No sirve de nada alegar defensa de la soberanía nacional cuando la inseguridad, la violencia y el crimen organizado son los que imponen condiciones a los mexicanos. Parece más fácil evitar hablar de los miles de desplazados que entrarle de lleno al problema.

La peregrinación de los indocumentados hacia Estados Unidos ha disminuido enormemente gracias a dos condiciones primordiales: México se ha convertido en una frontera impasable para los migrantes y la amenaza de las autoridades estadounidenses para quienes intentan llegar ilegalmente a sus tierras, de ser enviados a centros penitenciarios que, por su fama, nadie desea conocer.

Así es como, por la fuerza y bajo esa amenaza, el gobierno del presidente Donald Trump, apoyado en gran medida por el mexicano, al que, por cierto, no se le ofrece reconocimiento alguno, han logrado lo inimaginable: reducir el flujo migratorio a niveles históricos.

No obstante, aquel país ahora enfrenta otro problema: los trabajadores que llegaban en peregrinación, muchos de ellos se dedicaban a realizar las labores del campo, al servicio de restaurantes y a otra gran cantidad de labores que no quieren tomar ciudadanos norteamericanos. Esto ha causado una preocupante crisis que se traduce en la escasez de mano de obra calificada, como es la latina, reportando pérdidas económicas importantes.

El presidente-empresario tiene fija la mirada en cumplirles a sus votantes lo que ofreció en campaña. Una de sus promesas más importantes fue la de terminar con el flujo ilegal de indocumentados; otra de ellas fue la de acabar con la distribución de la droga conocida como fentanilo, que arroja cientos de miles de muertes por su causa.

La determinación del presidente Trump para materializar sus objetivos y demostrar sus alcances a quienes creyeron en él no parece encontrar límites, por lo que exige a su vecino y socio del sur de su frontera atacar frontalmente a los cárteles, designados como terroristas por su administración, para acabar con la distribución al mercado de su país de la famosa droga.

No le importa que, para poder conseguirlo, mezcle el comercio, pasando por alto el tratado que tiene con los aún socios, para que el gobierno mexicano se aplique en detener el trasiego de drogas hacia su territorio e investigue a quienes les extienden los brazos que cobijan a esos grupos. El de Claudia Sheinbaum ha sido renuente a esta insistente petición, lo que se ha dejado ver en las declaraciones que se han expresado por parte de la administración Trump.

Como consecuencia de esa posición, los impuestos arancelarios a productos mexicanos enviados a EE. UU. han puesto en jaque la relación bilateral, al Tratado de Libre Comercio y, especialmente, a la economía del país azteca. Cada vez que se arremete contra la inoperancia mexicana en ese sentido, la molestia se demuestra con impuestos.

Al respecto, surge una inquietante pregunta: ¿hasta dónde o hasta cuándo le alcanzará a la presidente continuar con el papel de ignorar la petición de poner las cabezas de importantes políticos, a cambio de que ceda el acoso traducido en impuestos inventados que maltratan la relación bilateral?

¿A quién o, más bien, a quiénes quiere el gobierno estadounidense que México les eche el guante? ¿Es más importante defender lo que cada vez se vuelve menos defendible, por encima incluso del superior interés de toda la nación? ¿Por qué tendría que valer más la pena la defensa a ultranza de los involucrados que atender las necesidades de los mexicanos?

Se vuelve realmente insostenible evitar tocar a las vacas sagradas del sistema, que, por lo anunciado por Trump recientemente, no dejará de presionar. No se ha tocado a un solo pez gordo del gobierno para entender que hay respuesta y que, efectivamente, como lo dijo en una de sus apariciones diarias la presidente Sheinbaum, no se protegerá a nadie y se llegará hasta las últimas consecuencias. Habría que descubrir cuáles son esas últimas consecuencias.

Mientras “algo” sucede por parte de la administración de Sheinbaum, se ha dado un nuevo plazo a nuestro país de 90 días de tregua para lo que parece la inevitable imposición de aranceles generales del 30 % a las importaciones mexicanas. Esta prórroga que ofrece EE. UU. se anunció de dos formas: una por parte del socio y la otra por parte de la presidente Sheinbaum, quien presumió: “funcionó nuestra estrategia”.

¿A qué estrategia se refiere la mandataria? ¿Acaso ya terminó con la amenaza del impuesto arancelario que se repite cada que quiere el estadounidense? ¿Ya volvieron las condiciones del Tratado de Libre Comercio como se encontraban hasta antes del regreso de Trump a la Casa Blanca? ¿Ya no está sujeto México a las condiciones que dicta el gringo?

Si nada de lo que se pregunta se puede responder en sentido afirmativo, ¿cuál es entonces la estrategia que presumió la mandataria?

Lo cierto es que, en las declaraciones de Sheinbaum a los mexicanos, comparadas con las que ofrece el empresario a los estadounidenses, hay una enorme diferencia. Cada quien apunta su versión, ¿cuál es la verdadera? Lo recomiendan diversos analistas: para entender mejor qué es lo que espera EE. UU. que haga México, es necesario prestar atención a lo que se dice del lado gringo.

¿Estará dispuesta la mandataria a hacer lo correcto? Porque, de lo contrario, el pueblo sufrirá las consecuencias.