Los transportistas han advertido que si las autoridades no lo autorizan, ellos aplicarán un aumento de cuatro pesos al costo del pasaje en el Valle de Toluca con lo que llegaría a 14 pesos. Mientras que para el Valle de México piden que comience en 14.50 pesos.
Dicen que no quieren afectar al usuario. Sólo hagámosles unas cuantas operaciones: Una familia con 3 hijos, gastaría 84 pesos diarios para mandarlos a la escuela. Si los cinco utilizan el autobús, son 140. En un mes gastarían 3 mil 80 pesos, casi un salario mínimo, y sin considerar a los que deben utilizar más de un transporte. Eso en el Valle de Toluca. En el de México, ni pensarlo, hay quienes usan hasta tres trasportes para llegar a su destino.
Aquí algunas consideraciones. Por primera vez en mucho tiempo, la política pública en materia de movilidad tiene como centro a la ciudadanía y no se desarrolla en torno a las exigencias de los transportistas, ni a la protección de la imagen de un secretario. Hay resistencias a la regularización que debe concluir en junio de este año. Las presiones han sido muchas y constantes.
La rentabilidad del negocio en el sistema de transporte público depende de muchos factores, el incremento en el precio de sus insumos —como el diésel y gasolina—, impacta en el equilibrio financiero de los transportistas, como ellos mismos lo han dicho; sin embargo, la irregularidad y la ilegalidad que prevalece en el entorno (unidades que trabajan sin concesión, invasión de derroteros, competencia desleal, sobreoferta de servicio –que provoca vayan a 30 por ciento de la capacidad–, entre otros), también inciden directamente en el retorno de inversión que buscan los transportistas, incluso en mayor medida que el costo de los combustibles.
Además, es innegable que el desempeño de los operadores, la accesibilidad a créditos de tasa baja, el índice de siniestralidad de los vehículos y, en general, la adaptabilidad del modelo de negocio a las demandas de la sociedad, así como la planeación estratégica de la empresa, determinan la sostenibilidad financiera del servicio.
La intentona de aumentar la solvencia de los transportistas, con cargo al bolsillo de los usuarios con un aumento de tarifa, es irresponsable e injusto. Deben atender todos los factores, incluyendo aquellos que dependen del trabajo conjunto entre empresarios y la autoridad, y sólo como última instancia, llegar al incremento de la tarifa, que debe estar condicionado a una mejora en la calidad del servicio.
El número de accidentes provocados por los transportistas es otro tema. Cobran vidas por la irresponsabilidad al conducir. Lo peor, ni siquiera se hacen responsables del pago de daños. La tarifa es el último eslabón de la cadena de valor que tiene el transporte público de pasajeros, no la salida recurrente a las emergencias económicas del empresario.
Los millones de usuarios del servicio deben seguir siendo el centro de la política pública y del interés de los empresarios del transporte. El aumento sería de 40 por ciento, irreal, injusto y leonino. Deben pensar en un plan que mejore las condiciones del servicio y con ello sus propios ingresos. La regularización y el respeto de la ley, sería la mejor medida.
