El 2 de junio del próximo año se celebrarán las elecciones más competidas, polarizadas y con mayor número de electores potenciales, y de cargos de elección en juego, de la historia en nuestro país. Estaremos en el padrón electoral casi 98 millones de ciudadanas y ciudadanos quienes estaremos convocados a emitir un voto para renovar más de 20 mil cargos en los gobiernos federal, estatales y municipales. Se renovará la presidencia de la República, los 128 integrantes del Senado, los 500 legisladores federales y 9 gubernaturas. Además, en 31 estados se renovarán congresos locales y varios cientos de ayuntamientos.
Con esta premisa ya se imaginará usted la efervescencia política que viviremos entre quienes aspiran a ocupar los espacios de representación. Algunos que buscan un segundo periodo de gobierno y otros más que tienen los méritos para disputarles el lugar. Por señalar un dato histórico, en el año 2021, 311 de los 517 presidentes municipales y alcaldes (en CdMx) obtuvieron el segundo periodo que buscaron, esto es, el 60% de quienes se postularon para reelegirse ganaron la elección. La idea principal de la reelección consecutiva era fortalecer el vínculo ciudadanía-representantes y profesionalizar la política. Sin embargo, Orlando Espinosa Santiago, Víctor Manuel Figueras y Martha Miranda, en su publicación “Dimensiones y consecuencias consecutivas de la reelección,” señalan que no se han logrado los objetivos. De hecho, presentan una visión pesimista de la situación porque sostienen que no se ha iniciado la construcción de una nueva cultura política con esta figura jurídica.
Dicen los autores, que el proceso de reelección, como está diseñado, sigue bajo el control de los partidos políticos y no existen estrategias complementarias que estén dirigidas a la formación y el fortalecimiento de las y los ciudadanos interesados en disputar los cargos en cuestión. Aquí considero necesario hacer un paréntesis y revisar, según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUCI), publicada varios años por el INEGI, cómo se han comportado históricamente los actores que más influyen en la política (no sólo la electoral). Según los resultados de la encuesta y en orden de mayor a menor: los partidos políticos (antes era el presidente del país), el presidente de la República, las grandes empresas, los sindicatos, las y los ciudadanos y las agrupaciones ciudadanas. De esta forma la elaboración de políticas públicas queda en manos de pocas personas, se concentra en pocos actores, sobre todo en los que tienen recursos para movilizar grupos.
En contraste, la ENCUCI refiere que las y los encuestados, mayores de 15 años, desconfían mayormente de los partidos políticos y les siguen las cámaras de senadores y diputados, los sindicatos, las empresas, la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, la iglesia, los medios de comunicación y las maestras y maestros.
Retomando nuestro tema, quisiera recordar que el Dr. José Merino, desde que se discutió el tema de la reelección consecutiva, se manifestó en contra y argumentó que no serviría porque la democracia representativa no es aquella en la que las y los ciudadanos se representan a sí mismos, sino que es un sistema relacionado con los intereses y la gestión político-partidista, de tal suerte que no contribuye a la genuina representación ciudadana. Además, la rendición de cuentas que surge originalmente como una manera de responsabilizar al gobierno por sus acciones pasadas, es burlada por los gobernantes que se anticipan al juicio de los votantes y enfocan sus políticas públicas básicamente a tomar medidas que tengan impacto en los electores, descuidando factores básicos del servicio público, pero que no son espectaculares.
Por su parte, Fernando Dworak dice que la reelección fue utilizada en el pasado como método de dominación política y que ahora el viejo anhelo de evaluación ciudadana y profesionalización de las personas servidoras públicas, que favorezca la competencia política, empieza a evidenciarse en un cambio de actitud de organizaciones ciudadanas que hacen seguimiento puntual de diversos aspectos del quehacer público.
Ante las intenciones de reelegirse en los cargos de quienes ahora gobiernan, la oposición, en cada municipio o distrito, deberá mantener los incentivos entre las y los electores para que su reputación le permita acrecentar su influencia social mediante negociaciones para alcanzar nuevos consensos que defiendan los intereses del público que representa, sin perder uno de sus objetivos principales: evidenciar y detectar posibles fallas de quienes están en el poder en este momento.
Hasta antes de la posibilidad de reelección, las y los ciudadanos habían mostrado poco interés en monitorear el desempeño de sus gobernantes. Ahora, a diferencia de lo manifestado por los primeros autores que aquí revisamos, coincido con Dworak y puedo afirmar que me consta el interés de muchos en buscar más información sobre sus representantes y establecer vínculos más constantes con la autoridad para salvaguardar sus intereses.
Para concluir, es importante que las y los ciudadanos estemos (sigamos) muy atentos para impedir la creación de cacicazgos (a partir de la reelección), que hagamos una evaluación objetiva de las y los gobernantes y decidamos si se quedan o no en el cargo. La reelección consecutiva debe ayudarnos a evitar el clientelismo y que el ejercicio del poder beneficie a un solo partido y/o funcionario público. Este mecanismo debe ayudarnos a exigir rendición de cuentas para asegurarnos que todos los sectores sociales reciben servicios públicos de calidad, que disminuye la corrupción en todas sus manifestaciones (como que la autoridad pueda comprar con mayor facilidad favores o coludirse con la autoridad fiscalizadora que realiza auditorías para lograr su reelección). Ante todo, este nuevo instrumento político-electoral debe motivarnos a evaluar constantemente a nuestros gobiernos locales y legisladores y debemos tener claro que, a partir de la percepción y evidencias que tengamos de su trabajo, somos nosotros quienes decidimos con nuestro voto, quién se queda y quién se va.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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