El 19 de septiembre suele ser recordado como un día de luto nacional, esto debido a que en esta fecha aciaga acaecieron los sismos de 1985 y 2017, un día fatídico que aún resuena en la sociedad mexicana. Año con año, los medios de comunicación difunden imágenes del sismo de 1985 como “el despertar de la sociedad civil”, esto debido a los esfuerzos conjuntos del pueblo de México para ayudar a la población en desgracia o en situación vulnerable; en pocas palabras, el sismo generalmente es retratado como “la tragedia que unió al pueblo”.
El esfuerzo del pueblo de México, heroico y loable, generalmente ha servido a lo largo de cuatro décadas para generar un discurso de unión y ayuda entre la población, pero más allá de eso, no debemos olvidar que el sismo de 1985 también puso en evidencia la inoperancia de los cuerpos de seguridad, la ineptitud de las autoridades, la desidia del Estado y, sobre todo, la corrupción presente en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, para analizar esta historia es necesario pasar, aunque sea someramente, por el contexto de la tragedia.
La década de 1980 es considerada como “la década pérdida” por politólogos, sociólogos e historiadores, esto debido a los altos niveles de desigualdad, déficit y crisis económicas que presentaron los países hispanohablantes. Para principios de la década de 1980, la corrupción en México había alcanzado niveles nunca antes vistos, con funcionarios déspotas, prepotentes y corruptos como Arturo “el Negro” Durazo Moreno y Jorge Díaz Serrano, ambos encarcelados en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.
El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado fue rico en promesas, pero muy pobre en resultados y en el combate a la desigualdad. A través de Carlos Salinas de Gortari, su secretario de Programación y Presupuesto, se inició una política de recortes presupuestales muy impopular, cuyo peso recayó principalmente en los grupos económicamente más desfavorecidos. Para enero de 1985, el descontento ya era muy generalizado; empero, ese descontento sólo era la punta de un iceberg que se venía gestando desde años atrás: el iceberg de la corrupción.
Finalmente, el 19 de septiembre de 1985 ocurrió la mayor tragedia en la historia reciente de nuestro país: un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter que terminó por sepultar una escasa credibilidad que ya no tenía el gobierno mexicano. La reacción de las autoridades fue tardía; en un primer momento se rechazó la autoridad nacional y se perdió tiempo muy valioso para rescatar a las víctimas de la tragedia. Fue en este momento cuando la sociedad civil, en su conjunto, decidió apoyar a un pueblo que era presa de la tragedia.
Las cifras de personas fallecidas son hasta la fecha un misterio y objeto de controversia. Entre certificados de defunción y gente llevada a fosas comunes, se calculan alrededor de 10,000 víctimas mortales, aunque deducciones de distintas organizaciones estiman que la cifra pudo haber llegado hasta los 40,000 muertos. Los daños materiales fueron cuantiosos: más de 400 edificios sufrieron daños, 258 se derrumbaron por completo, 143 colapsaron parcialmente y 181 sufrieron daños graves.
Pero debajo de este daño se escondía un asunto más turbio: miles de víctimas inocentes que perdieron la vida por la corrupción de las autoridades y por la ambición de unos cuantos funcionarios y burócratas. Durante el sismo resultó sospechoso que la mayor cantidad de daños se centrara en edificios de reciente construcción; algunos de ellos tenían menos de cinco años de haberse inaugurado, mientras que edificios históricos o más antiguos permanecieron en pie pese a encontrarse en una de las zonas de mayor desastre.
Posteriormente, la sociedad civil, la prensa y organismos no gubernamentales destaparon la corrupción al momento de construir edificaciones: robo de presupuesto, materiales deficientes, estructuras incorrectas, servicios públicos deplorables, cálculos hechos por gente ajena a la industria de la construcción; todo eso amparado por nefastos funcionarios, quienes se llevaban una módica comisión económica, comisión que costó la vida de miles de personas inocentes.
Uno de los casos más indignantes fue el de las cientos de costureras de la avenida San Antonio Abad en la Ciudad de México, quienes perdieron la vida por el sismo. En dicha avenida se habían instalado muchos talleres de costura clandestinos, que no cumplían las normas mínimas de construcción, donde miles de trabajadoras y trabajadores eran explotados de manera inmisericorde y sin ningún tipo de seguridad social. Hoy en día, familiares de las víctimas siguen clamando justicia y piden que no se olvide el hecho.
Posterior a 1985, el reglamento de construcción en la Ciudad de México fue modificado, y en 1993 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias, que reforzaba las medidas de seguridad estructural en las construcciones; reglamento que quedó en letra muerta, tal y como nos mostró el sismo de 2017 y los múltiples edificios que colapsaron una vez más por la corrupción.
Si bien es cierto que el sismo de 1985 fue un momento de solidaridad y unión en el pueblo de México, también fue un suceso que destapó una cloaca asquerosa de corrupción gubernamental en todos sus niveles. La memoria histórica no está para romantizar o mostrar el lado bueno de las desgracias, sino para entender el pasado, comprenderlo y usarlo a nuestro favor para no cometer los mismos errores en el presente. El presente exige respeto a la memoria de las víctimas y que el pueblo nunca olvide que la corrupción dejó sin familia a miles de personas.
La historia nos demuestra que los desastres naturales como los terremotos son impredecibles y no se pueden evitar, pero actos deshonestos y deleznables como la corrupción son algo que sí podemos impedir. A 40 años del sismo de 1985, el discurso de la mayor parte de los medios de comunicación es un discurso que raya en el romanticismo y en el ideal de un pueblo que se une en las desgracias; pero si el pueblo olvida las desgracias o evade estos temas polémicos, nunca aprenderemos la lección y llegarán más sismos que se cobrarán más víctimas por algo que sí podemos exigir: el alto a la corrupción.
Por Juan Manuel Pedraza, historiador por la UNAM.
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