El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF 2026) no es un mero instrumento contable. Es una declaración política que pretende consolidar un régimen de hegemonía política a costa de la viabilidad financiera y democrática. Bajo la retórica de “humanismo mexicano” y “austeridad republicana”, el decreto revela una realidad diametralmente opuesta: un gasto público inercial, financiado peligrosa y ampliamente con deuda, que sacrifica la inversión productiva y los servicios públicos, al tiempo que sostiene redes clientelares y una estructura militar-empresarial en expansión.
Comenzaría diciendo que el PEF 2026 se construye con cimientos de arena y marca la normalización del desequilibrio fiscal como herramienta de gobernabilidad. El gasto total de 10.2 billones de pesos es una cifra histórica, pero su financiamiento revela una fragilidad estructural que amenaza la estabilidad en el mediano plazo. En primer lugar, el déficit presupuestario (1.293 billones de pesos) es devastador. Implica que 13.6% de cada peso que el gobierno gastará no proviene de ingresos, sino de deuda que se orientará a pensiones no contributivas y costos operativos de empresas estatales ineficientes. Un déficit racional estaría entre 3.5 o 4% del PIB estimado.
Segundo, el pago de la deuda, que es de casi 1.3 billones de pesos, resulta asfixiante y escalofriante; supera por más de 474 mil millones el gasto de las tres secretarías más importantes. La promesa de bienestar se estrella contra la realidad de que cada peso pagado en intereses es un peso menos para medicamentos oncológicos, patrullas municipales o capacitación docente.
Tercero, el agujero negro de Pemex y CFE. Con el discurso vacío de soberanía energética, se proponen metas de balance financiero (263.4 mil millones de pesos para Pemex y 20.6 mil millones de pesos para CFE), resultando ilusorias si consideramos el gasto de deuda. Además, gran parte de la inversión energética sigue atrapada en la lógica de los combustibles fósiles.
Cuarto, la parálisis de la inversión pública es más que evidente: el mantenimiento de obras faraónicas a cambio del abandono de la infraestructura básica que sostiene la competitividad del país y la calidad de vida. Ya lo dijeron: en el ejercicio fiscal 2026 no se comprometerán nuevos proyectos de inversión (a los que se refiere el artículo 74 de la Constitución). Esto condena al sector de la construcción, uno de los mayores generadores de empleo y con mayor efecto multiplicador de la economía, a depender de obras menores o de terminar los proyectos arrastrados.
El Tren Maya exige subsidio para operar, recursos que son administrados por el Ejército. Frente a este despilfarro, la red carretera nacional ha sufrido recortes sistemáticos en mantenimiento durante los últimos siete años. Presupuestaron 27.7 mil millones que dan risa, dado el deterioro que presenta y que repercute en inseguridad (por asaltos y accidentes), así como en la inflación (por mayores costos logísticos). Los municipios seguirán desconectados por los baches y derrumbes, que ven limitadas sus posibilidades de desarrollo económico. La movilidad en el país, incluso entre poblaciones cercanas, es un desastre.
La militarización avanzará con la transferencia de recursos y funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Les asignarán más de 170.7 mil millones de pesos que no tienen relación con la defensa de la soberanía ni con el mantenimiento de la seguridad interior, sino con su nuevo papel de contratistas, administradores y empresarios del régimen.
He citado algunos ejemplos de lo malo que podemos esperar del PEF 2026. Sería muy extenso hablar de todos los aspectos, como la crisis de los derechos sociales: salud y seguridad; la asfixia del federalismo: castigo a estados y municipios por su dependencia del gasto federalizado; la insuficiencia para generar infraestructura; el ataque y desmantelamiento institucional; la venganza contra el Poder Judicial y el INE; la simulación en transparencia y anticorrupción; las becas y la calidad de la educación.
¿Cuál es entonces el camino a seguir para la sociedad pensante? La resistencia y construcción de la democracia deben impulsar varias acciones, como defender la verdad presupuestaria y desmontar el mito de la austeridad, porque la realidad es el derroche financiado por deuda. Necesitamos una alianza federalista real; los gobernadores y alcaldes de oposición deben exigir recursos suficientes. No declinar en la lucha férrea por recuperar el Poder Judicial y los órganos autónomos; crear fondos de la sociedad civil para suplir deficiencias que dejará el recorte en defensoría pública. Fiscalización ciudadana: ante la debilidad de las instancias gubernamentales, los ciudadanos deben convertirse en vigilantes de programas como “La Escuela es Nuestra” y “Salud Casa por Casa”, exigiendo reglas de cumplimiento y de operación. Y construir una agenda de futuro para presentar un presupuesto alternativo (“sombra”) que demuestre cómo podrían financiarse un sistema de salud universal, policías civiles dignas y una transición a energías verdes.
