Texcoco/Estado de México
El destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debe pasar no por una consulta pública, que es endeble y hasta peligrosa, sino por la consideración de aspectos como el desorden económico, que ha duplicado el costo original del proyecto, la corrupción y la falta de transparencia en los contratos, así como el impacto ambiental y las afectaciones que ya ha generado en la zona.
En esos términos se expresó el legislador Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión de seguimiento de edificación de la terminal aérea en la Cámara Federal, quien dijo que la consulta pública a la que ha convocado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “es muy endeble si no se precisa a dónde se quiere llegar y si no hay información técnica y objetiva sobre el NAICM que pueda dar elementos para que la gente esté realmente enterada y pueda orientar su opinión”.
Aseguró que tal ejercicio “sería innecesario y hasta peligroso como se propuso. Innecesario porque legalmente no tiene fundamento y peligroso porque si le pides a la gente su opinión sobre si está de acuerdo con el nuevo aeropuerto, la gente les va decir que no, porque más de 70 por ciento de los mexicanos jamás ha tomado el avión como medio de transporte, ni lo van a tomar, y si le preguntas si es trascendente una terminal aérea para su vida, van a decir que no”.
Llamó a López Obrador a que se tome una decisión respecto del NAIMC luego de que asuma como Presidente, porque así será una decisión oficial y no como candidato.
Dijo que durante los últimos años en los que ha seguido de cerca la edificación del puerto aéreo mediante su encargo de legislador, se ha percatado del desorden económico que hay en torno del proyecto, primero porque el costo de ésta se ha ido al doble de lo originalmente planeado.
“Son cantidades millonarias que debemos cuidar y que estén bien invertidas y debemos de conocer, lo cual no ha sido posible por la opacidad de los funcionarios y negligencia; incluso en el Congreso desconocemos los montos reales”, sostuvo.
Refirió que tiene que investigarse la corrupción. Por ejemplo, las anomalías que resultaron de la auditoría de 2014 en donde, tan solo por mencionar un ejemplo, hubo observaciones de más de mil millones de pesos, con recuperables de 500 millones de pesos y no lo han regresado.
Remarcó que tan solo en la barda perimetral que se construyó hay 900 millones que están en proceso de subsanación.
“Hay quien dice que es muy poquito comparado con lo que cuesta el NAICM, pero lo de la barda perimetral concesionada a la Sedena es sólo un ejemplo”, resaltó.
El legislador comentó que “desde el Congreso siempre hemos estado pidiendo transparencia del fideicomiso, en el que han caído 6 mil o 7 mil millones de dólares de la banca internacional, lo cual debe de transparentarse y no lo han querido hacer utilizando el argumento que es un fideicomiso privado y que no tienen obligación de hacerlo, lo que no es así porque es un bien público y debe de haber cuentas claras.
Agregó que también tiene que revisarse el ritmo y plan de la obra, es decir, la planificación para que no gastar dinero de más, además de que se deben de atender las afectaciones que ya tiene el NAICM en cuestiones medio ambientales, los lodos tóxicos que se han depositado en minas de Tepetlaoxtoc, la devastaciòn ecológica, arqueológica, la persecución de delitos como el huachicol en la obra.
Por otro lado, mencionó que en el caso de las 160 minas que están siendo explotadas indiscriminadamente en 15 municipios de la región de Texcoco, muchas de las cuales operan sin permisos y de donde se han derivado 66 denuncias penales por diversos motivos, “hay una total colusión de las autoridades medio ambientales tanto, del Estado de México como a nivel federal para no investigar y permitir la destrucción ambiental”.
Expresó que en vez de atender esas denuncias, en las cuales hay evidencias suficientes como para demostrar que están violando la ley, “lo que hicieron es contratar más personal para desvirtuar las denuncias”.
“Contrataron mercenarios que tienen experiencia en el área medio ambiental que, por ejemplo, cuando ven que los vecinos denuncian que una mina viene operando desde hace tiempo sin permisos, estos empleados van a la Sedena y obtienen el permiso, aunque sea posfechado. También, si ven denuncias de que ya destruyeron tantos cerros una minera y que no tiene licencia, ellos mismo la inventan para avalarla”, aseguró el legislador.
Destacó que él, en su calidad de diputado federal, presentó varias denuncias penales por las diversas anomalías y destrucciones de la obra, pero a dos años de eso ni siquiera lo han citado para ratificarlas o para pedir alguna prueba.
“Esto es lo que me lleva a mí a decir que hay una colusión criminal y negligente de las autoridades del Estado de México y federal contrario a las normas medio ambientales y de infraestructura para no investigar”, concluyó.
