Para imaginar ciudades y territorios en donde se pueda vivir mejor, no hace falta seguir repitiendo seductoras frases como: “Lujoso loft en zona exclusiva”; “Descubre un nuevo modo de vida”; “Hermosos departamentos tipo europeo a 20 minutos de la ciudad”. ¿Cuál sería un verdadero argumento para vivir mejor en los próximos 25 años?
¿Dónde realizar una inversión económica con un horizonte de crecimiento de 50 años, cuyo proyecto inicial permita prever, evaluar y proyectar escenarios posibles, considerando el ámbito local, regional y situacional del espacio físico que se ocupa y del territorio inmediato (la manzana o fraccionamiento); las condiciones próximas de convivencia social (el barrio y la colonia) y la gobernanza local (el municipio)?
¿Dónde comprar una casa, un terreno o un lote comercial para vivir, construir o poner un pequeño negocio, respectivamente? ¿Se tendrían que considerar los mismos aspectos y tomar las mismas precauciones que un gran inversionista? ¡Claro que sí! Los fenómenos perturbadores que amenazan a la sociedad impactan igualmente a ambos propósitos. Desde luego, los efectos, consecuencias y maneras de enfrentarlos son diferentes, pero el impacto es imparcial y homogéneo, según las características y magnitud del riesgo a enfrentar.
La principal preocupación es la de arriesgar el patrimonio, la seguridad, el bienestar propio y de quienes les rodean y, por supuesto, la vida. En este orden de ideas, ¿qué papel juegan quienes no arriesgan nada? ¿Quiénes viven en otro lugar, pero ocupan un espacio laboral, comercial, académico y de servicio en un territorio que no asumen como “suyo”, pero donde igual comen, se transportan, se despojan de desechos y conviven por largas horas?
Quienes intervienen en el territorio de manera económica, política, social y cultural, sin ser inversionistas, contribuyentes, socios ni vecinos, pero que participan en el día a día junto a la Población Económicamente Activa, y cuya intervención tiene consecuencias y relevancia en la toma de decisiones de quienes contribuyen formalmente y habitan esos espacios, tienen un papel importantísimo, una función dentro de la economía y un rol social fundamental.
Su quehacer importa. La economía informal, los servicios emergentes que se proveen en zonas de transición, el transporte público, los emprendedores, los estudiantes, los empleados públicos y privados, los vendedores ambulantes, franeleros, los puestos de comida, etcétera. ¿Todos estos segmentos poblacionales será que no tienen nada que arriesgar y, por eso, su participación en la economía y en la construcción de riesgos no es atendida, medida o regulada? ¿En las políticas públicas de desarrollo económico, de gestión territorial, urbana, ambiental y de protección civil, qué relevancia tienen estos actores y sus prácticas?
¿Qué herramientas se tienen disponibles para identificar, registrar, medir, evaluar y controlar el quehacer de estos actores emergentes, subyacentes y transitorios —regulares e irregulares— que impactan en todas las actividades económicas, sociales y políticas dentro del territorio? ¿Cómo las emparentamos con las actividades regulares, formales, ordinarias y legales para identificar sus impactos?
La sobrepoblación, la delincuencia, el comercio informal, la transgresión de los usos de suelo, la violencia, la drogadicción, el alcoholismo, la deserción escolar, etcétera, son fenómenos que están presentes, pero no se consideran a la hora de desarrollar proyectos de negocio y de vida. ¿Por qué? Porque son invisibles formalmente para la toma de decisiones: no están en los padrones, en la estadística ni en los factores a considerar para invertir y vivir. Sin embargo, ahí están y, en la medida en que sean reconocidos, junto con otros aspectos que tienen relación transversal con la economía, la política, la seguridad y la gobernanza, las cosas comenzarán a cambiar. Error de enfoque, limitación de miras y doble moral.
La definición más básica de “sostenibilidad” se refiere al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones; de igual manera, el concepto “sustentable”, según el programa de la UNESCO, busca equilibrar las dimensiones ecológica, social, económica y política. Se basa en la conservación de recursos, la equidad, el desarrollo ético y la democracia. Si a eso aspiramos, debemos incluir en los análisis prospectivos y en la toma de decisiones todo aquello que ocurre en los márgenes sociales y se escapa de lo políticamente correcto. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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