Estoy tomando un curso que, si no es de altísimo nivel, sí lo considero serio en términos de sus propias limitaciones ideológicas. El último módulo, que ya estamos cursando, aborda el tema del debido proceso y los derechos humanos (con minúsculas) con toda la seriedad posible. Lamentablemente, la incursión de Estados Unidos en territorio venezolano deja la farsa de esta institución internacional a la vista de todos: los derechos humanos son más un discurso político y, por tanto, electoral, que una verdadera herramienta de dignificación del ser humano, aunque en mi curso vean lo contrario.
No hay que ser genios para suponer que el curso que estoy tomando parte de la idea de explicar la relación entre el debido proceso y los derechos humanos, no solo en el contexto de las naciones, sino en el contexto global, partiendo de la aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero aclaremos: si no he vivido la realidad venezolana, no tengo los elementos suficientes para emitir una opinión, pues, mientras suena bastante bien el argumento del respeto a la soberanía de las naciones, también suena bastante coherente el discurso de la liberación de los pueblos de un dictador. Así es que esta colaboración no tiene por objeto, y mucho menos la capacidad, de opinar o sugerir nada sobre la cotidianidad del pueblo hermano de Venezuela.
De lo que sí nos interesa hablar es del papel del gobierno mundial que se ha venido conformando poco a poco en torno a los derechos humanos; el papel de los organismos defensores de ellos, como la ONU y la OEA, y el resultado de su existencia en la realidad actual a nivel mundial y la particular que se vive a lo interno en cada país.
El debido proceso está vinculado con el derecho humano relacionado con las garantías judiciales, contenidos en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y este concepto implica el reconocimiento de un derecho fundamental que garantiza que toda persona sea tratada de forma justa y equitativa por la ley, asegurando que se cumplan todas las formalidades y garantías mínimas en cualquier procedimiento legal para protegerla de abusos y asegurar un resultado justo, especialmente cuando se le acusa de un delito; un derecho con el que hemos lidiado con un sabor de boca amargo en México, donde muchas personas que son acusadas de todo tipo de delitos encuentran su libertad argumentando y probando la existencia de violaciones en sus detenciones y juicios.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada y ratificada en su momento por Estados Unidos; por tanto, es de aplicación obligatoria para este país y todos los signantes, aunque aquí se abre una cuestión: ¿la obligatoriedad solo aplica a lo interno, en la relación que tienen las instituciones de cada país con sus gobernados?, o ¿también aplica en todos los espacios en los que actúe dicho país, en todos los ámbitos?
Creo que para hablar de cumplimiento de una disposición autoaceptada se debe considerar tanto lo interno como lo externo, más en el caso planteado y en la relación de un país con otro de los firmantes del mismo pacto, como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En el caso de Venezuela y la extracción del territorio de ese país de Nicolás Maduro, Estados Unidos violó flagrantemente lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un pacto del que ellos fueron promotores y sobre el que se obligaron, con lo que queda un mal sabor de boca, pues en el caso de esa detención no la ordenó ningún tribunal en ese país y su ejecución se llevó a cabo por la vertiente militar, que legalmente tiene una función diferente.
Contrario a que la ONU tome una postura clara frente a las arbitrariedades del señor Trump, el presidente de nuestro país vecino del norte se permitió pedir la salida de una treintena de organismos que emanan de esta organización, restregándoles en su cara que su existencia, presencia y actuación ya no es acorde a los intereses de su país.
Los excesos del presidente norteamericano ponen en riesgo a cualquier persona, lo mismo al jefe de un cártel del narco que al autor de un post que se vuelva viral y le duela al presidente de Estados Unidos. Cualquiera de los dos se debe preocupar de que, en cualquier momento y con la misma justificación, pueda darse una operación militar para llevárselo y ser acusado de narcotráfico, terrorismo, etcétera.
El debido proceso, como todos los derechos humanos, es un discurso de manipulación y una promesa que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son los primeros que no están dispuestos a respetar realmente, y un discurso con el que han logrado que, con mucho optimismo, por ejemplo, los trabajadores renuncien a una verdadera lucha por la redignificación de sus condiciones laborales. Lo peor es que no se han dado ni cuenta de ello.
ADDENDA
1. DICE TRUMP QUE EL T-MEC NO ES RELEVANTE PARA SU GOBIERNO
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Desde hace varios meses hemos venido señalando el interés que existe por parte del gobierno de Estados Unidos, primero, por un lado, de acceder a las industrias de los recursos naturales de todos los países del continente y, por el otro, desmantelar la filosofía detrás de la idea del sindicalismo y la lucha laboral, la que, si bien es cierto, tiene muchas cuestiones peligrosas que atender, también tiene aportaciones muy necesarias.
La realidad alcanzó a la mayoría de los sindicatos, que se han preocupado más por mostrar su domesticación frente al actual gobierno federal que por alejarse un poco y buscar una identidad clara. En lo laboral, para que Estados Unidos muestre su interés, seguramente el precio será invertir la idea de libre sindicación y, con eso, los sindicatos estarán iniciando un camino hacia su desmantelamiento.
2. FBI CATEA CASA DE PERIODISTA DEL ‘POST’ POR INVESTIGACIÓN SOBRE INFORMACIÓN FILTRADA DEL PENTÁGONO
Lo dicho: ¿y el debido proceso? De la libertad, ni hablar.
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Abogado postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.
