Samuel Hahnemann es reconocido a nivel mundial como el padre de la homeopatía; se le reconoce la autoría de la “ley de la similitud”, que establece que “lo similar cura lo similar”, es decir, lo que te enferma te cura, un principio en torno al cual giran los tratamientos que esta vertiente de la medicina practica, donde la idea central es crear artificialmente “una enfermedad similar pero más manejable, que estimule la fuerza vital del cuerpo para combatir tanto la enfermedad artificial como la natural, logrando así la curación del sujeto en cuestión”.
Hoy traigo a colación al padre de la homeopatía, recordando a una persona que hace ya casi 20 años me dijo que pensaba que la única forma de terminar con el capitalismo era darle más capitalismo y no seguir luchando por disminuir los efectos que en todas las esferas se dan con su esencia de desigualdad económica y social, idea a la que le tomé cierto sentido cuando, algún tiempo después, supe del padre de la medicina homeopática y del principio fundamental en el que englobó su trabajo.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia del Acordeón, con la que pone en tela de juicio el principio de cosa juzgada, la visualizo como una enfermedad social a la que hay que buscarle solución, pues no se puede permitir que el máximo órgano de control constitucional, con intereses ocultos detrás de argumentos de justicia, sea el primero en violar la ley fundamental e instaurar incertidumbre en las relaciones que se generan en el seno de la vida privada de los gobernados.
Sobre la fabulosa idea de la corte (con minúsculas), que plantea, bajo la idea de la nulidad del juicio concluido, la reapertura de juicios agotados en todas sus etapas, surgen varias preguntas: ¿quién determinará qué juicios están en esa condición y necesidad?, ¿la reapertura de juicios por la corte abre una nueva instancia?, ¿tiene la corte la facultad de abrir una nueva instancia? Lo planteo porque la nulidad de juicio concluido da la apertura de un juicio que se debe plantear ante los juzgados de primera instancia; es decir, no hay nada nuevo en la idea de los ministros del bienestar, quienes se pretenden dar, a mi consideración, una facultad que no les asiste.
Legalidad y justicia son dos ideales que en muy pocas ocasiones coinciden y que, para lograrse, definitivamente encierran procesos bastante diferentes; mientras la legalidad implica cumplir con los tiempos y actos que la ley establece para llegar a un resultado, por su parte la búsqueda de la justicia no tiene límite en la investigación y búsqueda de pruebas, más cuando la razón y la intuición dicen que aún no se ha alcanzado la verdad material más allá de la jurídica.
Como todo lo que están haciendo los burros de oro de la 4T, la reapertura de juicios con los argumentos de alcanzar la justicia y la necesaria nulidad de juicios concluidos no es sino la urgente necesidad del grupo en el poder por no perder ningún juicio que les permita la obtención de recursos para continuar alimentando sus programas de soborno electoral disfrazados de programas sociales.
El 80% de países en el mundo siguen sistemas jurídicos que descansan sobre la idea de legalidad y en estos sistemas gana quien se equivoca menos, no necesariamente quien tiene la razón, lo que ocurre en un plano de igualdad jurídica, la que encierra la igualdad de las partes en contienda, sin importar si una de esas partes es el gobierno mismo; a lo que hay que sumar también que las partes en controversia tengan las mismas posibilidades, lo que no ocurre con estos ministros improvisados, que están empeñados en dar una cuarta oportunidad a un gobierno que ha perdido muchos juicios por la evidente incapacidad que en la mayoría de dependencias existe para llevar a cabo verdaderas defensas en los juicios que inician contra los gobernados.
En lo señalado encontramos el interés real de la corte en los asuntos donde ha sido el gobierno quien ha perdido esos juicios, sea por una defensa deficiente o investigaciones mal integradas; pero si el gobierno tiene derecho a un cuarto chance, los gobernados debemos tenerlo también. Así es que, partiendo del principio homeopático de Hahnemann, somos los postulantes los que debemos atiborrar a la corte de solicitudes de reapertura de todos los juicios en los que consideremos que se llevaron de manera fraudulenta o donde pensemos que el juzgado pudo haber ejercido una facultad probatoria más rígida en la investigación de los hechos que se pusieron a su consideración.
Creo que, al tomarle la palabra a la corte, dejaríamos en evidencia sus verdaderas intenciones y, en el momento que estamos viviendo, somos los postulantes los que tenemos que sacar la casta frente a un gobierno intromisivo, coercitivo, controlador, manipulador y claramente igual de corrupto que todos los que hemos vivido desde siempre.
ADDENDA
Senado recibe terna de Sheinbaum para titular de FGR
La prasadanta envió a tres mujeres como terna para que elijan en el Senado, entre ellas, a la que será la fiscal general de la república; creo que ya sabemos que ya sabíamos quién sería electa y finalmente ocurrió, el asunto estaba más que cantado. Si no hay premio de consolación para las que no fueron electas y que solo sirvieron para legitimar la designación de Godoy Ramos, el asunto es bastante humillante para ellas, aunque no es la primera vez que se usa descaradamente a algunas personas para imponer a otras.
Sobre el “arrendamiento húmedo” de aeronaves en la aviación civil
El arrendamiento de aeronaves de bandera extranjera, con la contratación incluida de pilotos de otros países para operar en territorio mexicano, pone varios temas de discusión sobre la mesa, los más importantes:
- ¿Son acciones de las empresas para evadir sus obligaciones en términos de la Ley Federal del Trabajo?
- ¿Se viola el artículo 32 de la Constitución General al permitir que tripulantes extranjeros surquen los cielos mexicanos?
- ¿Cuál es el tiempo máximo en el que una empresa mexicana de aviación puede acogerse al arrendamiento de aeronaves de bandera extranjera?
A mi parecer, la medida que se está permitiendo desde el mismo gobierno abre la puerta para la violación no solo del artículo 32 de nuestra Constitución, sino de la disposición legal contenida en la Ley Federal del Trabajo, que da preferencia a los mexicanos sobre los extranjeros en el desempeño de un trabajo.
No es la primera ocasión que Volaris intenta contratar en arrendamiento aeronaves extranjeras con todo y tripulación, a la que le pagan en condiciones distintas a las contenidas en la Ley Federal del Trabajo, seguramente inferiores y sin seguridad laboral. Una necedad de esta empresa, que por un lado busca la aceptación de diversas lagunas legales con una interpretación a su favor y que, por otro y en adición, busca la precarización en las condiciones laborales que ofrecerán a sus pilotos y sobrecargos.
Así el gobierno de la cuarta transformación.
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Abogado postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
