La difusión de videos sexuales se ha convertido en una forma más de violentar a las personas, hombres y mujeres por igual. Sin embargo, la mayoría de los casos involucran a mujeres que confiaron en sus parejas y terminaron viendo su intimidad expuesta.

Desde los años noventa, con el famoso caso de Pamela Anderson, hasta nombres actuales como Paris Hilton, Kim Kardashian, Jennifer López o Wendy Guevara, el fenómeno no se ha detenido. Según datos del INEGI, un 81 % de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia digital, muchas veces con fines de extorsión o como venganza. Aunque también hay hombres afectados —como Zague o Hulk Hogan—, las consecuencias sociales suelen ser mucho más devastadoras para las mujeres.

De acuerdo con la organización Luchadoras MX, entre enero de 2020 y diciembre de 2023 se registraron 2,488 casos de violencia digital, y el 68.58 % correspondió a acoso, amenazas y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, en la mayoría de los casos después de una ruptura sentimental. Alarmantemente, el 83 % de las investigaciones aún sigue sin resolverse.

La Ley Olimpia, vigente desde 2021, protege a cualquier persona que vea vulnerada su intimidad digital. Su historia se remonta a la propia experiencia de Olimpia Coral Melo, quien sufrió la filtración de un video íntimo cuando tenía 18 años. Lo que para muchos fue motivo de burla y humillación, ella lo transformó en una lucha que tardó 13 años en cristalizar en cambios legales.

Por desgracia, no todas han tenido la misma fortaleza: algunas mujeres han optado por quitarse la vida ante el estigma y la vergüenza.

El caso reciente de los policías de CDMX muestra la crudeza del fenómeno. El video no se viralizó para evidenciar una falta administrativa, sino porque alguien vio la oportunidad de sacar provecho del momento. Y así, entre burlas, memes y chistes, se normalizó un acto de violencia digital.

Si compartiste o consumiste ese video, participaste en esa cadena de violencia. No es culpa de ellos “por exponerse”: la responsabilidad es de quienes grabaron y difundieron.

La Ley Olimpia establece sanciones que van de cuatro a seis años de prisión y multas de 500 a 1,000 UMAs (aproximadamente entre 56,570 y 113,140 pesos en 2025). Sin embargo, en este caso en particular, al tratarse de servidores públicos en un espacio abierto, no procede legalmente la figura de intromisión a la intimidad.

Aun así, activistas advierten que lo ocurrido constituye un linchamiento mediático que vulnera la dignidad de los involucrados. En lo legal, no habrá castigo. En lo social, queda la pregunta: ¿cuánto más vamos a normalizar la violencia digital como entretenimiento?