En una sesión que concluyó en las primeras horas de la madrugada, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para penalizar las terapias de conversión sexual en menores. La medida busca proteger la integridad de las personas frente a prácticas consideradas perjudiciales.
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El documento, enviado al Ejecutivo Federal, establece que las sanciones se aplicarán a cualquier individuo que realice, imparta, aplique, obligue o financie tratamientos o prácticas que afecten la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Se prevé que las penas se dupliquen, llegando hasta 12 años de cárcel, cuando las prácticas afecten a menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.
En el caso de los padres, madres o tutores que incurran en estas conductas, el juez podrá aplicar sanciones como amonestaciones o apercibimientos.
Los profesionales de la salud que participen en estas prácticas serán suspendidos en su ejercicio profesional de uno a tres años, además de enfrentar las sanciones del Código Penal Federal.
El proyecto de decreto establece que bastará con la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que constituyan este delito.
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