Carlos Manzo y Bernardo Bravo pagaron con sus vidas por alzar la voz contra el crimen organizado que asfixia a los productores y a los michoacanos en general. Sus asesinatos no son hechos aislados: son la prueba de que, en esa entidad, el crimen organizado gobierna mientras las autoridades miran hacia otro lado. Estos hechos son el epítome del fracaso continuo del modelo de seguridad federal en regiones estratégicamente vitales. Estos crímenes representan el colapso total de la soberanía estatal frente al avance irrestricto de la gobernanza criminal. Tanto la autoridad política formal como el liderazgo económico legítimo son desplazados si representan una oposición activa a los intereses de la delincuencia organizada.
El alcalde Manzo había solicitado de manera reiterada apoyo federal y llegó a expresar su temor: “no quiero ser otro de los ejecutados”, decía. La negligencia del gobierno tiene una implicación política que necesita investigarse, porque días antes del homicidio retiraron a más de 200 elementos de la Guardia Nacional destacados en Uruapan. El alcalde lo lamentó públicamente y expresó en sus redes sociales que esa acción dejaba a la ciudad en un estado de “vulnerabilidad” ante las actividades ilícitas.
En Michoacán, el sector agroalimentario tiene costos finales que se elevan hasta en un 20% debido a los pagos forzosos al crimen organizado. Bravo fue una de las pocas voces que se atrevieron a denunciar, de manera decidida y pública, las extorsiones sistemáticas a los productores de limón. Por su parte, las denuncias de Carlos Manzo escalaron la crisis a una dimensión nacional y dejaron al descubierto la fragilidad e ineficiencia de los protocolos de protección federal en el régimen de Morena.
Digámoslo fuerte y claro: Michoacán es un campo de batalla asediado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Los tres compiten por el control territorial, las rutas de tráfico de drogas, la producción de metanfetaminas y, crucialmente, la extorsión de economías lícitas. Se ha consolidado el “impuesto criminal” inevitable para los productores agrícolas. Estas acciones han ocasionado la desaparición de comunidades enteras.
Doria Vélez, directora del Observatorio Nacional Ciudadano, señala que existen varios Michoacanes, cada uno con una dinámica social y cultural diferente. Entonces, las ganancias económicas dependen de dónde estén ubicados los grupos delictivos. Las extorsiones y desapariciones son señales políticas que muestran una descomposición social extendida, visible en los diversos delitos que se cometen. Los michoacanos no saben a quién tenerle más miedo: hasta la Guardia Nacional realiza extorsiones o las solapa.
El fenómeno en comento lleva 20 años. En este microcosmos económico y social, la administración federal parece no conocer el territorio. Hay autoridades cooptadas por el crimen que han cedido espacios, y los grupos criminales “palomean” a las nuevas autoridades para acceder a los cargos. Los planes que se han implementado en 2006, 2014 y hasta el de López no han ayudado. No existe un proyecto transexenal de política pública de desarrollo económico ni de seguridad; no hay control judicial ni certificaciones de peritaje.
Los planes han negado la existencia cultural, psicológica y social del propio Michoacán. Han pretendido implementar un solo plan de carácter homogéneo, por eso han fallado. No han conseguido nada los gobiernos que llevan economía o refuerzan programas sociales y presencia militar. Y, con todo, el anterior sexenio fue el más violento. Ahora quieren implementar un plan de fórmula básica —digamos, de plantilla— basado en lo mismo que ha fracasado anteriormente. En una semana presentaron un plan que no se ha podido construir en 20 años y que da más peso a la comunicación política que a la intención de resolver el problema.
Un plan, para que tenga éxito, debe diseñarse desde lo local, construir las soluciones con los actores locales. No se vale simular reuniones públicas donde los asistentes temen expresar el problema de fondo porque desconfían del compañero de junto. El plan debe fortalecer a las policías locales, que enfrentan muchas dificultades y son las más desprotegidas. El peligro que enfrentan los alcaldes es cada vez más evidente: la seguridad sin recursos no va a funcionar, y sin fiscalizar las acciones, menos. Saber en qué y cómo se gasta el recurso es necesario para que el plan funcione.
A los alcaldes se les acercan los delincuentes, y no están exentos de dialogar con ellos, porque tienen que buscar un margen de maniobra y acción. A veces comprometen obra pública o la misma seguridad. Todo esto demuestra la debilidad municipal y los deficientes mecanismos de cooperación entre la federación y el municipio. El interés de los criminales es incidir en la política local, en suma, capturar el municipio, colonia por colonia si es posible. Buscan el control territorial; por el momento, no parecen querer el control completo del Estado. Carlos Manzo no contaba con la capacidad de implementar políticas públicas en materia de seguridad. Ese es el reto para todos los políticos. Pero, para ellos, el simple hecho de hablar de seguridad es un gran riesgo.
