Toluca/Estado de México
El próximo 23 de agosto el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México lanzará las convocatorias para el estudio integral del Código Penal de la entidad, informó el magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar.
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Durante la Ceremonia del Día de la Abogada y el Abogado en el Aula Magna de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Sodi Cuellar indicó que están en proceso de construcción de un nuevo Código Penal.
"Debemos repensar la Política Criminal del Estado de México, reflexionar desde esta sede universitaria, desde el Poder Judicial".
Ante el rector de la UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz, dijo que con el apoyo de la Facultad de Derecho podrán generar grupos de trabajo para hacer un proceso de repensamiento del Código Penal actual y adelgazarlo, hacerlo más esbelto y generar una política criminal más adecuada.
Asimismo, tras recibir un reconocimiento por su labor en la abogacía, el titular del TSJEM consideró que la política criminal que hasta ahora han seguido es equivocada ya que "incrementar las penas desproporcionalmente solo incrementa la violencia y no inhibe el delito".
A lo anterior, añadió que otro error, es querer emitir todo en Leyes Generales y con ello, pretender romper el esquema federal pues "intentan romper la esencia de la Codificación Central en materia penal".
"No hay que federalizar los códigos penales, de ninguna manera porque somos una Federación y cada entidad federativa en el ejercicio de su autonomía tiene que definir y poder definir su política criminal".
Ante lo anterior, pidió que en el Estado de México reflexionen desde una perspectiva sería, jurídica, universitaria y reflexiva en favor del bienestar de la entidad para fijar una política criminal adecuada e incorporar figuras que el procedimiento penal ha dejado a un lado, reforzar la administración de justicia penal en el Estado de México y reforzar el ejercicio de la autonomía de las entidades federativas.
En su oportunidad, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, llamó a las y los juristas a continuar con el desempeño de su función con compromiso social y ética, profesionistas clave en la resolución pacífica de conflictos individuales y colectivos.
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