Durante la última semana el gobierno federal ha generado informes en materia de seguridad pública. De acuerdo con sus datos los delitos del fuero federal se han reducido 28.4% que es la cifra más baja desde hace cuatro años; también dice haber reducido los delitos contra la salud en un 27.6%, los delitos fiscales 19.5%, los delitos financieros 10.4%, y contra la identidad corporal 8.6%, aunque los delitos relacionados con armas de fuego se incrementaron un 2.4% y los patrimoniales un 9.3%.
Llama la atención que en seis estados se concentra el 49% de los homicidios de todo el país, que de enero a abril suman 4,850. Michoacán ocupa el primer lugar con 1000 muertos, en Guanajuato se contabilizaron 993, en Estado de México 830, en Baja California 805, en Jalisco 642 y en Sonora 580. Lamentablemente, estos datos no consideran “la cifra negra”, es decir, todos aquellos delitos que se cometen, pero no son denunciados y que el INEGI estima, para 2020, en 93.3%. En otras palabras, de cada 100 delitos que se cometen sólo se denuncian 7, de ahí la necesidad de analizar otras perspectivas para tener un panorama completo sobre cómo nos afecta la violencia.
El Índice de Paz en México, patrocinado por el Instituto para la Economía y la Paz, un grupo independiente de expertos sin fines de lucro, fue publicado por séptimo año consecutivo. Refiero aquí algunos de los aspectos más significativos en su contenido. La paz en nuestro país mejoró en 0.2% en el año 2021, específicamente 23 estados mejoraron y 9 empeoraron; los delitos con armas de fuego, como el homicidio, disminuyeron un 6.2% (esto representa una tasa de 26 homicidios por cada 100,000 habitantes), en palabras francas y llanas los homicidios se han estabilizado en la parte alta del índice y representan, en promedio, 82 diarios. Ahora bien, si se compara 2021 con el año 2015, entonces la paz se ha deteriorado en un 17.1%. La tasa de homicidios es 76.3% más alta que en 2015. Un dato realmente alarmante es que en el último año la violencia familiar y sexual se han incrementado significativamente.
Casi todos nos enteramos que la idea del presidente es no combatir a los delincuentes, no enfrentarlos, ni perseguir los delitos que comenten porque la delincuencia organizada está autorregulándose. Es decir, la violencia que un grupo ejerce para controlar un territorio depende de su capacidad bélica frente a otros grupos criminales, sin que el Estado mexicano se los impida, sin que intente siquiera intervenir. Así, grandes territorios del país se ven sometidos y dominados por estos grupos y la población queda desprotegida y guarda un silencio lacerante, un silencio ensordecedor. Los crímenes de la delincuencia organizada son los principales impulsores de los homicidios y la violencia, se estima que dos terceras partes del total de delitos con armas de fuego son cometidos por estos grupos.
El deterioro por el aumento de la violencia es evidente. Desde 2015 se calcula en 48.1% y se atribuye un incremento del 139% tan sólo en narcomenudeo. Esta última cifra deja ver que paulatinamente México ha pasado de ser productor y exportador a consumidor de drogas. El impacto económico de las actividades del crimen organizado también es significativo, se estima en 4.9 billones, equivalente al 20.8% del PIB nacional. En términos más simples, esto equivale a $38,196 pesos percápita, 2.5 veces un salario promedio mensual por persona. En contraste el presupuesto para seguridad pública disminuyó un 8.5% y el sistema judicial recibe un 3.3% menos de recursos. Sin embargo, el gasto militar creció en un 14.7%, durante este sexenio.
Nuestra entidad ocupa el lugar 23 en el índice y es la peor calificada por asalto, violencia familiar, robo y violencia sexual. El Estado de México ha ocupado el peor lugar de todas las entidades en cinco de los siete años en que se ha publicado el estudio. Específicamente en asalto y robos los siete años ha ocupado el último lugar. Concluye el estudio en la necesidad de construir la paz positiva, que es una medición de actitudes institucionales y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. La paz positiva es reflejo del buen funcionamiento del gobierno, con bajos niveles de corrupción y de buenas relaciones con los vecinos. Para este grupo de expertos independientes sería ineludible, además de combatir la corrupción y la ineficiencia gubernamental y empresarial, liberar fondos y recursos para inversiones, no es suficiente sólo reducir la impunidad y los delitos, pero es condición indispensable.
Encontrar la solución a la inseguridad debe llevar a una gran reflexión no sólo del gobierno sino de todos aquellos que tengan algo que decir al respecto, cambiar la estrategia y tomar decisiones por difíciles que sean. Por ejemplo, Alejandro Desfassiaux, del Consejo Nacional de Seguridad Privada, en su libro “5 propuestas para acabar con la inseguridad en México”, escribe que es necesario: 1) instrumentar de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, que reporte directo al presidente; 2) crear la policía nacional, es decir una sola policía para todo el país; 3) política nacional de costo-beneficio, ¿cuánto está costando la inseguridad y cuál es el costo de la seguridad en los estados y municipios?, es decir, establecer una estrategia de inversión en seguridad; 4) protocolo cero tolerancia para erradicar los delitos menores y 5) crear el sistema Nacional de Prevención y Reinserción Social.
Los datos deben servir para tomar decisiones con evidencias objetivas. Los resultados están allí, pero no creo que nadie esté satisfecho con lo que nos muestran. Abrir el espectro y buscar nuevas estrategias debe ser más que obligado, pero ¿existirá voluntad política para cambiar el rumbo y hacerlo efectivo? ¿O se insistirá en que la estrategia de “abrazos y no balazos” va por buen camino? Ustedes estimadas/os lectoras/es, ¿qué piensan? ¿Qué les dicen estas cifras? ¿Influyó el confinamiento para reducir números en delitos comunes? ¿Ustedes se sienten más seguros? ¿Qué condiciones tienen ahora sus policías locales, tienen más o menos recursos? ¿Les da seguridad ver a las fuerzas armadas en la calle?
¿Cómo exigimos a las autoridades locales un mejor servicio de seguridad pública? ¿Nos toca participar, qué instrumentos necesitamos? Reflexionar sobre estos asuntos parece no está de más cuando nos acercamos a un cambio en el gobierno estatal y no han pasado seis meses de las actuales administraciones municipales. ¿Influye en nuestro voto el planteamiento sobre seguridad pública que nos presentan las/os candidatas/os, exigimos que cumplan una vez en el cargo?
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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