Carreteras bajo asedio
Las carreteras dejaron de ser rutas de conexión para convertirse en corredores del crimen en todo el país; las del Estado de México no son la excepción. La México–Querétaro, el Arco Norte, la Panamericana, la Chamapa-Lechería y la México–Pachuca son solo algunas de las vías donde el transporte de carga enfrenta una violencia sistemática que pone en riesgo vidas, mercancías y la competitividad del país.
Entre enero y febrero de 2025 se registraron 558 carpetas de investigación por robos a transportistas en el Edomex, lo que representa 51 % de la incidencia nacional. De estos delitos, 83 % fueron cometidos con violencia física o armada. La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) identificó que los horarios más peligrosos son entre las 07:00 y 12:00, 19:00 y medianoche, y 00:00 a 07:00, cuando la vigilancia disminuye y los operadores están más vulnerables.
Empresarios agrupados en la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) han alzado la voz: el Edomex concentra el 40 % de los robos a transportistas en el país, generando pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos. La situación ha escalado al punto de que algunos operadores han sido asesinados por resistirse al robo.
Las demandas del sector son claras:
Asignación de recursos adicionales para vigilancia en carreteras estratégicas
Coordinación efectiva entre fuerzas estatales y federales
Tecnología de rastreo y monitoreo en tiempo real
Revisión de la tipificación de delitos, ya que muchos casos se registran como homicidios o daños, no como robos
El presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, advierte que las cifras oficiales no reflejan la realidad: “Cada vez que pregunto a los transportistas, me dicen que los delitos continúan y son más violentos”.
Esta crisis no solo afecta al sector logístico. Impacta directamente en el precio de los productos, desalienta la inversión y erosiona la confianza en las instituciones. El Edomex, que se ubica en el lugar 21 de 32 en el Índice de Competitividad Estatal, está pagando el costo de una estrategia de seguridad que no alcanza ni a cubrir sus propias rutas.
Cuando los fajos de dinero pesan más que la dignidad laboral
En el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, la imagen de una funcionaria contando fajos de billetes en su escritorio no solo revela una presunta extorsión: exhibe el rostro cotidiano de una corrupción que se ha institucionalizado. Nora Chávez, directora de Servicios Públicos, fue captada en video recibiendo pagos en efectivo, presuntamente exigidos a recolectores de basura para permitirles operar. No hay recibos, no hay transparencia, solo billetes y silencio.
La reacción de los trabajadores fue tan contundente como simbólica: vaciaron basura frente al Palacio Municipal, bloquearon accesos y exigieron diálogo. Más de 200 recolectores y 800 familias afectadas decidieron que ya no podían seguir pagando 15 mil pesos semanales y 500 pesos por calcomanía para trabajar. Lo que comenzó como una denuncia se convirtió en una protesta que puso en jaque al gobierno local de extracción morenista.
Lo más alarmante no es solo el acto captado en video, sino la respuesta institucional: evasiva, defensiva y sin una postura clara sobre las imágenes. El Ayuntamiento acusó a los líderes sindicales de buscar beneficios personales, pero no negó ni explicó los videos que circulan en redes. ¿Desde cuándo exigir rendición de cuentas se volvió una provocación?
Este caso no es una anécdota aislada. Es el síntoma de un sistema donde el poder se ejerce sin vigilancia, y donde los trabajadores deben pagar por ejercer su derecho al trabajo. La basura que se arrojó frente al Palacio no es solo desecho: es el reflejo de una administración que, al parecer, no distingue entre servicio público y negocio privado.
La dignidad laboral no se negocia ni se cobra en efectivo. Y si los videos no bastan para iniciar una investigación formal, entonces el problema no es solo la corrupción: es la complicidad institucional.
