Según la RAE, justicia significa: acción de darle a cada uno lo que le corresponde.

Incluye varias acepciones de acuerdo con el ámbito específico en el que se utilice.

La justicia, además, está emparentada con otros valores morales como la honestidad, la responsabilidad, la equidad o la imparcialidad. Son justas, entonces, aquellas situaciones en las que triunfa la verdad y tiene lugar una correcta retribución de lo debido. Editorial Etecé.

Una de sus acepciones es “la justicia social”, que busca la igualdad de oportunidades entre los individuos, de modo tal de reducir las desventajas que existen y construir una sociedad más equitativa. La equidad es la capacidad de impartir justicia respetando las particularidades o circunstancias específicas de cada individuo en un momento determinado; sin embargo, no implica dar a todos lo mismo.

Su objetivo es alcanzar el bien común y garantizar acceso a toda la población a la educación, salud, vivienda digna, seguridad, etcétera; no obstante, a conveniencia de diversos gobiernos, pierde su sentido conceptual y únicamente es utilizada de manera perversa para mantener incauta y dócil a una comunidad, a la que deslizan la idea de que son ellos, y solo ellos, quienes les dan ese acceso, reduciendo su amplio significado a los apoyos que entregan directamente a cada persona, mismos que se traducen en votos.

México nunca ha estado alejado de los gobiernos populistas, que son los que se aprovechan de esa idea.

Es este el punto en el que se quiebra el sentido de su significado, ya que se utiliza para manipularlo a su conveniencia. En nombre de la “justicia social”, se dan autorización para invadir espacios y perturbar el buen desarrollo de la armonía social con el afán de imponer su propia opinión, acomodada desde luego a darse ventaja, ignorando dolosamente la equidad.

Es fácil observar que esos gobiernos se aprovechan de la necesidad para mantener ciudadanos incautos, seguros de que con una limosna seguirán votando por ellos; lo que, se quiera aceptar o no, es hacer caravana con sombrero ajeno, porque esos recursos pertenecen a todos, cuyo origen son los impuestos, que, sin embargo, deberían tener el propósito de mejorar la calidad en el servicio que da el gobierno.

Es uno de los asuntos más trascendentes y en el que se encuentra torcido el sentido de la justicia, porque genera división en la preferencia gubernamental que prepondera entregar apoyos directos a parte de la comunidad, mientras que a la otra le exige conformarse con lo que queda, elevando la mediocridad a su nivel máximo posible.

La desaparición de instituciones encargadas de revisar el buen funcionamiento gubernamental en el aprovechamiento correcto de los recursos destinados con tal propósito deja un vacío que el aparato gubernamental quiere absorber para que nadie más vigile su actuar. De esa manera, no se arriesga a tener que entregar cuentas a nadie, o a que se descubran prácticas de corrupción que pueden poner en peligro su permanencia en el poder.

Es por eso que la destrucción de todo resquicio de democracia elimina cualquier oportunidad con la que deberían contar otros institutos políticos para acceder a dirigir la administración del Estado y proponer diferentes formas para hacerlo.

Es mentira que únicamente con la entrega de apoyos económicos se pueda sacar de la pobreza a los millones que viven en ella; tarde o temprano, si no se invierte y se obtienen ganancias, se acabarán. No hay dinero que alcance si no se administra de la mejor manera.

Ejemplos de lo anterior se pueden observar fácilmente: la deuda externa de México creció más que nunca en el último año de López Obrador. Más de dos billones de pesos enmarcan una pésima administración del tabasqueño que se creyó conocedor de todos los temas con sobrada soberbia, hablando ex cátedra de lo que desconocía, simplemente porque así lo decidió; tiró proyectos imponiendo otros que adolecían de los estudios correspondientes. Mismos que parecen destinados a fracasar. ¿Quién puede asegurar que tendrán la prosperidad que prometió López?

En su realidad, apoyada siempre en un egocentrismo duro y puro, esperaba un éxito contundente de sus obras; aunque con esas decisiones afectó a millones de mexicanos que, no obstante, tendrían que estar disfrutando de mejores condiciones económicas, de seguridad y salud. Todo se ha venido destruyendo, un solo personaje que se creyó destinado a ser inmortalizado en la historia y lo único que consiguió fue el repudio de millones de mexicanos que hacen palidecer a los que aún insisten en que fue el mejor presidente de México, aunque no presentan argumentos sólidos del porqué así lo consideran; únicamente se basan en el sentimiento, y en términos prácticos, eso no cuenta.

Lo más serio y preocupante es que la 4T se adueñó de la “justicia procesal”, la cual se ocupa de la regulación del proceso judicial, que tiene el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con las mismas normas y los mismos criterios, siendo objetivos e imparciales sin distinción alguna. Cuando en un juicio no se aplica la ley de manera imparcial, se considera su sentencia violada.

Como lo vemos con Ricardo Salinas Pliego, el nuevo enemigo del sistema, a diferencia de otros empresarios que son intocables. Se sustituyó a los integrantes del Poder Judicial por quienes sus nombres se encontraban plasmados en un acordeón.

Sí, ¡en un acordeón!, de esos que en la escuela nos enseñaron que cualquiera que fuera descubierto con uno lo sacaban del examen. La miseria ha institucionalizado la trampa. Es trampa aquí y en cualquier parte del mundo, y debería ser repudiada. No hay forma de que hubieran tenido los mismos resultados sin el favor que les hizo esa herramienta.

¿Quién tiene la capacidad, el personal y los recursos para llevar a cabo dicha acción? Peor aún, ante los señalamientos del desaseo en la elección, tras la denuncia presentada por la asociación Proyecto Justicia Común por la distribución de acordeones, ¿qué fue lo que determinó el Tribunal Electoral?

La negativa de investigar aumenta el escepticismo natural del supuesto buen desarrollo de la jornada.

La consecuencia de tomar al Poder Judicial daña a la sociedad directamente, porque se queda sin instancias para defenderse de los excesos gubernamentales. No a todos importa… hasta que les toque sufrirla.