Toluca/Estado de Méixco
Iniciativa busca fortalecer cuerpos policiales y activar protocolo de búsqueda de mujeres
La bancada del PRI en el Congreso del Estado de México presentó un paquete de iniciativas orientado a modificar la operación financiera y administrativa de la seguridad pública municipal a partir de 2026 y establecer en la Ley el protocolo de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.
El coordinador de la fracción, Elías Rescala Jiménez, comentó que la iniciativa central busca que los ayuntamientos de la entidad accedan de forma directa a una mayor proporción de los recursos federales y estatales destinados al sector.
Redistribución del Fondo de Seguridad Pública (FASP)
Esto mediante una modificación al Código Financiero y la Ley de Seguridad del Estado de México para establecer que la mitad del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se distribuya entre los 125 municipios, a partir de criterios como densidad poblacional y niveles de incidencia delictiva para definir el reparto anual.
El líder parlamentario del PRI sostuvo que, con base en proyecciones para el ejercicio 2026, esta fórmula representaría alrededor de 342 millones de pesos para los gobiernos locales, monto que permitiría avanzar en capacitación especializada y profesionalización policial.
Creación del Fondo Estatal para Fortalecer la Seguridad en los Municipios (FOSEM)
Además, la propuesta del legislador plantea la creación del Fondo Estatal para Fortalecer la Seguridad en los Municipios (FOSEM), cuya operación quedaría sujeta a lo que establezca la Ley de Seguridad y se reflejaría anualmente en el Presupuesto de Egresos, con la sugerencia de que se inicie con 500 millones de pesos de aplicación exclusiva en corporaciones municipales.
“Con una tasa de victimización que ronda el 40% de la población y un índice de impunidad del 94%, es evidente que la respuesta institucional se encuentra rebasada”, señala el documento presentado por la bancada.
Protocolo Alba obligatorio en la Ley estatal
Además de esa propuesta, el diputado Mariano Camacho San Martín registró una iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de establecer en la legislación estatal la obligatoriedad del Protocolo Alba.
El propósito es definir plazos uniformes para la activación del mecanismo, garantizar coordinación interinstitucional y facilitar su programación presupuestal; se estima que el paquete completo de reformas representa un impacto de 900 millones de pesos, integrado por los recursos proyectados del FASP y el fondo estatal propuesto.
Actualmente, la normativa federal sólo indica que al menos 20% del FASP puede dirigirse a municipios, sin definir criterios específicos para fortalecer sus cuerpos policiales.
Datos:
¿Qué propone el PRI en seguridad municipal?
Redistribuir recursos del FASP entre los 125 municipios del Estado de México y crear el Fondo Estatal para Fortalecer la Seguridad en los Municipios (FOSEM).
¿Quién impulsa las iniciativas?
Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, diputados del PRI en el Congreso mexiquense.
¿Qué impacto económico tendría?
Se estima un total de 900 millones de pesos para 2026, entre redistribución del FASP y el nuevo fondo estatal.
¿Qué es el Protocolo Alba?
Es un mecanismo de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, que ahora se propone como obligatorio en la legislación estatal.
¿Cuándo entrarían en vigor las reformas?
A partir del ejercicio fiscal de 2026.
