En México, cada vez es más común que los conflictos legales se resuelvan sin llegar hasta el final de un juicio largo y complicado. Hoy en día, en muchos tribunales del país, se busca que las partes dialoguen y lleguen a un acuerdo por sí mismas. Esto permite ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional. Además, los acuerdos que se firman tienen el mismo valor que una sentencia dictada por un juez.
Sin embargo, no en todos los procesos existe esta posibilidad. Un ejemplo claro es el juicio de amparo. La ley que lo regula, publicada en 2013, no contempla la mediación como una forma de resolver este tipo de asuntos. Es decir, cuando una persona promueve un amparo, el camino prácticamente obligatorio es esperar a que el juez dicte una sentencia.
El juicio de amparo es un proceso muy especial. Se utiliza cuando una persona considera que una autoridad del Estado —ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial— ha violado sus derechos humanos. A diferencia de otros juicios, aquí normalmente un ciudadano enfrenta a una autoridad. Pero esta diferencia no debería ser un obstáculo para que también pueda existir la posibilidad de dialogar y llegar a un acuerdo.
Incorporar la mediación en el juicio de amparo no significa debilitar la protección de los derechos humanos. Al contrario, puede fortalecerla. Si la autoridad reconoce que cometió un error y está dispuesta a corregirlo de manera rápida, ¿por qué obligar a las partes a pasar por todo un proceso que puede durar meses o incluso años?
Permitir la mediación daría varias ventajas claras. Primero, ayudaría a reducir la enorme carga de trabajo que enfrentan los Juzgados de Distrito. Miles de amparos se tramitan cada año, y muchos podrían resolverse antes si existiera un espacio formal para el diálogo.
Segundo, las personas obtendrían una solución más rápida. Cuando alguien promueve un amparo, generalmente lo hace porque siente que sus derechos han sido afectados de manera urgente. Un acuerdo logrado mediante mediación puede reparar esa afectación en menos tiempo que una sentencia.
Tercero, los acuerdos suelen cumplirse con mayor disposición. Cuando ambas partes participan en la construcción de la solución, existe un mayor compromiso para respetarla. No es lo mismo obedecer una orden impuesta que cumplir un acuerdo que uno mismo ayudó a construir.
Además, la Constitución mexicana, en su artículo 17, establece que la justicia debe ser pronta y efectiva. Si ya existen mecanismos que permiten resolver conflictos de manera más rápida y eficiente en otras materias, no hay razón para que el juicio de amparo quede fuera de esa evolución.
El amparo nació para proteger derechos. Incorporar la mediación no cambiaría su esencia, sino que podría hacerlo más accesible, más humano y más ágil. En lugar de ver al juicio como una batalla obligatoria que solo termina con una sentencia, podríamos verlo también como una oportunidad para corregir errores mediante el diálogo y la responsabilidad compartida.
La justicia no siempre tiene que ser un enfrentamiento. A veces, puede ser un acuerdo.
En colaboración con Juan José Pulido Rogel.
