En "La lotería de Babilonia", Jorge Luis Borges imaginó una ciudad gobernada por el azar: una Compañía secreta decidía, mediante sorteos que nadie podía verificar, quién ascendía a un cargo público y quién era condenado, quién se casaba y quién moría. El relato no es, como suele leerse, una fábula sobre el destino, sino una fábula sobre el poder: Babilonia funcionaba porque sus habitantes habían aprendido a no exigir explicaciones. La opacidad, sugiere Borges con esa ironía que atraviesa toda su obra, no era un defecto del sistema, sino su fundamento. Setenta y tantos años después de que ese cuento se publicara, leo la crónica de miles de jóvenes mexicanos que aguardan bajo el sol de Ciudad Universitaria una explicación que nadie les ha dado, y confieso que me cuesta trabajo no releerlo con otro nombre: el de un algoritmo.
Karely Ramírez sostiene un paraguas —no contra la lluvia, sino contra un mediodía de agosto implacable— frente a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene dieciocho años, aspira a Medicina y, junto a su nombre, apareció una letra: C, de cancelado. Nadie le dijo por qué. "Fui muy cuidadosa de no hacer ruido, ni nada raro, por miedo", cuenta. Ese miedo —a un sistema que vigila sin nunca dar cuentas de lo que vigila— es, a mi juicio, la clave verdadera de la crisis que hoy sacude a la máxima casa de estudios del país. No es solamente un escándalo de fraude. Es la exhibición pública de una manera de gobernar las instituciones académicas que confunde autonomía con opacidad, y opacidad con impunidad.
Fui rector de una universidad pública. Sé, porque lo viví en carne propia durante los años en que me correspondió conducir a la Universidad Autónoma del Estado de México, que ningún acto de gobierno universitario pesa tanto como el que decide quién entra a las aulas y quién se queda fuera de ellas. El examen de admisión no es un trámite: es, para buena parte de la juventud mexicana, la frontera exacta entre la movilidad social y su ausencia, entre un futuro que se abre y otro que se clausura. Cuando esa frontera se administra con negligencia, no se daña un proceso administrativo: se daña, literalmente, el proyecto de vida de decenas de miles de familias.
Vale la pena recordar de dónde viene esa frontera. La autonomía universitaria en México no fue una dádiva del poder político: fue una conquista arrancada tras las huelgas de 1929, cuando estudiantes y profesores exigieron que la universidad se gobernara a sí misma, libre de la injerencia gubernamental. Justo Sierra había definido ya, décadas antes, la vocación de la institución: estudiar los problemas y necesidades de México y contribuir a resolverlos. Esa vocación exige, como condición mínima, que el instrumento que decide el ingreso a la universidad —el examen— sea intachable. No perfecto: intachable. Porque de su limpieza depende algo que trasciende lo académico: la confianza de un país entero en que el mérito, y no la trampa ni el privilegio, abre las puertas del conocimiento.
Lo ocurrido este verano contradice esa exigencia mínima. Más de 158.000 aspirantes presentaron, por primera vez en la historia de la UNAM, un examen de admisión completamente en línea, aplicado por una empresa privada contratada por adjudicación directa, sin que mediara un proceso de licitación pública ni una auditoría técnica independiente y previa. El resultado, cuando se publicó el 17 de julio, fue estadísticamente inverosímil: el porcentaje de aspirantes con cien aciertos o más se multiplicó por cinco respecto del promedio de los cuatro años anteriores; el de quienes rebasaron los ciento diez aciertos se multiplicó por seis. Ningún estadístico serio necesita más que esas dos cifras para sospechar que algo se rompió, y no precisamente en el talento de una generación que, de la noche a la mañana, no se volvió más brillante que las anteriores.
