Toluca/Estado de México
Tras las manifestaciones, paros y pliegos extendidos por la comunidad universitaria, este miércoles cinco de las aspirantes a la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) para el periodo 2025-2029 pronunciaron su preocupación por el desarrollo del proceso que los estudiantes califican como “injusto, inequitativo y carente de garantías mínimas de transparencia e igualdad”, reconociendo su derecho a la manifestación y destacando que su voz representa una de las pocas expresiones auténticamente libres dentro de la comunidad universitaria.
Estudiantes toman rectoría de la #UAEMéx
Las aspirantes, Laura Elizabeth Benhumea González, María José Bernáldez Aguilar, María Dolores Durán García, Maricruz Moreno Zagal y Martha Patricia Zarza Delgado, señalaron haber cumplido en su totalidad con los términos establecidos en las bases del proceso y coincidieron en que no todos los involucrados han seguido con el mismo rigor las reglas establecidas en la legislación universitaria, generando un clima de incertidumbre y desconfianza entre la comunidad. Puntualizaron que es injusto que, por el actuar de una persona que ha incurrido en reiteradas violaciones a la normatividad, se comprometa la legitimidad del proceso y se vulnere el principio de equidad entre las candidatas.
En el pronunciamiento, las aspirantes pidieron al H. Consejo Universitario, al Colegio de Directores y a la Comisión Especial Electoral:
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El reconocimiento pleno de la legitimidad de toda forma de expresión, protesta y manifestación de inconformidad por parte de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Estas expresiones deben ser respetadas, no minimizadas, ignoradas ni perseguidas.
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Que el Consejo Universitario exhorte de inmediato al Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz a atender al estudiantado mediante una mesa pública de diálogo con carácter urgente y resolutivo. No puede seguir posponiéndose la atención directa a sus demandas, o en su caso, su renuncia inmediata.
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El cese inmediato de cualquier intento de criminalización, intimidación o represalia contra quienes han ejercido su derecho a protestar. Esta práctica es inaceptable y contraria a los principios que deberían regir una institución pública y autónoma como la nuestra.
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El compromiso firme de quienes suscribimos este posicionamiento con la legalidad, la ética, la transparencia y la defensa de los derechos humanos, como bases indispensables para la transformación de la vida universitaria.
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Exigimos al Consejo Universitario que, en uso de sus atribuciones, instruya de manera inmediata a la Comisión Especial Electoral que establezca, defina e informe públicamente las acciones concretas que implementará para garantizar la transparencia, legalidad y equidad del proceso electoral en curso y, de manera especial y suficiente, la forma en cómo se llevará a efecto la auscultación cuantitativa; y resuelva antes de la jornada electoral las impugnaciones formalmente presentadas por las firmantes, relativas a las evidentes y probadas violaciones cometidas por una aspirante a la legislación universitaria y a las bases del proceso. La omisión de esta resolución comprometería gravemente la legitimidad del resultado.
Finalmente, las aspirantes expresaron que, independientemente de quién resulte electa como Rectora, es necesario anteponer el bienestar institucional a los intereses individuales, comprometiéndose a trabajar en conjunto en la construcción de una nueva etapa institucional basada en que la legalidad, dignidad y la participación plena sean pilares inquebrantables de la vida universitaria.
