La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa un momento decisivo. Tras meses de paro en diversas instalaciones, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado expresó su confianza en que, este lunes, todas las sedes estarán liberadas, permitiendo el regreso a clases presenciales. Su mensaje no solo apela a la esperanza, sino también a la urgencia: la mayoría de la comunidad estudiantil exige volver a sus espacios, y el tiempo apremia.

Los logros obtenidos por el movimiento estudiantil no son menores. Se han abierto diálogos, se han visibilizado demandas históricas y se han generado compromisos institucionales. Pero la rectora advierte que prolongar la toma de instalaciones podría derivar en confrontaciones entre quienes desean retomar sus estudios y quienes insisten en mantener la huelga. La tensión es palpable: ya ha habido dos conatos de enfrentamiento, y el riesgo de que la lucha se desvirtúe crece cada día.

Además, el costo de rehabilitar los espacios universitarios será alto. No solo se trata de reparar daños físicos, sino de garantizar accesibilidad, seguridad y condiciones dignas para toda la comunidad. La UAEMex enfrenta un reto presupuestal y logístico que requerirá voluntad política y apoyo institucional.

La salida del paro debe ser con dignidad, con reconocimiento a las voces que se alzaron y con garantías de que los compromisos se cumplirán. Pero también debe evitar la fractura interna. La universidad no puede convertirse en campo de batalla: debe volver a ser espacio de encuentro, de pensamiento crítico y de construcción colectiva.

Más dinero a los programas sociales, pero con control

La iniciativa para ampliar y fortalecer los programas sociales en el Estado de México llega con una promesa que nadie puede ignorar: más recursos, más cobertura, más justicia. Pero, detrás del discurso progresista, hay una advertencia que no debe pasar desapercibida: sin control, sin reglas claras y sin padrones confiables, el crecimiento puede convertirse en caos.

El dictamen aprobado en comisiones legislativas establece que los programas sociales deben ser permanentes y progresivos. Es decir, no solo deben mantenerse, sino crecer año con año, como crecen los precios de los productos; y no hablo de la inflación oficial que no refleja la realidad, sino de aquella que se siente en los bolsillos cada vez que uno hace su despensa.

La intención es loable: atender a más mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y facilitar el acceso a vivienda digna. Pero también se reconoce un riesgo latente: la duplicidad en la población beneficiaria.

¿Quién recibe qué? ¿Cuántas veces? ¿Con qué criterios? Estas preguntas siguen sin respuesta clara. Y mientras se habla de justicia social, hay comunidades que reciben múltiples apoyos y otras que siguen esperando ser vistas. La falta de control no solo erosiona la eficiencia del gasto público, también mina la confianza ciudadana.

El diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, presidente de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social en el Congreso local, ha señalado que el siguiente paso será definir el impacto presupuestal y las reglas de operación. Es ahí donde se juega el verdadero destino de esta iniciativa. Porque crecer sin orden es como construir sin cimientos: tarde o temprano, se derrumba.

La progresividad debe ir acompañada de transparencia. Los padrones deben ser públicos, los criterios deben ser verificables y los mecanismos de evaluación deben estar al alcance de la ciudadanía. No basta con entregar apoyos: hay que garantizar que lleguen a quienes realmente los necesitan, sin duplicidades, sin clientelismo y sin simulación.

La expansión de los programas sociales es una oportunidad histórica para construir un Estado más justo. Pero también es una prueba de fuego para las instituciones. Porque el bienestar no se mide solo en pesos entregados, sino en la capacidad de transformar vidas con equidad, eficiencia y dignidad.