La mañana del 28 de junio de 1995, un grupo de agricultores pertenecientes a la recién creada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigió al municipio de Coyuca de Benítez para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, uno de sus líderes desaparecido por las autoridades el 28 de mayo del mismo año. También exigían el cumplimiento de las promesas gubernamentales de otorgar apoyo a agricultores y caficultores de la sierra sur de Guerrero. Los campesinos iban a bordo de dos vehículos de carga, sin saber que pronto serían presa de una de las masacres más viles y arteras perpetradas por el Estado mexicano.

Al llegar al vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, los integrantes de la organización fueron interceptados por vehículos de la policía y agentes estatales. Los policías los obligaron a descender de los vehículos con golpes y lujo de violencia. Decenas de campesinos, hombres y mujeres, fueron tumbados en el suelo; acto seguido, los policías y agentes dispararon contra ellos durante un lapso de aproximadamente 20 minutos, muriendo 17 campesinos en el suceso y quedando otros 23 gravemente heridos. El gobierno del presidente Ernesto Zedillo trató de ocultar el hecho; sin embargo, la presión pública y la rápida difusión de la noticia, incluso a nivel internacional, lo obligaron a tomar cartas en el asunto. ¿Quién ordenó el hecho y por qué una organización civil fue asesinada de una manera tan brutal?

Para esclarecer esto es necesario, aunque sea someramente, adentrarnos en el contexto de la época. En 1995, el estado de Guerrero era gobernado por el priista Rubén Figueroa Alcocer, quien estaba ejerciendo un poder casi despótico con el apoyo de corporaciones policiales y, de acuerdo con otras fuentes, con miembros del crimen organizado. Durante su gestión, el estado presentó altos niveles de pobreza y marginación, así como un notorio incremento en la inseguridad. En este contexto, los campesinos guerrerenses se vieron severamente afectados por las políticas neoliberales, la falta de apoyo y la constante marginación, que se notaba en la ausencia y carencia de servicios públicos básicos.

Años atrás, habían surgido diversas organizaciones campesinas que se habían unido en la defensa de sus pueblos, de su tierra y de sus cultivos contra empresarios corruptos, intermediarios desfavorables y la cínica complicidad de la policía y autoridades estatales que hacían caso omiso de sus demandas. Evidentemente hubo marchas, enfrentamientos y bloqueos carreteros. Ante estos actos, las autoridades reaccionaron de una manera muy agresiva, encarcelando, deteniendo y hostigando a organizaciones campesinas. Es en este momento cuando surge la antes mencionada OCSS, en 1994, en un intento por defender la dignidad y los intereses del campesinado.

El gobernador Figueroa se había reunido en dos ocasiones con la OCSS, prometiendo seguridad, apoyos para el campo y la liberación de compañeros detenidos; no obstante, estas promesas nunca llegaron, por lo que los campesinos fueron a exigir de nueva cuenta al gobierno el cumplimiento de su palabra. Dentro de la lógica estatal, los campesinos eran un simple estorbo que afectaba los intereses de poderosos empresarios y caciques de la zona, por lo que el gobernador Figueroa y sus corporaciones judiciales no dudaron ni un segundo en detenerlos a como diera lugar.

Posterior a los hechos del 28 de junio, el Estado difundió la noticia de que los agentes judiciales actuaron en defensa propia, debido a que fueron atacados por los campesinos, quienes supuestamente iban armados. Los videos difundidos posteriores a la masacre echaron por tierra la versión de los judiciales, ya que se muestra claramente cómo los agentes actuaron con lujo de violencia, y los integrantes de la OCSS iban completamente desarmados. Aunado a lo anterior, testimonios de sobrevivientes de la masacre comentan que en todo momento fueron presa de la violencia de sus agresores, y que esta brutalidad venía desde meses atrás. Ejemplo de esto es el testimonio de Antonio Barragán Carrasco, campesino sobreviviente de la masacre:

“El 28 de junio masacran a nuestros compañeros. Después de eso, el gobierno empezó a girar órdenes de aprehensión a los líderes de la OCSS, empezó a desaparecer gente, a detener gente, encarcelarlos. (…) Mi papá, Félix Barragán Mondragón, fue balaceado a medio pueblo, puras personas: guardias blancas, paramilitares que estaban al servicio del gobierno del estado.”

Incluso se llegó a comprobar que agentes, policías y paramilitares que participaron en la masacre sembraron armas a las personas heridas, esto para darle sustento a la versión oficial, la cual afirmó que había sido un ataque iniciado por los agricultores. Otro testimonio comenta al respecto:

“Al terminar la balacera y luego de obligar a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos, para que se fundamentara la versión de que se había producido un enfrentamiento.”

En ese aciago 28 de junio se violaron varios derechos humanos como el derecho a la vida, a la protección judicial y a las garantías judiciales.

Para desgracia del gobierno zedillista, el caso pronto le dio la vuelta al mundo, por lo que el gobernador Figueroa renunció a su cargo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió varias recomendaciones e instó al gobierno a emitir las medidas cautelares necesarias para el esclarecimiento de los hechos y justicia a las víctimas. Pese a que fueron detenidos policías y funcionarios, sobrevivientes de la matanza declaran que los principales responsables quedaron totalmente impunes con el apoyo del gobierno estatal y la complicidad de autoridades federales. Muchos de ellos fallecieron en fechas recientes sin recibir castigo alguno.

Entre los principales responsables antes mencionados están el gobernador Figueroa, quien previamente inició un hostigamiento contra organizaciones populares y campesinas de la sierra guerrerense. Asimismo, testimonios señalan, entre otros responsables, a José Robles Catalán, exsecretario general de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, exprocurador del estado; Gustavo Olea Godoy, exdirector de la policía judicial, entre otros. Todos ellos impunes con la complicidad del gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo.

A 30 años de la masacre de Aguas Blancas, miembros campesinos de la OCSS siguen evocando el trágico hecho con amargura, exigiendo justicia por los crímenes y desapariciones forzadas contra sus compañeros y colegas. Ni la alternancia panista ni el gobierno de la Cuarta Transformación han podido esclarecer del todo este crimen de Estado, que a más de 30 años sigue causando eco en nuestra historia reciente. Empero, la violencia ejercida en Aguas Blancas no es una masacre aislada, representa un hecho más profundo.

La masacre del vado de Aguas Blancas forma parte de una historia de larga duración: la violencia ejercida por el Estado mexicano a organizaciones populares y revolucionarias. Una violencia que inició a principios del siglo pasado y que trató de mantener un ficticio orden a base de sangre y fuego, un orden que favorecía a líderes corrompidos, empresarios mezquinos, miembros del crimen organizado y un Estado criminal que protege turbios intereses a cambio de demenciales cantidades de dinero. Aguas Blancas es un crimen de Estado, que forma parte de la violencia tradicional que el Estado ha ejercido contra su pueblo.

ECOS DEL PASADO
Por Juan Manuel Pedraza, historiador por la UNAM
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.