2026 representa, para la sociedad mexicana, un momento de definiciones sistémicas ante la puesta en práctica de las reformas constitucionales que chocan con la realidad operativa de los mercados internacionales, la rigidez de las finanzas públicas y la persistente crisis de seguridad. No será un ciclo administrativo más de los gobiernos.
La revisión del T-MEC parece un punto crítico en la relación trilateral en América del Norte. Podría renovarse por 16 años o someterse a un régimen de revisiones anuales que inyectaría una volatilidad constante en los planes de inversión a largo plazo. Esta negociación estará enmarcada por las tensiones arancelarias, la manera tan particular de negociar de Donald Trump y la lucha contra el narcotráfico. El mayor riesgo de nuestro país es la presión de alinearse con la postura estadounidense respecto a la influencia de capitales chinos en la región. Así, el gobierno deberá definir claramente la procedencia de la inversión extranjera para evitar represalias comerciales según la ley comercial de los EE. UU.
Las reformas constitucionales impulsadas en México, que afectaron la independencia de los organismos autónomos y el Poder Judicial, son percibidas por los socios comerciales como un retroceso en la especialización técnica y la imparcialidad necesarias para dirimir controversias comerciales.
En 2027 habrá elección para renovar 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. El proceso electoral inicia este año y resultará crucial para la consolidación de nuevos actores políticos que buscan romper la hegemonía oficialista. Morena implementará una reforma electoral que busca centralizar la organización de los comicios: un retroceso en toda regla. Según se sabe, la reforma incluye la eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE) y la reducción de legisladores plurinominales. Busca, sin duda, debilitar los contrapesos regionales y disminuir la representación de minorías políticas en los congresos.
Además, la economía mexicana transita por un camino estrecho entre el estancamiento y la crisis fiscal. Los indicadores técnicos muestran una rigidez presupuestal que limita cualquier respuesta contracíclica ante choques externos. El presupuesto de 10.2 billones de pesos representa un incremento de 5.8 % respecto al año anterior, pero lamentablemente no se traduce en mayor inversión productiva, sino en el mantenimiento de compromisos ineludibles.
En este año los programas sociales han sido blindados presupuestalmente. Las transferencias monetarias han sostenido el consumo privado, pero la falta de políticas públicas que fomenten el empleo ha mantenido a una gran parte de la población en pobreza laboral. Coparmex ha advertido que depender únicamente de las transferencias, sin fortalecer el capital humano ni la productividad, crea una base de apoyo político frágil y económicamente insostenible en el largo plazo.
Veremos una autoridad que realiza una fiscalización agresiva y aplica nuevos gravámenes. El gobierno ha optado por el incremento de la recaudación a través de la “fiscalización estratégica” y ha introducido cambios como el impuesto a la economía digital, imposiciones a videojuegos, incremento al IEPS y vigilancia a través de herramientas tecnológicas (cámaras, drones y audios). La perspectiva es que en 2026 la inseguridad, además de un problema de percepción, se convertirá en un problema operativo. El delito de extorsión, en sus modalidades de “cobro de piso” y “extorsión telefónica”, ha tenido un mayor crecimiento y afectación al tejido social y, en prácticamente todos los niveles de ingreso, a la economía de las personas. Hoy los bienes de consumo llegan a costar hasta 20 % más porque, desde los empresarios hasta los locatarios de mercados, tienen que pagar ese “impuesto” a los criminales.
Una de las preocupaciones sociales es el deterioro institucional y de los derechos humanos. Derivado de la reforma al Poder Judicial, se creó un Tribunal Disciplinario Judicial con amplios poderes de investigación para sancionar jueces. El problema es que puede ser empleado como instrumento de coerción política; para el ciudadano común significa que el juicio de amparo, como principal instrumento para enfrentar la arbitrariedad de la autoridad, se verá comprometido por la falta de independencia de los juzgadores. Además, el sistema penal continúa abusando de la figura de prisión preventiva oficiosa.
Los ciudadanos necesitamos ejercer nuestra responsabilidad colectiva, que pasa por fortalecer las instituciones democráticas y atrevernos a restaurar el tejido social. Recuperemos espacios públicos con vigilancia comunitaria que evite el ejercicio de la violencia. Ante la extorsión y la inseguridad, formemos redes de apoyo vecinales. Hagamos un uso efectivo del sistema 089 y exijamos que se mejore el protocolo de atención.
Tenemos que aprender a participar en el presupuesto participativo, buscar información en los micrositios habilitados por las autoridades electorales para proponer y apoyar proyectos en el entorno urbano y de seguridad comunitaria. Aprendamos a ejercer una vigilancia permanente del uso del presupuesto público y a denunciar el desvío de recursos a clientelas electorales.
Integrémonos a las agrupaciones políticas existentes o en formación para contar con organismos que hagan contrapeso con una masa crítica de ciudadanos informados. Estas acciones, por simples que parezcan, serán el último dique contra la concentración autoritaria.
La democracia mexicana no se salvará desde el poder, sino desde la trinchera ciudadana. 2026 definirá si México retrocede o resiste. Nuestra actividad política responsable será la única garantía de recuperar el equilibrio de los poderes en las elecciones de 2027. La decisión es colectiva. La decisión es nuestra, que no le quepa duda.
