Toluca/Estado de México

La aprobación y eventual aplicación de la reforma para la reducción de la jornada laboral, sin un esquema técnico y operativo adecuado, podría tener un impacto negativo del 6.7 % en el Producto Interno Bruto (PIB) y provocar un aumento inflacionario de hasta el 3.7 %. A esto se suman problemas como el pago excesivo de horas extras, el incremento en el gasto social y de prestaciones, así como la pérdida de competitividad del país, afectando a millones de trabajadores y las empresas en las que colaboran.

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Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), señaló que, si bien existe el deseo y la intención de mejorar las condiciones de vida de la población, se debe garantizar que una medida de esta magnitud no derive en el cierre de unidades económicas o en que los colaboradores, lejos de mejorar su calidad de vida, se vean obligados a conseguir un segundo empleo ante las limitadas condiciones económicas y el incremento en la inflación.

Durante el foro “Retos y perspectivas en torno a la implementación de la reducción de la jornada laboral en México”, organizado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, explicó que existe el riesgo de que pequeñas unidades económicas actualmente formalizadas migren a la informalidad para evitar la carga tributaria que implicaría la reforma.

“Se trata de evaluar el contexto en el que México se encuentra, y los efectos tanto positivos como negativos que esto podría generar. El hecho de que se haya implementado en países como Dinamarca o Finlandia no significa que en México existan las condiciones. El sector económico jamás estará en contra del bienestar de los colaboradores, pero si no se tienen bases sólidas, esta reforma podría causar más daños que beneficios”, advirtió.

Entre las propuestas presentadas por Concaem que deberían considerarse antes de la aplicación de la reforma destacan:

-Aplicación diferenciada por sector, tamaño de empresa y entidad federativa.

-Implementación gradual, comenzando con una hora menos de jornada, y exención para sectores como comercio y servicios, donde los trabajadores dependen del flujo de consumidores y de ingresos variables como propinas y comisiones.

-Exención del impuesto sobre la renta para las horas triples.

-Deducción al 100 % de las prestaciones sociales.

-Diseño de una estrategia permanente para incrementar la competitividad, con un modelo medible de resultados.

Massud Martínez subrayó que es indispensable escuchar la voz de los trabajadores, quienes en muchos casos enfrentan condiciones laborales específicas según su sector, y dejar de lado los discursos de confrontación entre sectores.

“En esta, como en otras reformas, el llamado principal es construir consensos. La polarización y confrontación generadas entre diversos grupos de la sociedad solo nos han dividido y dañado. No somos unos contra otros; tenemos un objetivo común, y desde ahí debemos partir”.

Aseguró que el sector empresarial participará de forma activa y permanente en los foros de análisis y discusión, pero enfatizó que sus propuestas deben ser integradas en la versión final de la reforma.

Finalmente, destacó que el Gobierno debe asumir parte del impacto económico que esta reforma implique, ya que hasta el momento, la carga completa de las reformas laborales ha sido absorbida únicamente por el sector empresarial.

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