La llegada de Delfina Gómez Álvarez a la gubernatura del Estado de México se proyectó como el fin de la época de los privilegios y el nacimiento de un gobierno con rostro humano. Sin embargo, transcurridos más de dos años, el análisis técnico, político y social revela una realidad diametralmente opuesta. Tenemos una entidad sumergida en el estancamiento económico, una crisis de seguridad que se agrava mientras crece la retórica de las “mesas de paz” y una gestión administrativa que ha priorizado la lealtad partidista sobre la eficiencia institucional.
El Estado de México representa el 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y es la segunda economía más grande de México. No obstante, bajo la administración de la 4T, la fuerza de la economía mexiquense ha comenzado a mostrar signos de agotamiento estructural. De acuerdo con los semáforos económicos estatales (del observatorio “México, ¿cómo vamos?”), existe un retroceso en productividad y una expansión descontrolada de la informalidad laboral.
La productividad laboral, entendida como la capacidad de generar valor por cada hora trabajada, es el cimiento de cualquier sociedad que aspire al progreso real y no meramente asistencial. En el Estado de México, los datos del tercer trimestre de 2025 muestran una tasa de crecimiento anualizada de la productividad de -0.1%. Esta cifra es devastadora. No perdamos de vista que los especialistas proponen 4.8% de crecimiento anual para lograr prosperidad sostenida.
La falta de inversión en infraestructura productiva, la ausencia de una política clara de fomento industrial y la incertidumbre jurídica para el capital privado han provocado que el estado deje de ser un polo de atracción de empresas de alta tecnología, refugiándose en el comercio de subsistencia.
Otro de los datos más alarmantes, proporcionados por “México, ¿cómo vamos?”, es que la informalidad laboral en el Estado de México ha escalado hasta el 57.2%. Esta cifra representa una exclusión social que priva al trabajador del derecho a una pensión digna, acceso a créditos para vivienda y protección a la salud, entre otros servicios sociales.
Este crecimiento de la informalidad bajo el gobierno de Morena es una contradicción flagrante a su discurso de “primero los pobres”. Al no generar condiciones para la formalización, el gobierno condena a millones de mexiquenses a la precariedad permanente. También impacta en un aumento de la pobreza laboral, ya que el 34% de los habitantes del estado no puede adquirir una canasta básica con los ingresos provenientes de su trabajo; en otras palabras, a pesar de tener un empleo, sus familias siguen siendo pobres.
En cuanto a seguridad, el robo de vehículos se ha convertido en una epidemia que despoja a las familias de su herramienta de trabajo y de su patrimonio acumulado por años. Según el Informe Nacional de Seguridad, el Estado de México concentra el 24.3% de todos los vehículos robados en el país; esta cifra es una bofetada a la estrategia de seguridad estatal. Aunque el Gobierno del Estado afirma que el robo de vehículos decreció 38.5% en 2025, la percepción ciudadana cuenta una historia muy distinta. La “cifra negra” de delitos no denunciados sigue siendo un obstáculo insalvable para la veracidad de los datos oficiales. Según la ENVIPE, el 93.2% de los delitos en la entidad no derivan en una carpeta de investigación.
El transporte público es otro escenario de terror ciudadano. Las quejas contra este servicio en el EdoMéx aumentaron 86% en el último año. Por otro lado, la extorsión ha dejado de ser un delito focalizado para convertirse en un sistema de tributación criminal. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en el oriente y centro del estado reportan ser víctimas de este flagelo, aunque el Gobierno del Estado anunció una reducción del 37.8%.
Encima de todo esto, este gobierno tiene las puertas cerradas. Las giras de trabajo y los eventos masivos no compensan la falta de resultados en servicios básicos. El desabasto de agua (por ejemplo, en Toluca y Ecatepec), la oscuridad en las calles y el estado deplorable de muchas vialidades han erosionado la confianza inicial en el actual gobierno.
Ante este panorama, la oposición tiene una gran oportunidad de recuperar espacios de representación popular en las elecciones de 2027. Los ciudadanos no buscan discursos ideológicos, sino soluciones prácticas a sus problemas más urgentes. Se antoja que viene un “voto antisistema” que en su momento favoreció a Morena. Hoy se gesta contra los actuales gobernantes debido a su incapacidad para solucionar las dificultades de las personas.
Los opositores tienen banderas que deben enarbolar, como el respeto a la ley, la protección del mérito y la creación de riqueza compartida. Frente al asistencialismo, que genera dependencia, la oposición debe proponer una economía social de mercado que integre a los informales y devuelva la productividad al EdoMéx. Los mexiquenses deberán demostrar que se merecen un gobierno que no sea solo discurso, sino acciones eficientes. No es cuestión de ideología, es de supervivencia. Se abre una ventana para que la oposición pueda presentar una alternativa de orden, progreso y respeto a la dignidad humana.