Michel Foucault enseñó que todo dispositivo de vigilancia contiene, en su propio diseño, la semilla de su reverso: el ojo que observa a todos también puede ser burlado por quien aprende sus puntos ciegos. Doce candados digitales —navegador restringido, validación de identidad, grabación del entorno— se anunciaron como garantía de limpieza. Doce candados fueron insuficientes frente a quienes, con inteligencia artificial de por medio, encontraron la grieta. Pero el problema no es solamente tecnológico: universidades hermanas, como la Universidad Autónoma Metropolitana, aplicaron exámenes en línea con doble dispositivo de verificación simultánea y no reportaron anomalías comparables. La lección es incómoda pero ineludible: no fue la inteligencia artificial la que falló primero. Fue el diseño institucional que confió en un solo proveedor, con un solo mecanismo, sin plan de contingencia, para decidir el destino de casi 22.000 lugares.
Y aquí llega la pregunta que ninguna comisión de dieciséis expertos puede eludir, porque no es técnica sino política: ¿qué hizo la autoridad universitaria entre el 10 de junio, fecha en que la propia UNAM reconoció un primer millar de casos irregulares, y el 17 de julio, cuando decidió publicar resultados que ya para entonces despertaban toda sospecha razonable? La publicación de resultados de un examen de esa envergadura no ocurre por generación espontánea: requiere la firma de la Secretaría General. Alguien autorizó divulgar un proceso que arrastraba señales de alarma desde semanas atrás. La sustitución posterior de quien ocupaba esa secretaría, sin que se explique públicamente su responsabilidad ni se deslinden las demás, no es rendición de cuentas: es, en el mejor de los casos, una disculpa incompleta; en el peor, un chivo expiatorio que exime de examen al resto de la cadena de mando.
Jorge Carpizo, el gran constitucionalista y primer ombudsperson de este país, sostuvo que la autonomía universitaria tiene su fundamento en que la cultura solo puede desarrollarse en el ámbito de la libertad. Pero conviene no olvidar la otra mitad de esa ecuación, la que rara vez se cita: no existe libertad institucional sin responsabilidad institucional. La autonomía protege a la universidad de la injerencia externa; no protege a sus autoridades de responder, con nombre y apellido, ante su propia comunidad y ante el país que la sostiene con sus impuestos. Confundir una cosa con la otra —blindar el cargo en lugar de blindar la institución— es la corrupción más silenciosa y más extendida del gobierno universitario mexicano. Se disfraza de respeto a la autonomía lo que, en realidad, es apenas la comodidad de no rendir cuentas.
La historia reciente de la educación superior mexicana enseña que ningún vacío de autoridad permanece vacío por mucho tiempo. Cuando una institución tarda en explicarse a sí misma, otros se apresuran a explicarla por ella, casi siempre con intereses ajenos al conocimiento. Grupos políticos de distinto signo han mirado siempre con apetito los presupuestos, la matrícula y el prestigio simbólico de la UNAM; no hace falta nombrarlos para reconocer el patrón. La opacidad no protege a la universidad de esa amenaza: la alimenta. Toda demora en aclarar los hechos es, en los términos más crudos, una invitación abierta a que la politización externa llene el silencio institucional. La transparencia, contra lo que suele creerse dentro de los pasillos rectorales, no es el enemigo de la autonomía: es su mejor defensa, porque le quita al oportunismo político la materia prima con la que siempre ha crecido: la sospecha no resuelta.
Porque lo que está en juego, debajo del ruido administrativo, es un catálogo de derechos que nuestra Constitución no deja a discreción de ninguna autoridad universitaria. El artículo 3° reconoce el derecho a la educación como un derecho humano, no como una concesión graciosa sujeta al buen funcionamiento de una plataforma privada. El principio de presunción de inocencia, aplicado aquí por analogía elemental de justicia, exige que nadie cargue con la letra C de "cancelado" sin que se le explique el motivo ni se le ofrezca la oportunidad de defenderse. Cancelar un examen sin fundamentación es, en los hechos, imponer una sanción —la más severa que puede sufrir un aspirante— sin el debido proceso que hasta el derecho administrativo más elemental exige. Cuando una institución pública trata a sus futuros estudiantes como sospechosos por default, mientras protege con silencio a quienes debieron auditar el sistema desde el primer indicio, invierte el orden moral que debería regir cualquier proceso de acceso a un derecho fundamental.
