En el México contemporáneo se observa una tendencia persistente hacia el desmantelamiento de los contrapesos, resultado de décadas de transición democrática. No es un subproducto accidental de la gestión del grupo en el poder. Responde a una estrategia deliberada de recentralización del poder.
La autonomía de las instituciones clave ha sido vulnerada mediante tácticas que combinan la asfixia presupuestal, el nombramiento de perfiles con lealtad partidista probada, la carencia de conocimientos técnicos y la descalificación retórica desde la tribuna presidencial hacia los contrarios. Por ejemplo, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está subordinada al Ejecutivo; el Instituto Nacional Electoral ha sufrido recortes presupuestales y ataques a su legitimidad; el Poder Judicial, situación que cancela la división de poderes, ahora también está subordinado al Ejecutivo.
Un último ejemplo, y quizá el más grave, son las Fuerzas Armadas. Su lealtad, especialmente de los mandos superiores, ha sido garantizada mediante la entrega de proyectos estratégicos y altos presupuestos para militarizar muchos aspectos de la gestión pública que correspondían a los civiles. Gracias a esto se generaliza la opacidad, pues por “motivos de seguridad nacional” se reserva información vital que evitaría actos de corrupción. En síntesis, se han transformado en pilares de un sistema que algunos califican como una estructura donde el poder personal se impone sobre la norma.
A la captura de instituciones debemos sumar el uso de los programas sociales como un mecanismo para “secuestrar” al país mediante la manipulación de la necesidad económica. El presupuesto público no se utiliza para generar desarrollo sostenible, sino para consolidar una base electoral dependiente de las transferencias directas. Esta estrategia se complementa con una retórica que amenaza con la pérdida de estos apoyos si el partido en el poder es derrotado, lo que constituye una forma de clientelismo que socava la libertad política del electorado.
La práctica política del grupo en el poder exhibe soberbia y un rechazo sistemático a la autocrítica. Este patrón tiene un nombre conceptual: ausencia de humildad democrática. Una democracia verdaderamente saludable depende de lo que Albert Camus denominó “ejercicio social y político de la modestia”. La humildad (modestia) no es un rasgo de debilidad, sino una herramienta de conocimiento fundamental. Citando a Iris Murdoch, la humildad es el “respeto desinteresado por la realidad”. Un líder humilde (respetuoso) es aquel que reconoce que su visión es limitada y que la verdad no le pertenece exclusivamente.
La falta de humildad se traduce en un gobierno que se niega a reconocer el fracaso de sus estrategias de seguridad o salud, prefiriendo la construcción de una realidad alternativa basada en datos propios y descalificación de la evidencia externa. Un sistema político que no permite el fracaso, plantea Costica Bradatan en su obra Elogio del fracaso, es esencial para la condición humana y para el aprendizaje social; si un gobierno no deja espacio para la equivocación, se vuelve rígido y propenso a la corrupción interna, como lo vivimos ahora. La democracia surge precisamente de la humildad colectiva: el entendimiento de que nadie es inherentemente mejor que su vecino y que, por lo tanto, el poder debe ser compartido y vigilado.
La soberbia nubla la razón y opaca la inteligencia, un riesgo latente para cualquier grupo que ejerza el poder de manera absoluta. Cuando se apuesta por una gestión de improvisación elevada a rango de doctrina en lugar de un proyecto nacional coherente basado en diagnósticos técnicos, o cuando la presidenta se niega a invitar a un representante de otros poderes a actos oficiales, se envía un mensaje de rencor y pequeñez que contradice cualquier discurso desde la jefatura del Estado y debilita la cohesión nacional. A pesar de que la retórica oficial repite que “el poder es humildad”, en la práctica se observa una concepción del poder como privilegio y herramienta de castigo para los disidentes.
La verdadera humildad política exigiría un gobierno abierto y corresponsable, capaz de admitir que no tiene todas las soluciones y que necesita del respaldo ciudadano a sus acciones y no sólo de su aprobación electoral.
En el escenario que se ha construido desde hace por lo menos ocho años, nuestro futuro depende de la capacidad de reconciliarnos. Sin humildad democrática, quienes actualmente están en el poder han convertido este en un fin en sí mismo y repiten los errores de soberbia y corrupción que en el pasado llevaron a otros proyectos políticos a la ruina. Si buscamos alguna transformación, sólo será posible si construimos entre todos un marco de respeto desinteresado por la realidad, la pluralidad y la dignidad humana.
