Por décadas, los migrantes mexicanos en Estados Unidos han sido considerados héroes económicos. Las remesas que envían sostienen comunidades enteras en el país que los expulsó. Pero en el nuevo capítulo de la llamada “cuarta transformación”, no sólo se les reconoce por su valor económico, sino por su potencial político. Esta nueva narrativa, impulsada desde el poder, los posiciona como ciudadanos a distancia y como actores estratégicos en una cruzada ideológica que parece no conocer fronteras.
Todo comenzó con una palabra: movilización. La presidenta Claudia Sheinbaum la utilizó tras la farsa de elección judicial, llamando a las bases de Morena y a la ciudadanía en general a “organizarse en defensa de la transformación”. A primera vista, el término suena inofensivo, casi democrático. Sin embargo, la historia latinoamericana está llena de ejemplos donde “movilizar” no significó participar, sino obedecer.
En este contexto, las palabras dejan de ser neutras. La “movilización” promovida desde el poder no es la misma que nace de la sociedad civil. Una cosa es protestar contra un régimen opresor y otra, muy distinta, responder al llamado del gobierno como si se tratara de un ejército ciudadano. Como advirtió El País en un editorial reciente, Sheinbaum se encuentra en una encrucijada: deberá decidir si será una estadista o una operadora del aparato político que hereda (El País, 11/06/2025).
Ese dilema se vuelve aún más complejo cuando la narrativa oficialista parece haber cruzado el Río Bravo. En los últimos días, ciudades como Los Ángeles y Chicago fueron escenario de manifestaciones protagonizadas por migrantes mexicanos. Las protestas estallaron tras operativos migratorios del ICE que dejaron más de 100 detenidos, entre ellos 42 connacionales (El País, 11/06/2025). Las pancartas, los mensajes en redes y los cánticos recordaban demasiado al discurso oficial de Morena: defensa del pueblo, rechazo a las élites, respaldo al proyecto de nación.
¿Casualidad? El gobierno mexicano lo niega. Luisa María Alcalde, presidenta del partido Morena, afirmó que ni la presidenta Sheinbaum ni el partido están detrás de estas expresiones. Sin embargo, las coincidencias preocupan. No porque los migrantes no tengan derecho a manifestarse —ese derecho es incuestionable—, sino porque la sincronía con la retórica presidencial sugiere algo más que empatía.
El problema de fondo no es sólo de forma, sino de intención. La diáspora mexicana en Estados Unidos ha sido históricamente desatendida por el Estado. Hoy, en cambio, parece ser incorporada a una lógica de lealtades políticas. No es nueva la idea de que el voto migrante puede inclinar la balanza electoral. Lo nuevo es que ese voto y esa voz comiencen a formar parte de una estrategia más amplia de legitimación transnacional. En otras palabras, los migrantes son llamados ahora no sólo a enviar dólares, sino también a amplificar consignas.
El resultado de esta estrategia ya es visible: disturbios en California, intervención de la Guardia Nacional, arrestos masivos y un toque de queda inédito en algunas zonas de Los Ángeles (Reuters, 09/06/2025). La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, incluso acusó a Sheinbaum de fomentar la agitación. Y aunque la propia presidenta Sheinbaum rechazó cualquier insinuación de violencia, el daño ya estaba hecho: la sospecha cruzó fronteras.
Lo que antes se consideraba un fenómeno interno —la polarización como táctica política— ahora se proyecta hacia el exterior. Y eso tiene consecuencias. No sólo pone en riesgo a los migrantes que enfrentan represión en Estados Unidos, sino que erosiona la confianza entre gobiernos. La narrativa binaria del oficialismo, que en México ha servido para consolidar el poder dividiendo a la población entre “el pueblo” y “los privilegiados”, comienza a generar fricciones diplomáticas.
Exportar la polarización no es una estrategia sostenible. La lealtad que se construye a través de la consigna es volátil. La movilización por consigna puede desbordarse en cualquier momento. Y lo más grave: convierte causas legítimas —como la defensa de los derechos migrantes— en instrumentos del conflicto ideológico.
Hoy, los migrantes mexicanos merecen algo más que ser usados como símbolos o voceros de un proyecto político. Merecen políticas reales que les garanticen derechos, representación y dignidad, tanto allá como aquí. No es responsabilidad de la diáspora sostener narrativas oficialistas. Es deber del Estado protegerlos, no exponerlos.
En una era donde la política se hace viral, las consecuencias también lo son. La división sembrada en México ya germina en otras tierras. Y cuando la polarización se convierte en exportación, el mundo deja de ser terreno fértil para ideas y redes de apoyo y se transforma en campo de batalla.
El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por el ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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