La muerte de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre de 2025, no es un mero incidente en la estadística criminal. Es la previsible y trágica culminación de una política de seguridad fallida, y es un crimen de Estado por omisión. Manzo, el décimo alcalde asesinado durante el sexenio de Sheinbaum, es un mártir cívico cuya ejecución fue facilitada por la negligencia, el cinismo y el sesgo partidista de los gobiernos federal y estatal.
Carlos Manzo encarnó una figura de resistencia y humanismo. Se negó a ser cómplice de la simulación oficial. Desde su toma de posesión, en septiembre de 2024, su gestión se centró en denunciar públicamente la corrupción en la vida política de Michoacán, vinculada ampliamente con organizaciones delictivas, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios.
Su legado moral se resume en una declaración devastadora que desnuda la crisis de gobernanza: “No tengo miedo de morir, tengo miedo de ser cobarde y esconder la realidad de que el país está controlado por los narcos”. Esta declaración no fue un acto de bravura imprudente, sino un manifiesto político que señaló directamente a toda una clase gobernante que prefiere la connivencia y la opacidad antes que la verdad. Manzo sabía que su principal batalla era contra la cobardía institucional.
El alcalde no sólo desafió al narcotráfico, también confrontó abiertamente al poder político de su estado. En un video, recuperado tras su asesinato, se dirigió al gobernador de Michoacán acusándolo de corrupción y extorsión, y le advirtió: “Tendrá que pasar sobre mi cadáver” para continuar con sus prácticas. Esto lo convirtió en una amenaza política que la cúpula buscó neutralizar.
La traición a Carlos Manzo fue documentada y crónica. Tras la detención de René Belmonte, alias “El Rino” (jefe de plaza del CJNG), el 27 de agosto pasado, Manzo alertó sobre la gravedad del caso y solicitó urgentemente a Sheinbaum y al secretario de Seguridad un “código rojo” para reforzar la seguridad en Uruapan. La respuesta del gobierno federal, sin embargo, fue la retirada estratégica.
Apenas tres semanas antes de su ejecución, Manzo denunció públicamente el retiro del municipio de más de 200 elementos de la Guardia Nacional (GN). El alcalde advirtió que esta decisión dejaba a Uruapan “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”. Insistió en que el combate a estos grupos es competencia del fuero federal. Esta remoción, a pesar de la alerta de riesgo, crea un nexo causal irrefutable: la omisión federal no fue negligencia pasiva, sino una decisión política que facilitó el vacío de seguridad y, con él, la acción criminal.
La falta de apoyo se tradujo en burla por parte del gobierno estatal. En un episodio que ejemplifica el desdén oficial, el gobernador de Michoacán se mofó de la crisis de seguridad local durante una visita; cuestionó sarcásticamente al alcalde: “¿Cuántos abatidos lleva hoy?”, le preguntó. Este trato indigno y el retiro de la protección federal demuestran que la seguridad se administra con un sesgo partidista. Se ejerce la coerción política en lugar de garantizar, para todos los habitantes, el derecho constitucional a la seguridad, independientemente de la filiación del gobierno municipal.
El sacrificio de Manzo expone la crisis estructural que desmantela la soberanía municipal. Los presidentes municipales son el eslabón más vulnerable de la cadena democrática. Carecen de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para enfrentar al crimen organizado que, según análisis de expertos, se ha fragmentado y vuelto hiperlocal.
La vulnerabilidad se multiplica por un factor de impunidad masiva. En México, la probabilidad de que un crimen sea denunciado y esclarecido es de apenas 1.14%. Ante un sistema de justicia que garantiza impunidad en un 99% de los casos, la eliminación de un líder político opositor se convierte en un cálculo racional y de bajo riesgo para los grupos criminales. Esta impunidad no es un fallo operativo: es el pilar que permite que el narco se sienta cogobernante.
Mientras que el Estado es eficaz en retirar el apoyo a opositores y en criminalizar la protesta —como las amenazas o investigaciones contra jóvenes de la generación Z que convocan marchas por la seguridad—, su capacidad de inteligencia fracasa estrepitosamente en prevenir la ejecución de un alcalde que alertó públicamente sobre su riesgo.
El homicidio de Carlos Manzo es el epitafio de la política de seguridad centralizada y fallida. El desamparo a los presidentes municipales, los primeros en dar la cara frente a la delincuencia, exige una refundación federalista de la seguridad. Urge devolver recursos, inteligencia policial civil y capacidades a los municipios. La democracia en México morirá en el ámbito local si no se honra la valentía de Manzo con justicia y un inaplazable cambio radical de estrategia.
