El acoso digital o ciberacoso es cada vez más insidioso y, poco a poco, se convierte en una herramienta de control y manipulación en el ámbito político y social. Es persistente en el tiempo y, a menudo, por su anonimato, tiene profundas implicaciones que limitan la libertad de expresión y bienestar de los individuos.
Las consecuencias son graves y duraderas, especialmente porque generan una actitud de autocensura entre quienes emiten en Internet opiniones que difieren de las posturas del oficialismo. Este ciberacoso se transforma en una amenaza sistémica para la participación democrática, donde las voces críticas son silenciadas y el discurso público se empobrece.
La investigación de la Red por los Derechos Digitales (R3D), titulada #EjércitoDeBots, ha revelado que el Ejército Mexicano monitorea las redes sociales con el objetivo de identificar a usuarios críticos del gobierno para luego desacreditarlos utilizando bots. Esta actividad se lleva a cabo a través del Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), unidad que depende de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Su estructura no se limita a la protección de la defensa militar; sus actividades de monitoreo incluyen ciberinteligencia y defensa reactiva, para las que emplean un software llamado HIWIRE, desarrollado por la empresa israelí WebintPro.
Estas operaciones tienen un impacto principal: secuestrar el sentimiento popular y el ciberespacio, además de dificultar la identificación de actividad auténtica de la generada por las máquinas que el gobierno programa para atacar a sus críticos. Entonces, se produce un entorno donde toda la información es sospechosa. Este fenómeno representa una peligrosa expansión del poder estatal en el espacio público que también debería ser el ciberespacio.
Por su parte, la organización Artículo 19 MX-CA ha documentado que la mitad de las agresiones contra la prensa en México son perpetradas por el poder público y abarcan los ámbitos federal, estatal y municipal. Las acciones de este tipo incluyen el contacto mediante identidades falsas y mensajes ofensivos para proferir amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento y campañas de desprestigio. Las entidades con mayor incidencia son la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. El Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2023 del INEGI refleja un entorno de agresión digital que podría ser instrumentalizado por actores políticos. En el Estado de México, cinco municipios son los más denunciados: Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
Hemos llegado al grado de que la desinformación es reconocida en México como un arma utilizada para promover posturas ideológicas específicas. Por otro lado, el shitposting o cacaposteo representa el fenómeno digital de hacer política —mala política, por lo demás—, caracterizado por la saturación de imágenes y conceptos. Parte de la peligrosidad de este fenómeno es que incorpora elementos de antihumor o metahumor con los que genera confusión y desafía los límites entre aquello que algunos grupos consideran políticamente correcto y la libertad de expresión. Estas actividades desdibujan la sátira, la crítica y la propaganda, y dificultan a los ciudadanos participar en el discurso político racional. La calidad del debate político es socavada con estas tácticas que ocasionan polarización y radicalización política.
¿Y qué hacemos como usuarios de Internet que ahora somos todos a todas horas?
Nuestras líneas de defensa inician en las prácticas de ciberhigiene y gestión activa de nuestra presencia en línea. Es fundamental administrar la configuración de la privacidad de las plataformas digitales para limitar la cantidad de información personal que compartimos en línea, controlar quién puede ver perfiles y a qué fotos y publicaciones pueden tener acceso. No confiar en cuentas desconocidas, verificar la autenticidad de perfiles antes de interactuar y, no está de más insistir, aunque nos lo repiten constantemente, nunca compartir información confidencial como identificaciones, datos personales o bancarios y direcciones (físicas o electrónicas). Una recomendación clave es no responder ni tomar represalias contra el acosador, ya que esto puede escalar la situación y arrastrar a la víctima a un ciclo negativo.
Finalmente, educar sobre ciberseguridad: a nosotros mismos, a los menores a nuestro cargo, a los adultos mayores, a todos quienes pueden tener contacto con Internet. También es imperativo legislar sobre ciberseguridad, que no solo prevenga y atienda la violencia digital, sino que salvaguarde el abuso del poder de actores gubernamentales y garantice la protección de los derechos humanos en el ciberespacio.
El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
