La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral presentada hoy por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no es simplemente un ajuste administrativo; es un replanteamiento profundo de las reglas del juego democrático en México. Bajo la bandera de la austeridad y la "expresión directa de la voluntad del pueblo", el proyecto busca modificar la arquitectura del Congreso, el régimen de fiscalización y las dinámicas de comunicación política. Sin embargo, desde una perspectiva de técnica jurídica y calidad democrática, la propuesta camina por una delgada línea entre la eficiencia operativa y el riesgo latente de un debilitamiento institucional que podría comprometer la equidad en las contiendas futuras.
El Congreso: Entre la Representación y el Territorio
El cambio más radical se encuentra en la integración del Poder Legislativo. Si bien se mantiene el número de 500 integrantes en la Cámara de Diputados, la iniciativa introduce un giro conceptual: todos deberán ser electos por votación directa.
La propuesta desdibuja el esquema tradicional de listas de partido. Aunque en el debate previo se perfiló la eliminación total de la representación proporcional, el diseño final resultó en una fórmula híbrida: de las 200 diputaciones por esta vía, 97 serán asignadas a los candidatos que, no habiendo ganado su distrito, obtuvieron los mejores resultados para su partido. Esta figura, conocida como "primera minoría" o "mejores perdedores", aporta una legitimidad territorial de la que carecen los actuales diputados de lista, un modelo que ha funcionado con éxito durante años en el Estado de México.
No obstante, desde una visión crítica, el hecho de que no se haya eliminado totalmente la lista —reservando 95 espacios para votación directa por circunscripción— sugiere que la propuesta original se desdibujó, quizás por presiones internas, manteniendo un reducto de control para las cúpulas partidistas. En el Senado, la reducción a 96 escaños (eliminando la lista nacional de 32 senadores) pretende simplificar la representación, pero corre el riesgo de sacrificar la pluralidad ideológica que las minorías nacionales aportan al debate parlamentario.
Fiscalización y Estándares OCDE: La Brecha entre Papel y Realidad
Uno de los pilares de la reforma es la "Mayor Fiscalización". La propuesta establece que el INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibiendo terminantemente las aportaciones en efectivo y obligando a que todo recurso transite por el sistema financiero.
Al contrastar esta propuesta con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública y financiamiento político, surgen contradicciones técnicas insalvables:
• Capacidad de cumplimiento (enforcement): La OCDE señala que los órganos de supervisión deben contar con "recursos adecuados" para monitorear el cumplimiento de las reglas. La iniciativa de la Presidenta Sheinbaum, por el contrario, decreta un decremento del 25% en el costo de las instituciones electorales. Es jurídicamente imposible exigir una fiscalización de "tecnología de punta" mientras se desmantela el presupuesto operativo del fiscalizador.
• Independencia y riesgo de captura: Los estándares internacionales advierten que la autonomía del árbitro es el "corazón del sistema". La reducción de sueldos y bonos bajo el artículo 127 constitucional podría generar una fuga de talento técnico especializado, facilitando la "captura institucional" por parte de intereses partidistas o gubernamentales, lo que contraviene los principios de profesionalización de la autoridad electoral.
• Exclusión financiera: Mientras la OCDE promueve la bancarización para la transparencia, la realidad mexicana presenta zonas con nula infraestructura financiera. Prohibir el efectivo sin un diseño administrativo que permita la verificación en campo —cuyas brigadas se verían recortadas presupuestalmente— solo empujará el flujo de dinero hacia la absoluta clandestinidad.
La Paradoja de la Inteligencia Artificial y la Tecnología
La reforma propone regular el uso de inteligencia artificial (IA) y prohibir bots en redes sociales. Si bien el propósito es positivo y necesario para evitar la manipulación del electorado, la propuesta nace muerta en su diseño legal y administrativo.
La regulación efectiva de la IA requiere una coordinación expedita con plataformas digitales globales y una inversión masiva en ciberseguridad y ciencia de datos. Resulta contradictorio aspirar a un control tecnológico de vanguardia mientras se asfixia financieramente al INE. Sin presupuesto ni capacidades institucionales reales, la prohibición de mecanismos artificiales quedará como una declaración de buenas intenciones sin dientes para su ejecución, permitiendo que la desinformación corra libremente por falta de personal capacitado para detectarla en tiempo real.
Un Diseño Administrativo Deficiente
Lejos de fortalecer a la autoridad electoral, la reforma incluye "buenos deseos" que no se ven reflejados en el andamiaje legal propuesto. Por ejemplo:
• Cómputos distritales: Se propone que inicien al término de la jornada electoral para dar celeridad. Sin embargo, sin el personal de apoyo suficiente (debido a los recortes), esta medida presiona la cadena de custodia y el rigor jurídico del conteo, aumentando el margen de error y la litigiosidad postelectoral.
• Democracia participativa: Se amplía el uso de referéndums y consultas a estados y municipios, permitiendo el voto electrónico. No obstante, la "integridad del padrón" es irrenunciable y debe ser manejada por la autoridad electoral independiente. Si la estructura administrativa se debilita, la custodia de estos datos sensibles queda en una situación de vulnerabilidad sistémica.
¿Consolidación o Debilitamiento?
La reforma electoral de 2026 propuesta por la Presidenta Sheinbaum Pardo contiene elementos de vanguardia, como la regulación de la IA y la inclusión de la primera minoría en el Congreso. Sin embargo, su mayor debilidad es la asimetría entre las metas ambiciosas y el diseño presupuestal restrictivo.
Al retomar los criterios internacionales analizados en este mismo espacio en febrero de 2025, “Una brújula internacional para la reforma electoral que México necesita”, queda claro que cualquier reforma que no garantice la autonomía financiera y técnica del árbitro será, en el mejor de los casos, cosmética y, en el peor, una herramienta de control político. La democracia mexicana no necesita solo procesos más baratos; necesita procesos íntegros, profesionales y capaces de resistir las presiones de la era digital. Sin presupuesto y sin un diseño administrativo que respalde los cambios legales, esta reforma corre el riesgo de desmantelar lo que funciona sin construir una alternativa real de transparencia.
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