En el Estado de México hay calles que no son del municipio, pero sí del abandono. Vialidades que, por su carácter estatal, deberían recibir atención directa del Gobierno del Estado, pero que hoy lucen como campos minados de baches, grietas y tramos intransitables. La omisión no es nueva, pero el hartazgo sí. Y los alcaldes ya no están dispuestos, o no pueden legalmente, parchar lo que no les toca.
El caso más evidente es el de la Avenida Tecnológico, en Metepec, una de las principales arterias del Valle de Toluca. El alcalde Fernando Flores Fernández lanzó un llamado enérgico a la Junta de Caminos del Estado de México para que cumpla con su obligación y repare los daños que afectan a miles de personas todos los días. “Esta calle no es del municipio, pero sí afecta a miles de personas todos los días. Necesitamos que el Estado la repare”, exigió.
La situación es crítica. El pavimento presenta daños graves, y varios tramos se han vuelto prácticamente intransitables. Los baches no solo ralentizan el tránsito, sino que provocan accidentes, pérdidas materiales y una carga vehicular inusual que afecta la movilidad de toda la región. Flores Fernández no pidió favores: exigió responsabilidad institucional, al mismo tiempo que “limpia su imagen” ante los habitantes de Metepec, que están hartos de esta situación.
Pero Metepec no está solo en esta exigencia. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se sumó al llamado, señalando que otras vialidades de carácter estatal, como Las Torres y Paseo Tollocan, también están en condiciones deplorables. Moreno Bastida pidió “amablemente” a la Junta de Caminos que atienda la emergencia, reconociendo que los baches han sido causa directa de accidentes.
En tono de broma —pero con la seriedad que amerita el contexto—, Moreno confesó que el municipio ha tenido que intervenir en tramos que no le corresponden. “Aquí entre nos, que no se entere el OSFEM, pero hemos tenido que atender tramos estatales porque de plano eran intransitables”, dijo. Se refería a reparaciones en Paseo Tollocan, a la altura de Tablajeros, y en Pino Suárez, que también son responsabilidad estatal.
Este tipo de intervenciones, aunque necesarias, evidencian una falla estructural: cuando el Estado no responde, los municipios improvisan. Y esa improvisación, aunque bien intencionada, no puede sustituir la obligación legal ni la planeación técnica que corresponde a la Junta de Caminos. No se trata de buena voluntad, sino de cumplimiento institucional.
Más amable, pero igual de directo, Moreno Bastida insistió en que la atención a estas vías primarias es de primera necesidad. No es un tema de estética urbana, sino de seguridad pública, eficiencia vial y respeto por los recursos ciudadanos. Las vialidades estatales no pueden seguir siendo el eslabón roto de la infraestructura regional.
La omisión de la Junta de Caminos no solo afecta a los municipios, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. ¿De qué sirve delimitar competencias si, al final, nadie responde? ¿Cuántos accidentes más deben ocurrir para que el Estado reconozca que el abandono también es una forma de violencia?
Los alcaldes han hecho su parte: han levantado la voz, han intervenido donde no les toca y han expuesto públicamente la negligencia. Ahora le toca al Gobierno del Estado asumir su responsabilidad. Porque los baches no entienden de jurisdicciones, pero los ciudadanos sí entienden de abandono.
La Junta de Caminos del Estado de México tiene una tarea urgente: rehabilitar las vialidades que le corresponden antes de que el desgaste físico se convierta en desgaste institucional. Porque cuando el Estado no cumple, los municipios parchan. Y cuando todos parchan, el que paga es el ciudadano.
