Toluca/México
Por violación al debido procesos e inconsistencias en las acusaciones, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero busca la amnistía de 30 personas acusadas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, informó Antonio Lara Duque, coordinador general.
En entrevista, indicó que, entre los 30 asuntos, hay casos de indígenas que no recibieron asesoría de un traductor, quienes están aprendiendo español dentro del penal donde se encuentran y que en su proceso judicial no hubo peritaje, testigos, ni declaración de la víctima, o el juez admitió como prueba la declaración de culpabilidad del imputado.
Abundó que, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), dieron seguimiento a estos expedientes, que forman parte de un universo de 500 que tienen documentados y en los que encontraron coincidencias como violaciones al debido proceso, por ejemplo, el acusado fue aprehendido por su aspecto, lo mantuvieron incomunicado entre tres días o un mes, además, en su mayoría son jóvenes de 18 a 30 años, de piel morena, estrato social “humilde” y con escolaridad media, en promedio, de primero de secundaria. Asimismo, precisó que, el 90 por ciento de los casos son hombres recluidos en los penales de Almoloya de Juárez, Barrientos en Tlalnepantla y Neza - Bordo.
“También, los Ministerios Públicos y policías ministeriales suelen sustentar el delito sin pruebas, porque en el país y la entidad no existe una investigación criminal científica, técnica y objetiva, es decir, presentar huellas digitales, actos de criminalística, balística, exámenes ginecológicos, fotografías, videos o ADN. Eso sólo es en el mundo de las películas”, lamentó.
En este sentido, indicó que el pasado 8 de marzo acudieron al Poder Judicial estatal a ingresar estas primeras solicitudes y recordó que hay varias vías de liberación por amnistía, como la directa, basta solicitarla ante el juez competente por delitos menores, cuando el acusado cumple con las características que desembocan en la libertad.
También, por robo con violencia, siempre que no haya sido imputada el arma de fuego y no tener antecedentes penales. En este punto, informó que según datos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense hay cerca de 5 mil personas y se trata de casos de jóvenes acusados de cometer el delito con un arma blanca, robos que no rebasan los 8 mil 100 pesos.
Finalmente, los casos donde necesitan la intervención de un organismo defensor de derechos humanos, la cual podría llegar hasta 7 mil personas privadas de la libertad en los 22 centros penitenciarios de la entidad.
Es preciso recordar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Ricardo Sodi Cuellar, informó que de acuerdo al mapeo que realizaron, hasta 3 mil personas privadas de la libertad podrían recuperar su libertad a través de la Ley de Amnistía.
