Toluca/Estado de México
Reforma en Edoméx: combatir la impunidad y reforzar la justicia
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura local presentó este miércoles dos iniciativas en materia de seguridad y justicia, orientadas a combatir la impunidad y fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
El coordinador de la bancada, Elías Rescala Jiménez, destacó que ambas propuestas forman parte de una agenda integral que el PRI impulsa para restablecer la confianza en las instituciones y reducir los niveles de impunidad en el Estado de México.
“Buscamos que la gente vuelva a confiar en la justicia, que haya ministerios públicos con recursos, policías capacitados y víctimas que se sientan protegidas al denunciar”, señaló.
Presupuesto fijo para fortalecer a la FGJEM
La diputada Lilia Urbina Salazar, explicó que su propuesta busca reformar el marco legal estatal para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cuente con un presupuesto mínimo e irreductible equivalente al 2% de los ingresos ordinarios del Estado, con el objetivo de asegurar su operación y fortalecer su capacidad para investigar y sancionar delitos.
Señaló que nueve de cada diez delitos en el Estado de México quedan impunes, debido a la falta de recursos humanos y financieros para atender las investigaciones.
“Reducir la impunidad es reducir el dolor de las víctimas, y para lograrlo necesitamos una Fiscalía fuerte, con personal suficiente y estabilidad presupuestal”.
Agregó que con esta reforma la Fiscalía habría contado en 2025 con más de dos mil millones de pesos adicionales, lo que permitiría contratar más ministerios públicos, mejorar la atención a víctimas y garantizar investigaciones sólidas.
“La seguridad y la justicia no pueden depender de un presupuesto sobrante; lo que proponemos es que la Fiscalía tenga asegurados los recursos necesarios para investigar, contratar más ministerios públicos, capacitar mejor a su personal y atender mejor a las víctimas”.

Fiscalía Especializada en Combate a la Extorsión
Por su parte, el diputado Mariano Camacho San Martín presentó una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Combate a la Extorsión, que investigue, persiga y judicialice exclusivamente los delitos relacionados con el “cobro de piso”, así como unidades especializadas en seguridad pública en cada municipio.
El legislador explicó que este delito se ha convertido en una de las principales amenazas para las familias trabajadoras, transportistas y comerciantes mexiquenses.
“La extorsión ha robado la tranquilidad de miles de hogares y ha vulnerado la economía local; por eso, proponemos una instancia que actúe con protocolos especializados y atención digna a las víctimas”, expuso.
Camacho San Martín indicó que entre 2010 y 2023 se cometieron 22.6 millones de extorsiones en el país, pero sólo 102 mil 791 casos fueron registrados oficialmente, lo que refleja una cifra negra superior al 99%.
La reforma plantea que el delito se persiga de oficio, es decir, que las autoridades actúen incluso si las víctimas no presentan denuncia.
Unidades municipales especializadas operarían en coordinación con la UMS
Además, se plantea que las unidades municipales de combate a la extorsión deberán estar integradas por personal capacitado y evaluado, en coordinación con la Universidad Mexiquense de Seguridad, para garantizar resultados efectivos y atención confidencial a las víctimas.
Datos
- ¿En qué consisten las iniciativas del PRI en Edoméx?
Buscan garantizar un presupuesto fijo para la Fiscalía y crear unidades especializadas contra la extorsión, fortaleciendo la seguridad y la justicia. - ¿Cómo impactará a los ciudadanos la creación de estas unidades especializadas?
Permitirá atención confidencial y profesional a las víctimas, agilizar la investigación de delitos y mejorar la seguridad en municipios del Estado de México. - ¿Qué cambios traerá el presupuesto garantizado para la Fiscalía?
Asegurará operación continua, contratación de más ministerios públicos y una investigación más eficiente para reducir la impunidad en el estado.

