En la calle, en la televisión o en las redes sociales, la expresión "perspectiva de género" se escucha por todas partes, para muchos suena a una moda o a un tema que solo interesa a las mujeres, pero en el día a día de nuestro sistema de justicia esta herramienta es, en realidad, la única garantía de que las leyes se apliquen con verdadera justicia para todos.
Imagine que la justicia es una balanza, el problema es que, históricamente, no todos hemos jugado con el mismo peso, pues las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas indígenas o la comunidad LGBTIQ+ suelen arrancar con desventaja debido a prejuicios que arrastramos como sociedad, por lo que juzgar con perspectiva de género significa que, cuando alguien acude ante un juez de nuestra comunidad, las autoridades están obligadas por ley, conforme a los artículos 1º y 4º de la Constitución, a ponerse unos "lentes de igualdad" y revisar si las reglas del juego están afectando más a unos que a otros por su edad, género o condición social, para corregir esa injusticia de inmediato.
Esto no es opcional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara al establecer que juzgar con perspectiva de género es un método constitucional obligatorio y no una opción del juzgador, y para garantizarlo definió una ruta que puede resumirse en cuatro rubros fundamentales.
El primero consiste en identificar abusos de poder, es decir, revisar si una de las partes se encuentra en total desventaja o bajo el control de la otra, el segundo exige evaluar sin prejuicios, de modo que las pruebas del caso se analicen de forma limpia y sin arrastrar los estereotipos de género cotidianos, mientras que el tercero obliga a buscar más pruebas cuando el expediente no basta para ver la realidad del problema, de manera que el juez debe ordenar que se consigan por su cuenta, y el cuarto llama a cuestionar la ley, revisando si una norma que parece neutral genera, en la práctica, efectos desiguales o injustos.
Con esto, nuestra Constitución, en sus artículos 1º y 133, obliga a los tribunales a detectar cualquier situación de vulnerabilidad, de modo que si existe discriminación o abuso de poder el juez debe recolectar lo necesario, eliminar los obstáculos del camino y resolver el caso bajo una igualdad real.
Existe la falsa idea de que esta medida desprotege a los hombres o beneficia solo a un sector, y esto es un error, pues en realidad se trata de una herramienta de no discriminación, nuestras leyes se escribieron hace muchos años pensando casi siempre desde la perspectiva y las necesidades de los hombres, así que el reto actual no es quitarle nada a nadie, sino construir espacios donde quepamos todos.
Se trata, en el fondo, de destruir esos estereotipos que dictan cómo "debe" comportarse una persona y que terminan provocando tratos injustos o abusos dentro de las familias y los trabajos.
Para los jueces, esto tampoco es un acto de buena voluntad, ya que México está obligado internacionalmente a aplicarlo, el origen de esta exigencia se remonta a un caso histórico doloroso: la sentencia de Campo Algodonero, de 2009, en la que el Estado mexicano fue condenado por graves omisiones en los feminicidios de Ciudad Juárez, de esa tragedia nació el protocolo obligatorio para que las autoridades aprendieran a investigar y a juzgar sin prejuicios.
Un juez no puede resolver bien un problema si se encierra en su oficina e ignora la realidad económica, social y cultural de quienes están involucrados, por eso, cuando la justicia se aplica con perspectiva de género se recurre a un lenguaje sencillo que no lastima ni vuelve a hacer sentir víctima a la persona afectada, porque al final del día no se buscan privilegios, sino que la ley sea un traje hecho a la medida de los derechos humanos de cada ciudadano.
Juzgar con perspectiva de género, en suma, permite juzgar con respeto a los derechos humanos.
En colaboración con Gertrudis Olivares Reyes
