La corrupción es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, además de la inseguridad. Cualquiera que sea el ámbito de gobierno, candidatos y gobernantes van y vienen, prometen castigar a los corruptos y el tiempo pasa sin que las cosas cambien mucho. Incluso han ido de mal en peor. Hoy quiero llamar la atención sobre la necesidad de contar con una ética pública robusta o, como lo escuché recientemente en el aniversario de los lamentables hechos de Ayotzinapa, de tener una isla de integridad, como el último reducto de una solución gradual, regional y puntual para buscar soluciones a este problema.
Para Clara Carrillo Fernández, Doctora en Filosofía Política de la Universidad Javeriana, la integridad pública debe conectar a las y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción. Este concepto es un ejercicio de ciudadanía, pues se manifiesta a partir de principios, valores, opiniones e interacciones entre personas servidoras públicas y, justamente, las y los ciudadanos; significa prestar un servicio sincero a los demás y afrontar la dificultad de no saberse único en el mundo.
Para Daniela Gallego, Doctora en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia y profesora del Tecnológico de Monterrey, la integridad pública no es un asunto de bondad sino de inteligencia. La Dra. Gallego pone como ejemplos de conductas no muy inteligentes a los policías que dicen estar ahí para salvaguardar el orden y la legalidad, pero se coluden con delincuentes o son cómplices de “mordidas” ante cualquier violación a la ley; los estudiantes están para prepararse en una profesión, pero si tienen oportunidad, intentarán copiar o incluso comprar los exámenes. Las y los políticos dicen representar ciudadanos, pero muy pronto afloran sus intereses particulares a los que defienden contra viento y marea.
No se trata de alcanzar las metas a costa de lo que sea con conductas fraudulentas, esto ocasiona un daño que degrada y destruye a las instituciones, se trata más bien de coordinar una acción para servir al otro y de hacer al mundo cada día más vivible, es hacer de la integridad pública algo armónico, coherente y sólido. La fuerza que hace estable una institución viene de la integridad de las personas servidoras públicas que en ella participan. Alcanzar esta fuerza es todo un reto.
La integridad es decir y hacer lo éticamente correcto, según los valores que se profesan y se expresan. Significa que las personas actúan de manera honesta donde estén y con quien estén, incluso cuando están solas. Los valores deben humanizar a cada persona servidora pública, partir de dar respeto y recibirlo siempre considerando nuevos encuentros que se den sin temores ni nada qué esconder. El criterio principal para desenvolverse en el ámbito público debe ser siempre mostrar el interés positivo por los demás sin pretender dañarlos.
La Dra. Gallego sostiene que la honestidad es decir siempre la verdad y nada más que la verdad, incluso se ha llegado a pensar como la capacidad que se debe tener para hablar de vulnerabilidades, generar espacios para revisar y subsanar las limitaciones que cada funcionario presente en su desarrollo profesional. La mentira es un ataque deliberado a las otras personas. Engañar es una forma de coaccionar a la gente para que actúe en contra de su voluntad. Engañar da poder al engañador y altera las elecciones vitales del engañado, en el corto o mediano plazo una sociedad se verá violentada y será más violenta por mentir siempre, y se responderá a esa violencia ante la impotencia de no encontrar verdad en sus semejantes. La verdad forja la propia personalidad, reconoce fragilidades, se convierte en una práctica de respeto, honestidad y congruencia ante nosotros mismos y nuestros semejantes.
Al gobierno estatal entrante, incluso a los gobiernos ya existentes, les haría bien hacer un examen de conciencia y promover que las personas servidoras públicas no sólo suscriban códigos de ética que son percibidos como una molestia y una ocurrencia de las contralorías correspondientes. Los códigos deben ser instrumentos vivos que tengan sentido para quienes forman parte del servicio público que se conviertan en parte de su vida, incluso personal, porque les facilitan su quehacer y les ganan prestigio frente a ciudadanas y ciudadanos. Las personas servidoras públicas deben interiorizar la importancia de regir su actuación con alto sentido del honor, con valores democráticos y personales que los proyecten como buenos para los ciudadanos.
Bien valdría la pena que los recién nombrados funcionarios estatales revisaran el manual de integridad pública de la OCDE y con ello impulsar la implementación de una verdadera ética en cada persona servidora pública. Se requiere un amplio compromiso de respetar las normas y servir al interés público que permita prevenir conflicto de intereses particulares. Sería fundamental que quienes están en las oficinas públicas se vean a sí mismos como potenciales receptores del servicio y sean capaces de responder a preguntas básicas sobre cómo les gustaría ser tratados al realizar un trámite o solicitar la prestación de un servicio.
Se requiere corresponsabilidad entre diversos entes gubernamentales como organismos anticorrupción, departamentos de recursos humanos y contralorías. Se requiere participación social, de empresas y personas promotoras de la integridad, con un equilibrio entre las sanciones y los incentivos para actuar correctamente.
Finalmente, se requiere liderazgo para atraer, seleccionar y promover a personas íntegras, apegadas a la meritocracia, que se preparen y luchen por destacar; quienes aspiren a mantener un constante crecimiento basado en un proceso de aprendizaje que les permita superar sus limitaciones y contribuir al fortalecimiento de las instituciones, siempre apegados a la transparencia y la rendición de cuentas, así como la objetividad en la gestión de recursos humanos. Resultará fundamental prevenir y gestionar situaciones de conflicto de interés, poner límites cuidadosos a la práctica del “cabildeo” de grupos con poder económico y político y, sin duda, piso parejo para quienes aspiran a ser proveedores de gobierno, condiciones iguales para quienes tienes productos o servicios de calidad y no concursos amañados o privilegios diversos para empresas (incluso las llamadas “fantasma”) que contribuyeron, fuera de la ley, al financiamiento de las campañas políticas.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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