Ciudad de México
Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con lo que concluye su representación legal de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. De acuerdo con fuentes consultadas, se incorporará como colaborador de Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Rosales, originario de Totomixtlahuaca, Guerrero, y con 24 años de trabajo en Tlachinollan, encabezó la defensa de los familiares de los normalistas desde septiembre de 2014. Durante este tiempo también asesoró a policías comunitarias, defendió a mujeres víctimas de tortura, a campesinos frente a despojos de tierras y a personas desaparecidas.
En entrevista, explicó que su salida responde a la imposibilidad de continuar de manera individual con el caso Ayotzinapa, dadas las amenazas, presiones, falta de recursos y ausencia de respaldo político. Señaló que la defensa permanecerá en manos del Centro Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones, garantizando la continuidad institucional.
En una carta difundida el 19 de agosto, el abogado expresó que se retira de la primera línea de la lucha social “con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”, aunque subrayó que seguirá exigiendo respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Rosales reconoció que su renuncia fue un momento difícil para las familias, tras casi 11 años de acompañamiento, pero insistió en la importancia de que mantengan la unidad en su exigencia de verdad y justicia. Entre los principales avances de su gestión mencionó la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la desarticulación de la “verdad histórica”, lo que abrió nuevas líneas de investigación. Sin embargo, admitió que aún persisten pendientes, especialmente en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, señaló que la salida de Rosales, concretada el 15 de agosto, coincide con su incorporación a la SCJN y representa un cambio relevante para el equipo que ha acompañado a las familias. Indicó que la defensa continuará de manera conjunta con el Centro Prodh, Fundar y Serapaz, y adelantó que Isidoro Vicario podría asumir parte de las responsabilidades que deja el abogado.
La próxima reunión entre las familias de los 43 normalistas y autoridades federales está programada para el 3 de septiembre, donde se espera definir con mayor claridad las nuevas líneas de investigación de la actual fiscalía.
