La primera etapa de la Reforma Judicial en el Estado de México quedó cubierta. Sin contratiempos y con estabilidad, se solventó el proceso de elección de las personas juzgadoras, quienes, a partir del próximo viernes 5 de septiembre, rendirán protesta ante la Legislatura local y asumirán funciones jurisdiccionales como jueces y juezas, así como magistradas y magistrados en el Poder Judicial de la entidad.
Si bien hubo procesos legales que se presentaron ante las autoridades electorales y jurisdiccionales, los resultados del primero de junio quedaron resueltos, y se alistan los detalles para que, durante la instalación de la LXIII Legislatura y luego de que se elija a la Mesa Directiva, las personas electas rindan protesta e inicien formalmente sus responsabilidades.
Más allá de la formalidad del inicio de la nueva etapa del Poder Judicial, la expectativa, en general, del impacto que tendrá el proceso de elección está polarizada.
En el contexto nacional, por un lado, hay esperanza de mayor legitimidad y reducción de corrupción, aunque también se han expresado preocupaciones sobre la independencia judicial y una posible cercanía excesiva al gobierno.
De acuerdo con estudios de opinión, se ha identificado que una proporción significativa de la ciudadanía (seis de cada 10 ciudadanos) vio “con buenos ojos” la elección directa de jueces, con el anhelo de un cambio en el Sistema de Administración de Justicia. Se espera que se vuelva más transparente y sensible a los problemas ciudadanos. Sin embargo, también hay dudas en torno a la independencia de juezas y jueces, porque se considera que la cercanía política impedirá que sea un contrapeso efectivo.
Como lo publiqué el pasado 18 de junio en este mismo espacio (https://www.digitalmex.mx/opinion/story/59274/expectativa-ciudadana-y-correcciones-de-la-eleccion-judicial
), en la perspectiva de la población se tiene la expectativa de que la elección democrática de las personas juzgadoras conducirá a un mejor acceso a la justicia, con mayor rapidez, transparencia y sensibilidad. Existe confianza de que los y las juezas electos por voto sean “más responsables” ante la ciudadanía y reduzcan los tiempos de resolución, con un “enfoque ciudadano” en el servicio judicial.
En virtud de que las personas juzgadoras realizaron campaña y tuvieron contacto directo con la ciudadanía, se visualiza que los nuevos juzgadores serán “más accesibles y transparentes”, porque deberán responder directamente “al pueblo”. Además, a partir de la narrativa que se siguió para “justificar” la Reforma Judicial, que tenía como uno de sus argumentos la existencia de corrupción y nepotismo al interior de los poderes judiciales, existe la esperanza de que las decisiones estén más alineadas con los intereses y necesidades ciudadanas, y no con intereses personales.
Asimismo, se espera que la rendición de cuentas y la legitimidad aumenten, pues los jueces tendrán que responder, se piensa, a la opinión pública, y las actuaciones jurisdiccionales estarán bajo mayor escrutinio social. La ciudadanía busca un sistema judicial que escuche sus demandas y mejore continuamente el acceso a la justicia para que sea “real y efectiva”.
Todas esas expectativas, si bien en su mayoría podrían considerarse positivas, también significarán un reto para las nuevas personas juzgadoras, en virtud de que estarán sometidas a una mayor observación ciudadana, de manera que tendrán que dejar atrás paradigmas que durante mucho tiempo han guiado el trabajo en los poderes judiciales.
Como referencia del rompimiento de esos paradigmas, están las declaraciones recientes del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, que apuntan a la austeridad, el combate a privilegios, el establecimiento de una justicia cercana y plural, así como el compromiso de respetar la Constitución y promover la transparencia.
En el caso del Estado de México, a diferencia del Poder Judicial federal, se comprendió que era necesario adaptarse a los nuevos tiempos, porque era inevitable la aplicación de la Reforma. En ese sentido, como ejemplo, el Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez y el Consejo de la Judicatura, que concluyen su responsabilidad este jueves 4 de septiembre y que afrontaron el desafío de instrumentar la primera etapa de la Reforma, determinaron disminuir el salario del presidente y establecieron un programa de contención del gasto de 88.5 millones de pesos, el cual permite fortalecer las actividades jurisdiccionales en la entidad.
Este viernes 5 de septiembre comenzará una nueva etapa para todo el Sistema de Impartición de Justicia del Estado de México, y la responsabilidad no puede recaer en una sola persona o institución, porque la tarea de impartir justicia está vinculada a la manera de operar de los cuerpos de seguridad y del Ministerio Público. Además, será necesario que las y los operadores judiciales, y quienes servimos incluso en tareas administrativas en el Poder Judicial, tengamos la misma “sintonía” para atender y satisfacer la expectativa ciudadana.
#TodoComunica
La convocatoria a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México para integrar su Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) es una muy buena señal de “normalización” de las actividades. Esperemos que pronto se devuelvan las instalaciones que siguen tomadas, porque muchos procesos están detenidos y, al interior de los espacios, hay tensión (y hasta confrontaciones verbales) entre quienes ya están en actividades presenciales y las personas que mantienen los paros de actividades en espacios de Ciudad Universitaria, en Toluca.
