La Secretaría de Gobernación acaba de reconocer como asociación civil a una organización vinculada con la Regla de Osha-Ifá, mejor conocida como santería. La noticia fue difundida ampliamente por diversos medios y celebrada por sus promotores como un paso histórico para esta tradición religiosa.
La libertad religiosa merece respeto. Nadie debería ser perseguido por sus creencias. Sin embargo, una democracia madura tiene la obligación de distinguir entre el derecho a creer y la responsabilidad del Estado de preservar principios éticos universales.
Mientras el discurso oficial insiste en la protección de los animales, guarda silencio frente a prácticas rituales que históricamente han incluido su sacrificio.
No se trata de prejuicios ni de estigmatizar a una comunidad religiosa; se trata de reconocer un debate ético, más aún cuando México registra un creciente consenso social a favor de sanciones más severas contra el maltrato animal.
Ello, sin profundizar en los casos en que prácticas esotéricas vinculadas a distintos cultos afrocaribeños han derivado en delitos relacionados con la profanación de tumbas o el tráfico de restos humanos. Sería irresponsable atribuir esos delitos a todos los creyentes; pero sería igualmente irresponsable fingir que esas controversias no existen.
También es ampliamente conocido que diversos actores políticos de la llamada 4T profesan esta fe. Un antecedente visible ocurrió el 24 de abril de 2024, cuando, en la terraza del Senado de la República, el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, organizó una “Ofrenda por el Día de la Lluvia” en honor a Tláloc. Lo que parecía un acto cultural de visibilización terminó con el degollamiento público de una gallina.
El senador Gómez pretendió justificar el sacrificio del animal escudándose en el artículo 2º constitucional, que protege la libre determinación y los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Sin embargo, su argumento chocó de frente con la legislación vigente en la Ciudad de México.
El legislador ignoró el artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que prohíbe expresamente el uso de animales en ritos, tradiciones o celebraciones que impliquen maltrato, sufrimiento o sacrificio.
El verdadero peligro de estos episodios no radica en la fe que cada político decida profesar en su ámbito privado. El riesgo surge cuando se confunde el folclor con la agenda legislativa y cuando se pretende estirar la Constitución para justificar conductas que contravienen la ley en nombre de la “autenticidad cultural”.
