La atención al cáncer infantil se ha convertido, en nuestro país, en un barómetro de la gestión de la salud pública. El actual gobierno ha impuesto una estrategia de centralización y desmantelamiento institucional que, lejos de erradicar la supuesta corrupción, ha generado una crisis de abastecimiento crónica y sistémica de medicamentos e insumos para el sector salud. La versión oficial presume de “abasto garantizado” y la implementación de “megacompras” para corregir fallos logísticos. En realidad, sus decisiones administrativas y políticas han resultado fallidas y violan el derecho constitucional a la salud.
La magnitud de la tragedia refleja, según la estadística nacional, 7,000 casos anuales de cáncer en población de 0 a 19 años. En la franja etaria más vulnerable, de 5 a 14 años, el cáncer no es una enfermedad residual, sino la primera causa de muerte. Sobresale la leucemia, que representa más de la mitad de los casos (52%) y que, peor aún, en condiciones de tratamiento es altamente curable. Las cifras oficiales estiman que mueren 2,150 niños por este mal.
La más grave acusación contra el actual sistema de salud mexicano es que la supervivencia pediátrica, a cinco años, se sitúa en promedio alrededor del 57%, cifra que contrasta brutalmente con la realidad de países como Estados Unidos y Canadá, donde supera el 80%. Y, como referencia regional, Argentina tiene una tasa del 75% de supervivencia. Aquí cabe destacar que, a través de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil (GICC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se fijaron como objetivo mínimo ético, para 2030, una sobrevida del 60%.
¿Cómo llegamos a la espantosa situación actual? En 2019, por decisión gubernamental y por supuestos abusos monopólicos, se suspendió la línea de oncológicos de Laboratorios Pisa. A partir de allí, el gobierno demostró una incapacidad crítica para sustituir con prontitud el abasto que había cancelado. Así, en 2020 y 2021, las familias iniciaron protestas y bloqueos crónicos a vías de comunicación. Estas acciones alcanzaron cobertura mediática nacional e internacional. El problema logístico se ha mantenido durante años y ha evolucionado a un riesgo dual: no solo falta la cantidad necesaria, además la calidad y trazabilidad de productos han disminuido.
El fracaso en 2025, según organizaciones como “Nariz Roja”, que mantiene las marchas y protestas, confirma las fallas de distribución y el muy cuestionable sistema centralizado (no consolidado) operado por Birmex. Por graves retrasos en las adjudicaciones, no se ha logrado generar una reserva de medicamentos oncológicos necesarios para cubrir los vacíos de manera efectiva.
Los pacientes y sus familias saben que la declaración oficial de “no hay tratamientos” no es una deficiencia administrativa menor, es una interrupción fatal del ciclo vital de quimioterapia. En esta circunstancia, existen tres escenarios devastadores. Primero, las interrupciones del ciclo: la falta temporal de fármacos esenciales obliga a suspender o posponer ciclos cruciales. Segundo, el gasto de bolsillo forzado: las demoras en la cobertura pública o la falta de disponibilidad obligan a las personas a endeudarse para comprar los fármacos en el sector privado. Y tercero, la fragmentación de atención: derivaciones y traslados de pacientes entre unidades médicas sin garantía de continuidad terapéutica. La literatura médica es clara respecto a la continuidad del tratamiento: los retrasos u omisiones en la quimioterapia disminuyen la probabilidad de curación, por lo que, en la práctica, es un homicidio terapéutico causado por la negligencia institucional.
La carga económica para las familias revela que el gasto en salud aumentó en un 41% entre 2018 y 2024. Ante el abandono institucional, organizaciones civiles —“Nariz Roja” y AMANC, entre otras— denuncian constantemente la magnitud de la crisis y han asumido el liderazgo en la protesta, la provisión de apoyo y el litigio estratégico (amparos). Proveen medicamentos, apoyo logístico y asistencia psicosocial a los pequeños enfermos y a sus familiares.
La responsabilidad política es ineludible: la administración actual es responsable de haber mantenido la tasa de supervivencia pediátrica por debajo del mínimo de la OPS/OMS. La crisis de cáncer infantil en México es un fracaso ético y político. Para restaurar la dignidad en la atención sanitaria, es indispensable revertir la improvisación administrativa en la logística, exigir el cumplimiento inmediato de la Ley General de Salud de 2021, integrar equipos de expertos multidisciplinarios y adoptar estándares de excelencia internacionales, con adhesión estricta a protocolos de ensayos clínicos con especialización regional.
Esta administración está condenando injustamente a miles de niños. Están dejando que nuestros niños mueran. Sin tratamientos oncológicos y sin vacunas, están acabando con una parte del futuro.
