Toluca/Estado de México
Un paso histórico contra la violencia ácida
La Fundación Carmen Sánchez MX, primera organización en México dedicada a promover, defender y proteger los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia ácida y química, presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa ciudadana de ley para reconocer y sancionar la violencia química. La propuesta, construida junto a sobrevivientes, representa un hecho histórico en la lucha por la justicia y la reparación integral de las víctimas.
Lucha impulsada por sobrevivientes
María del Carmen Sánchez Flores, presidenta de la Fundación y sobreviviente de un ataque con ácido hace 11 años, recordó que cuando fue agredida este delito no existía en ningún código penal. Desde entonces, junto a otras mujeres sobrevivientes -Esmeralda Millán, Ana Saldaña y Leslie Moreno- emprendió una lucha para lograr su tipificación. En 2020, el Estado de México se convirtió en uno de los primeros estados del país en reformar su código penal para tipificar los ataques con ácido; sin embargo, hasta ahora solo se reconocen como una agravante del delito de lesiones.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa busca crear un tipo penal autónomo de violencia química, ampliar las circunstancias agravantes y reformar los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio cuando se utilicen ácido, sustancias químicas, gases o líquidos a altas temperaturas. Además, propone sanciones de 6 a 70 años de prisión, dependiendo de los daños y agravantes, y excluye cualquier beneficio judicial para los agresores.
“Hoy me presento no solo con mi historia, sino con una causa colectiva que busca justicia, reparación y medidas de prevención para que ninguna mujer más viva esta forma extrema de violencia”, declaró Carmen Sánchez durante la presentación.
Urgencia de reconocer la violencia química como violencia de género
Por su parte, Ximena Reyes Canseco, cofundadora y vicepresidenta de la Fundación, destacó que el 86% de los ataques con ácido registrados en México desde 2018 han sido contra mujeres.
Explicó que la violencia química debe reconocerse como una forma extrema de violencia de género con graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, por lo que urge una respuesta integral más allá del ámbito penal.
En México existen al menos 25 mil sustancias capaces de generar este tipo de lesiones, señaló la Fundación.
De acuerdo con su registro, el 86% de las víctimas son mujeres entre 20 y 30 años, y en el 72% de los casos los agresores son sus parejas o exparejas. La mayoría de los ataques ocurre cuando las víctimas deciden terminar una relación violenta sin medidas de protección adecuadas.
La iniciativa también propone una ruta integral de atención a las sobrevivientes, protocolos médicos y judiciales estandarizados, y la reforma de la Ley de Víctimas para garantizar atención médica gratuita, cirugías reconstructivas, apoyo psicológico y programas de reinserción social y laboral.
Compromiso legislativo en el Congreso mexiquense
En el acto, las diputadas Zaira Cedillo y Nelly Brigada, quienes en días pasados presentaron una iniciativa sobre el mismo tema desde otro enfoque, junto con la presidenta del Congreso mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso, recibieron la propuesta con el compromiso de trabajar y legislar para convertirla en ley, sumando esfuerzos con otras iniciativas en la materia.
Finalmente, María López, primera víctima documentada de ataque con ácido en México y América Latina en 1998, compartió su testimonio tras más de tres décadas de silencio, pues su caso quedó registrado como un delito de lesiones simples. Nunca se judicializó, no se investigó y hasta el día de hoy sus tres atacantes no han sido identificados.
“He tenido 31 cirugías reconstructivas y mi caso quedó impune, pero hoy entiendo que no era mi silencio, era el de las autoridades. Lo que no fue justicia para mí, espero que sí lo sea para ellas”, expresó.
Datos
- ¿Qué busca la iniciativa presentada ante el Congreso mexiquense?
Pretende reconocer y sancionar la violencia química como un delito autónomo, garantizando justicia, reparación y atención integral a las víctimas. - ¿Qué sanciones propone contra los agresores?
Las penas van de 6 a 70 años de prisión, dependiendo de la gravedad de las lesiones y las circunstancias agravantes, sin acceso a beneficios judiciales. - ¿Qué apoyo recibirán las sobrevivientes?
La propuesta garantiza atención médica gratuita, cirugías reconstructivas, apoyo psicológico y programas de reinserción laboral y social.
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