mega-colectores pluviales, policías profesionalizadas, burocracia digitalizada. Castigar en las urnas el populismo presupuestario y premiar la infraestructura a largo plazo. Sólo así —y no por inercia ni por accidente— los municipios mexicanos saldrán del atraso.