Hay, además, una dimensión de justicia social que no puede pasarse por alto. Trasladar el examen a una plataforma digital se presentó como una medida incluyente, pensada para los aspirantes de otros Estados o del extranjero que ya no tendrían que trasladarse a la capital. La intención pudo ser genuina. Pero toda digitalización de un proceso de Estado que no considere la desigualdad de infraestructura —el ancho de banda, el dispositivo, el espacio silencioso para presentar un examen de tres horas sin interrupciones— termina, paradójicamente, castigando más a quien menos tiene. La inclusión que no se acompaña de equidad técnica es, en el mejor de los casos, una buena intención mal ejecutada; en el peor, una nueva forma de exclusión con vocabulario de vanguardia.
Durante mi gestión al frente de la Autónoma del Estado de México aprendí que ningún protocolo de admisión, por sofisticado que sea, sustituye la responsabilidad personal de quien firma su publicación. Revisar cada alerta antes de dar a conocer un resultado no es un exceso de cautela: es el mínimo exigible cuando se administra el futuro de decenas de miles de jóvenes con el sello de una institución pública. Quien gobierna una universidad no puede refugiarse en la firma técnica de un subordinado ni en la promesa comercial de un proveedor externo. La responsabilidad de origen —la de autorizar, revisar y, si hace falta, detener un proceso viciado— no se delega. Se ejerce, o se traiciona.
No es un dato menor el costo emocional que documentan los propios aspirantes: meses de desvelo, cursos que absorbieron los ahorros familiares, la angustia de quien, como confesó Osmir Morán en su testimonio a la prensa, sabe que en la carrera de Medicina "un acierto puede cambiarlo todo". Ese desgaste —humano, económico, psicológico— no figura en ningún acta de comisión, pero debería pesar tanto como cualquier estadística. Una universidad pública tiene la obligación ética, no solo administrativa, de tratar ese sacrificio con el respeto que merece. La dignidad de un aspirante no se restituye con un boletín de prensa ni con la promesa de aplicar "a la brevedad posible" un examen de control: se restituye con verdad, con explicación puntual y con un mecanismo real de apelación para quienes, como Karely, insisten en que merecen defender su resultado.
Por eso, y lo digo sin ambages porque conozco el peso de gobernar una universidad pública, la solución que anunció la comisión de dieciséis expertos —repetir el examen de forma presencial para quienes obtuvieron puntajes atípicos— es necesaria pero insuficiente si no viene acompañada de tres gestos que hasta ahora han faltado. Primero, una auditoría externa e independiente del contrato con la empresa proveedora de la plataforma, que incluya el desglose completo de su costo y de las cláusulas de responsabilidad que, se supone, debieron proteger a la Universidad de un fallo de esta magnitud. Segundo, la explicación pública, cronológica y documentada de cada decisión tomada entre el 10 de junio y el 17 de julio, sin la cual la salida de una funcionaria aislada se lee como sacrificio y no como justicia. Tercero, un mecanismo de apelación individual, con plazos y criterios claros, para los aspirantes cuyos exámenes fueron cancelados sin motivación, porque ningún proceso de Estado puede sostenerse sobre sanciones que no se explican.
Borges cerraba su cuento de Babilonia con una duda deliberada: quizás la Compañía nunca existió, quizás siempre fue el azar puro el que gobernaba, y la creencia en un poder oculto era, en sí misma, la verdadera lotería. Esa incertidumbre podía sostener una ciudad de ficción. No puede sostener a una universidad pública, que existe precisamente para lo contrario de lo que Babilonia representaba: para que la razón, verificable y compartida, prevalezca sobre el rumor y el azar. Karely Ramírez sigue bajo su paraguas, esperando una respuesta que hasta hoy no ha recibido. Mientras la Universidad Nacional Autónoma de México no se la dé, con nombres, con fechas y con responsables, seguirá debiéndole algo más grave que un lugar en Medicina: le seguirá debiendo la certeza de que el mérito, y no el algoritmo ni el silencio, es lo que abre las puertas de la casa de estudios más importante de este país. La autonomía se ganó en las calles hace casi un siglo para que la universidad respondiera solo ante sí misma. Que no se convierta, cien años después, en la excusa perfecta para no responder ante nadie.
