Después de los sismos de septiembre de 1985, hace más de 35 años, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Su propósito, en mayo de 1986, fue establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de manera eficiente y rápida en caso de un desastre. Desde su origen, este conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, servicios, entre otros, que establecen de manera coordinada las entidades del sector público, privado y social en materia de protección civil, tuvo una vocación de carácter reactivo, es decir de coordinarse para responder ante las calamidades que aquejan constantemente a la sociedad.
Desde entonces, se ha ido construyendo un andamiaje legal-administrativo para la atención de las emergencias y desastres en el territorio nacional. En tal contexto, el componente preventivo del manejo de los desastres, es decir antes de que estos ocurran, se incorporó a las leyes y normas desde hace 35 años; de hecho, la Ley General de Protección Civil en su versión del año 2000 –cuando recién se publicó– y luego la de junio de 2012 –cuando fue actualizada– consideran obligatorio y de aplicación irrestricta en todo el país las acciones preventivas de manera muy clara y contundente; una de sus herramientas preventivas paradigmáticas son los Programas de Protección Civil, desde el Programa Nacional que se establece en cada sexenio, hasta los programas estatales, municipales e institucionales, cuyo contenido y esencia establece una serie bien definida de acciones para evitar que el impacto destructivo de los fenómenos perturbadores afecte a determinado segmento poblacional, los los controle, mitigue y extinga.
Entre estas disposiciones se encuentra la identificación, previsión y análisis de los riesgos en determinadas zonas y situaciones. Nuestra legislación considera la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil enfocados a un Riesgo Específico, como son las concentraciones masivas de personas; las inundaciones, el manejo de la pirotecnia, el almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas, entre otras condiciones de riesgo hoy día plenamente identificadas y normadas, cuyo no cumplimiento faculta a las autoridades locales y estatales en la materia a suspender el desarrollo de las mismas y aplicar medidas de apremio y multas.
Actualmente, la especialización es tal que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) certifican cada año a cientos de servidores públicos como especialistas en el diseño de estos programas preventivos. Desde hace más de 20 años, el paradigma de las tres fases de intervención (Antes, Durante y Después) se institucionalizó, reguló y organizó para su aplicación en todo el territorio nacional; asimismo, México como suscribiente de los Acuerdos Marco de Hyogo (2005) y Sendai (2015), auspiciados por la ONU, se comprometió al desarrollo de una metodología denominada Gestión Integral de Riesgos de Desastre (GIRD), la cual consiste en 8 etapas de atención para el manejo de los eventos adversos que ponen en riesgo a la población, sus bienes y el entorno: 1. Identificación; 2. Previsión; 3. Prevención; 4. Mitigación; 5. Preparación; 6. Auxilio; 7. Recuperación; 8. Reconstrucción.
La GIRD en nuestro país se ha venido fortaleciendo de manera teórica y administrativamente; sus conceptos llenan los manuales de capacitación y la comunicación institucional, sin embargo, en la realidad de los hechos, sus resultados son magros y casi nulos en cuanto a las fases preventivas ya que no se les asigna presupuesto suficiente, ni se desarrollan proyectos más allá de los sistemas de alertamiento; en materia de recuperación y reconstrucción, la sombra de la corrupción, la incapacidad técnica y la falta de voluntad política para trabajar de manera interinstitucional, así como la burocratización de procesos permea esta fase. Se destaca únicamente, de manera heroica, la fase de auxilio, en la que México se ha vuelto especialista y goza de considerable fama mundial –los topos, la perrita Frida– por el desempeño de instituciones insignes en la atención a emergencias, como lo son la SEDENA, la MARINA y la Cruz Roja Mexicana. Hoy mismo celebramos la llegada a Turquía de una Misión de Especialistas mexicanos en Búsqueda y Rescate, conformado por 150 elementos de las tres instituciones ya citadas, para coadyuvar en las acciones de auxilio a la población afectada por los sismos de 7.8 y 7.5 Grados registrados el pasado 6 de febrero en ese país.
Indistintamente de las características ideológicas y políticas de los servidores públicos, empresarios, ciudadanos y voluntarios involucrados en el Sistema Nacional de Protección Civil, desde sus distintos ámbitos, tienen la responsabilidad de implementar y dar vida a las leyes, reglamentos, normas y programas enfocados a la protección civil y la gestión integral del riesgo, ya que son las herramientas jurídicas, técnicas y administrativas disponibles para construir políticas públicas eficaces; pero, para que realmente funcionen y rindan los resultados que hagan más sostenible la vida en las ciudades y más resilientes a las personas y sus organizaciones, debe hacerse valer el carácter obligatorio y vinculatorio de todos estos ordenamientos.
Comprender el riesgo de desastre es fundamental, ya que no basta con saber que si llueve en exceso, en zonas bajas, lacustres, en pendiente o en las proximidades de un río, seguramente vendrá una inundación; sino conocer y atender las causas geográficas y de gestión territorial; así como los factores económicos y sociales que contribuyen al desbordamiento de un río o la inundación de una comunidad. La dinámica social, la actividad económica, los usos y costumbres y la movilidad son elementos que se soslayan del análisis y la prospección de obras de mitigación de riesgos y reconstrucción posterior a un desastre, principalmente; y son estos mismos factores, concatenados con los fallos técnicos y de planeación, los que hacen ineficientes las intervenciones, repitiéndose la condición de riesgo en el corto y mediano plazo. La sensibilización y comprensión de los factores que anteceden a los riesgos de desastre es la premisa fundamental para un buen diagnóstico. Recordemos la máxima de Kelvin: “No se puede mejorar lo que no se puede medir”.
Finalmente, cuando la planeación territorial, el respeto a las áreas naturales protegidas, la legalidad de los usos de suelo y límites de restricción de asentamientos de población en zonas de riesgo sean una realidad; cuando la proliferación de estaciones de despacho de Gasolinas y Estaciones de carburación en zonas habitacionales sean reguladas y limitadas; cuando el control, saneamiento y mantenimiento de presas, lagunas y ríos sean práctica común de manera periódica y coordinada; cuando los procesos de reconstrucción sean más eficaces y difundidos los procesos de transferencia del riesgo a través de instrumentos financieros transparentes y menos burocráticos, entre otros aspectos aún pendientes, entonces habremos comenzado a revertir el carácter preeminentemente reactivo del SINAPROC y allanado el camino hacia un país más resiliente. En tanto eso ocurre, no se olvide que el espacio más seguro es el que construimos juntos. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
