El país se encuentra en un punto de inflexión con una significativa erosión institucional, impulsada por un proyecto político que prioriza la concentración del poder sobre el equilibrio democrático. Y, peor aún, en este fenómeno converge la criminalidad transnacional, que ha logrado niveles de infiltración estatal sin precedentes. Este peligroso espacio se llama anocracia: un régimen híbrido e incoherente, punto medio inestable entre una democracia plena y una autocracia consolidada. Representa el vacío institucional, la ausencia de contenido real y de capacidad operativa.
El análisis del estado de derecho en México no puede desvincularse de la tendencia global identificada por el World Justice Project (WJP) en su informe 2025. Se observa una desaceleración del estado de derecho a nivel mundial, con un 68 % de los países experimentando retrocesos significativos. Nuestro país se posiciona como uno de los casos más alarmantes de degradación institucional. Nuestra puntuación disminuyó en 2.8 % en el último año, situándonos en la posición 121 de 143 países en el ámbito global.
Esta caída es el resultado directo de una expansión de tendencias autoritarias que han debilitado los límites al poder gubernamental y han reducido el espacio cívico. En los factores que intervienen en este aspecto comparativo de 143 países, en ausencia de corrupción ocupamos el lugar 134; en justicia penal, 135; en justicia civil, 134; en orden y seguridad, 132; límites al poder gubernamental, 108; derechos fundamentales, 95; cumplimiento regulatorio, 113, y gobierno abierto, 54. En casi todos estos rubros estamos en los últimos lugares.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 sitúa a México, con una puntuación de 7.68, en la tercera posición mundial en cuanto a nivel de criminalidad. Este dato es devastador para la narrativa oficial que defiende una estrategia de pacificación basada en la atención de las causas sociales. México es el epicentro de mercados ilícitos, destacando el tráfico de drogas sintéticas, la extorsión y el tráfico de armas, con puntuaciones máximas de 9 y 10 en una escala de 1 a 10.
La gravedad no solo la define el nivel de criminalidad, sino la transformación de los actores implicados. El Índice identifica a los “actores involucrados en el Estado” como el componente más influyente en la arquitectura criminal del país. La distinción entre gobierno y organizaciones criminales se ha vuelto borrosa en múltiples niveles de la administración pública, como el “huachicol fiscal” (contrabando de combustible), la extorsión y el tráfico de personas.
El Informe sobre la Democracia 2025, del instituto V-Dem, advierte que México se encamina hacia una “autocracia electoral”, donde la tendencia global de autocratización se mantiene debido al control institucional y la censura de medios, con la pérdida de la libertad de expresión y los ataques sistemáticos a la sociedad civil. En la anocracia, los factores de riesgo para el colapso institucional incluyen que la política deje de ser una disputa de ideas y se convierta en un enfrentamiento de identidades (nosotros contra ellos). La polarización extrema, alimentada por el discurso oficial, transforma a los adversarios políticos en enemigos existenciales y se incrementa la propensión a revueltas civiles. La erosión de los límites al Ejecutivo, con la eliminación de los órganos autónomos y la captura del Poder Judicial, ha eliminado los frenos necesarios para evitar abusos del poder. El surgimiento de líderes que manipulan el miedo y el resentimiento para consolidar su base de apoyo acelera la desintegración de la convivencia.
La sociedad civil tiene la palabra. No deberíamos cruzarnos de brazos. Deberíamos trabajar en el fortalecimiento de espacios cívicos para el diálogo y la supervisión gubernamental. Apostar por la denuncia de los abusos del poder y la infiltración criminal, muy a pesar de las presiones del Estado. Supervisar la independencia de la justicia; ante la elección popular de jueces, los ciudadanos debemos organizar observatorios independientes para vigilar que estos procesos no sean capturados por el crimen organizado o intereses partidistas. Insistir en la reconstrucción del tejido social desde lo local, revitalizar los consejos ciudadanos de seguridad y el trabajo coordinado en barrios y colonias. Como he planteado en otros textos, la resistencia civil no violenta nos permitiría ejercer nuestro derecho de protesta y manifestación de manera contundente, pero pacífica, sin caer en provocaciones. También debemos exigir un nuevo pacto fiscal y social. Es urgente recuperar la transparencia en el ejercicio del gasto público y redirigir recursos hacia la seguridad ciudadana, especialmente a las policías locales.
