En la última década, el combate a la corrupción en México ha transitado por diversas etapas: desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción hasta reformas administrativas de gran calado. Sin embargo, el fenómeno persiste en los intersticios de la discrecionalidad humana y la opacidad documental. Hoy, la frontera de esta lucha no se encuentra solo en los trámites gubernamentales, sino en el código de programación. La inteligencia artificial (IA) y la digitalización integral de los servicios gubernamentales se perfilan como los aliados definitivos para erradicar las prácticas corruptas que históricamente han drenado tanto a las finanzas públicas como a las privadas.
De la discrecionalidad a la trazabilidad
El éxito de naciones como Estonia no es un accidente tecnológico, sino una decisión jurídica. Al implementar la Identidad Digital Única y el principio de “solo una vez” (Once-Only Principle), Estonia eliminó la figura del burócrata como “portero” de los trámites. En ese país, el 99 % de los servicios públicos son digitales, lo que reduce a cero la posibilidad de un “pago por agilizar los trámites”.
En otros frentes, sistemas como el robot “Rosie” en Brasil o “Dozorro” en Ucrania demuestran que la IA puede actuar como un auditor incansable. Mientras un auditor humano puede revisar una fracción de los contratos públicos, la IA tiene la capacidad de analizar el 100 % de las licitaciones en tiempo real, detectando patrones de colusión, empresas fantasma y conflictos de interés antes de que el recurso sea ejercido.
¿Qué le falta a México?
Para que México pase de la “ventanilla física” a la “honestidad algorítmica”, no basta con comprar software; se requiere una reingeniería del marco jurídico que garantice seguridad, ética y eficacia. Los cambios regulatorios urgentes se agrupan en tres pilares:
- Ley General de Identidad Digital Biométrica: México necesita una base de datos única y segura que vincule a las personas físicas con sus acciones ante el Estado. La reciente reforma para digitalizar trámites es un avance, pero requiere una regulación secundaria robusta que proteja la privacidad mientras asegura que cada firma digital sea inalterable y plenamente atribuible.
• Principio de interoperabilidad obligatoria: Actualmente, las dependencias operan como islas de información. Se requiere reformar las leyes orgánicas de la administración pública para obligar a la interconexión de bases de datos (SAT, registros públicos, seguridad social, pasaportes, licencias, etc.). Si el sistema de compras puede “leer” en tiempo real que un proveedor es una empresa recién creada sin empleados, la IA bloquearía la licitación automáticamente por riesgo de corrupción.
• Transparencia algorítmica y ética en IA: Es imperativo legislar sobre la responsabilidad de los sistemas autónomos. El marco legal debe exigir que los algoritmos de supervisión pública sean auditables por la sociedad civil para evitar sesgos o “puntos ciegos” programados intencionalmente.
De la opacidad a la eficiencia: el ciudadano como beneficiario
El combate a la corrupción mediante la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para la maximización del recurso público. Cada peso que se pierde en un sobrecosto de obra pública o en un programa social desviado es un peso que se resta a la salud, la educación y la seguridad.
La digitalización no solo cierra la puerta al soborno; genera ahorros operativos masivos que permiten redirigir el presupuesto hacia las demandas ciudadanas más urgentes. En un entorno digitalizado, el Estado se vuelve más ágil, el costo de la legalidad baja y la confianza ciudadana sube.
México se encuentra en una encrucijada histórica. La tecnología para detectar el fraude ya existe; lo que falta es la voluntad política para codificar la honestidad en el ADN de la administración pública. Al adoptar las buenas prácticas internacionales y armonizar nuestra legislación con las exigencias de la era digital, no solo estaremos persiguiendo corruptos; estaremos construyendo un sistema donde la corrupción sea, por primera vez, técnicamente imposible.
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