El escenario político de América Latina se sacudió con la captura de Nicolás Maduro, que marcó un hito que trascendió la simple (posible) caída de un régimen autoritario. Representa, probablemente, la instauración de una nueva doctrina de intervención basada en la criminalización del Estado por vínculos con el narcoterrorismo. Observamos que la soberanía de un Estado se pierde cuando se convierte en facilitador, a través del tráfico de drogas, de la muerte de personas en otro país. Una lógica que puede aplicarse a la realidad mexicana.
La mayoría de las democracias occidentales han mantenido un silencio que implica aprobación de facto a la captura del usurpador o han expresado su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Solo naciones con vínculos estrechos con el socialismo del siglo XXI, como Cuba y Colombia, han condenado esta operación. México, bajo el gobierno de Morena, se encuentra en una posición ambivalente y peligrosa. Por un lado, no reconoció completamente a Maduro como jefe de Estado legítimo en periodos recientes. Por otro, su retórica se asemeja a la de los regímenes que hoy ven cómo la justicia estadounidense ignora fronteras en nombre de su seguridad nacional.
Trump ha declarado sobre la significativa reducción del tráfico marítimo de estupefacientes y manifestó que el siguiente paso lógico es el combate terrestre contra los cárteles mexicanos. Esta declaración no debe tomarse como una simple hipérbole de campaña o amenaza vacía. Estados Unidos ha señalado que ha perdido entre 250 mil y 300 mil vidas debido al consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas provenientes de México. Parece ser el casus belli del siglo XXI. Aunque debería verse como un problema de salud pública, es también una amenaza existencial que permite aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, al haber declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En los estadounidenses predomina la percepción de que los cárteles poseen el control efectivo del Estado mexicano y son una amenaza unilateral a su seguridad por sus posibles ataques terrestres que no tendrían sanciones del gobierno mexicano. De hecho, la impresión que predomina es que el 13 % de la población mexicana vive bajo algún tipo de “gobernabilidad criminal”, donde la línea entre el gobierno y el crimen es borrosa.
En contraste, el oficialismo mexicano ha activado una maquinaria de propaganda centrada en la “defensa de la soberanía”. En redes sociales, los funcionarios públicos han expresado su disposición a “dar la lucha por el territorio”, utilizando un lenguaje nacionalista que no admite que millones de mexicanos han perdido su territorio en manos de la delincuencia. Ante esto, el gobierno prefiere guardar silencio o minimizar la invasión diaria de grupos armados a comunidades donde se imponen toques de queda y se controla la economía local.
Además, el afán del gobierno mexicano de mostrar fuerza puede radicalizar su postura interna, limitando aún más las libertades civiles, bajo el pretexto de la seguridad nacional y la soberanía. El grave deterioro del Estado de derecho en México quizá sea el síntoma más alarmante para cualquier observador democrático. Los mejores ejemplos son la captura de instituciones por parte de redes financieras ilícitas y la colusión de funcionarios públicos que han creado un ecosistema donde la impunidad es la regla.
Ante esta, por demás dolorosa, situación, los mexicanos deberíamos preocuparnos por estar atrapados entre dos fuegos: la ambición imperialista de la administración estadounidense y los gobiernos (nacional, estatales, municipales) debilitados en sus capacidades institucionales de defensa legal y política. En el contexto de la polarización y la amenaza externa, para un ciudadano demócrata es recomendable adoptar una postura de escepticismo saludable y participación proactiva. Mantenerse al margen de las “cuestiones políticas” no significa ser indiferente, sino evitar ser carne de cañón para las agendas de poder de ambos lados de la frontera.
La desinformación es la principal arma del conflicto. El uso de bots y la manipulación de narrativas por parte de un régimen en crisis son tácticas que se replicarán en México. Es buena idea suscribirse a boletines de organismos internacionales; identificar “cámaras de eco”, es decir, cuando X o Facebook limitan la visión del conflicto a una sola postura ideológica; finalmente, alcanzar la “alfabetización mediática”, esto es, no compartir información sin verificar el origen. Recuerde que la manipulación está basada en el miedo y el odio. La principal arma de los ciudadanos es la información comprobada y la negativa a ser instrumentos de agendas ajenas.
