En 2024, la Legislatura del Estado de México dio un paso histórico y despenalizó (aparentemente) el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Así, se convirtió en una de las entidades que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, a casi un año de que la lucha de las mujeres proaborto se hiciera realidad, la medida ha sido meramente simbólica más que una auténtica política pública. No se ve para cuándo habrá leyes secundarias. Nadie ha tocado el tema (ya se les olvidó), no hay clínicas especializadas y la mayoría de las mujeres desconoce si recibirán atención en los hospitales públicos. ¿A ver cuándo?
La ley y la realidad
El contraste entre el marco jurídico y la realidad es preocupante. La despenalización, cuando no tiene mecanismos claros de atención, solo provoca incertidumbre y no cambia de ninguna manera la vulnerabilidad de las mujeres que, antes, por ley, ya no se les persigue; pero en la práctica, muchas no saben a dónde ir para atenderse ni con qué garantías de atención. La omisión legislativa y administrativa abre posibilidades de discrecionalidad del personal médico y mantiene la desigualdad en el acceso a la salud.
Desde 1990, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. México tiene avances en diversos estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco, Morelos y el propio Estado de México reconocen el derecho a decidir. Pero no basta; todo estará incompleto mientras, en el Estado de México, la despenalización sea todavía un proceso a medias, por no decir una simulación.
Las y los legisladores mexiquenses parecen no tener prisa en completar lo que iniciaron hace casi un año. No podemos decir siquiera que el Congreso local discuta con lentitud las reformas secundarias; parece que ni siquiera están en agenda.
La Ciudad de México, la opción
La falta de certeza en el Estado de México provoca que el fenómeno que ocurre desde hace muchos años se mantenga: miles de mujeres mexiquenses van a la capital del país para tener un aborto seguro. Datos de la Secretaría de Salud de la CDMX señalan que, históricamente, cerca del 30 por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo en la ciudad son del Estado de México.
Entre la criminalización social y el vacío institucional
Aunque la persecución legal haya bajado o se haya acabado, la criminalización social sigue presente, siempre con ojos inquisidores. Muchísimas mujeres enfrentan juicios morales en su colonia, comunidad e incluso en su propia familia, lo que, aunado a la falta de información oficial, las empuja a acudir de manera clandestina con médicos sin experiencia o personas que ni siquiera son médicos. No hay protocolos claros. Nadie sabe informar en los hospitales. La despenalización fue más mediática que otra cosa. Es momento de que las y los diputados que la celebraron den el siguiente paso. No se trata solo de un festejo. Hay que seguir. A ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato.
La voluntad del médico
El derecho a decidir no puede depender del código postal ni de la voluntad personal de una o de un médico. El Estado de México requiere, de manera urgente, instalar clínicas especializadas, capacitar personal y garantizar información a las mujeres. De lo contrario, nada cambiará. Seguirán aquellas que tienen recursos para ser atendidas en clínicas de la Ciudad de México y tener un aborto seguro, y las que están en pobreza, atrapadas entre la incertidumbre y la estigmatización.
Diputadas y diputados, con deuda pendiente
La despenalización fue el primer paso; falta voluntad política. Las y los diputados mexiquenses deben asumir la responsabilidad de legislar y el gobierno estatal debe garantizar servicios de salud con perspectiva de género. De lo contrario, la despenalización seguirá siendo un derecho en el papel y un privilegio en la práctica. Y en un estado con más de 17 millones de habitantes, esa omisión es una deuda que pesa demasiado.
