Toluca/Estado de México
La consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Karina Ivonne Vaquera Montoya, reconoció que todos los consejeros que conforman este órgano electoral aceptaron cambiar de camioneta, a excepción de ella y el consejero Francisco Bello Corona.
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Lamentó este tipo de decisiones frente a la situación adversa por la que atraviesa el país, algo que, consideró, tiene que ver más con un tema de ética.
Luego de reconocer que no se tiene contemplada la asignación de un bono antes o después de la elección o bien de una prestación extraordinaria, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto para este año, insistió en que no hay documento que haga referencia al momento en el que debe ser renovado el parque vehicular.
“No soy la única persona que no la recibió, tampoco lo hizo el consejero Francisco Bello”.
Narró que, si bien todos los consejeros tienen una prestación vehicular para poder trasladarse a distintos municipios como parte del proceso electoral en la entidad, no hay razón que amerite cambio de camioneta.
Informó que a ella le dieron una camioneta Honda 2018 en el 2020 con 65 mil kilómetros, la cual ahora suma 140 mil kilómetros, lo que se podría considerar un servicio de uso de 3 mil a 5 mil pesos.
“Me dijeron que podía renovarla por una nueva, pero no acepté”.
A decir de la consejera electoral, el país atraviesa por una situación compleja, además de que se encuentran en una coyuntura de Reforma Electoral, por lo que calificó como insensata una decisión de este tipo.
“Me parece que esta decisión es más una cuestión de ética. A mí me costaba trabajo pensar en aceptar esta renovación”.
Indicó que a su consideración este vehículo es funcional, lo que se suma, reiteró, a que en este momento la situación sea compleja.
Negó saber qué tipo de camioneta le sugerían, toda vez que esa compra incluso es por licitación, aunque reiteró que al ser su auto de 2018, aún es funcional.
“Administrativamente no había justificación para comprar camionetas nuevas”, comentó.
A su consideración, hay que esperar las reformas que considera el Plan B para verificar el sentido en el que fueron aprobadas, pero también sobre cómo influyen en la toma de decisiones al interior del árbitro electoral.
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