Una enfermera con sus dos hijos pequeños; una pareja de novios; una estudiante universitaria que trabajaba como cajera, y una mujer embarazada se encuentran en la lista de las 23 personas fallecidas que dejó como saldo la explosión y posterior incendio de una sucursal de una cadena de tiendas minoristas en el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos.
Un siniestro totalmente prevenible con una mínima gestión de riesgos y plenamente identificadas sus causas indignó nuevamente a la opinión pública mexicana: negligencias administrativas y omisiones operativas dentro de una unidad económica de mediano riesgo por la falta de un Programa Interno de Protección Civil, el cual no actualizaban desde 2021, siendo obligatorio por ley de manera anual para los inmuebles destinados a cualquier tipo de comercio y servicio en todo el país.
¿Por qué? ¿Nuevamente habrá que repetir la pregunta? ¿Es justo que 23 personas mueran por cometer la osadía de entrar a comprar sus enseres menores para el baño o la cocina a una tienda que, lo último que pensarían, es que pudiera pasarles dentro de ella morir calcinados? Más increíble aún es confirmar que, al formar parte de una cadena comercial millonaria con centenas de sucursales en todo el país, la empresa no tuviese el cuidado de actualizar sus planes de emergencia, programas de gestión de riesgos y cumplir con la ley de Protección Civil. ¡Lo más insólito y agravante es que dentro de la sucursal se encontraba alojado un transformador eléctrico! No se necesita ser ingeniero para saber que un equipo de esas características no puede estar cerca de material combustible —papel, cartón, madera, muebles—, sin ventilación ni medidas de prevención adecuadas, pero mucho menos cerca de personas. Increíble.
No obstante, después de que las autoridades del municipio de Hermosillo dieron a conocer que la sucursal no contaba con la autorización de Protección Civil para poder operar, de inmediato, en menos de 24 horas, decenas de ayuntamientos sonorenses comenzaron a clausurar formalmente todas las sucursales instaladas en la entidad, dando cumplimiento a una instrucción del gobierno y fiscalía estatales. Como siempre, ahogado el niño…
¿Cuánto cuesta implementar un Programa Interno de Protección Civil en una tienda como la tristemente siniestrada? El trámite suele ser gratuito en la mayoría de los municipios. Elaborar dicho instrumento de planeación y operación para la salvaguarda de la población que lo ocupa y lo visita tiene un costo aproximado de 20 a 30 mil pesos, a través de una consultora especializada en gestión de riesgos, lo cual incluye la capacitación al personal, análisis de riesgos internos y externos, diseño de planes de emergencia, la organización de simulacros y la difusión de medidas preventivas, entre otras acciones de carácter preventivo.
El equipamiento básico para la atención de emergencias —extintores, señalización, sistemas de alertamiento, alarmas y herramientas diversas— implica un gasto no mayor a otros 20 mil pesos. El equipo de protección personal de los brigadistas de emergencia e identificación, otros 20 mil pesos. Estos últimos gastos no son anuales, sino de una sola ocasión. En total, no más de 100 mil pesos una sola vez y, en promedio, 30 mil pesos de manera anual, ya incluidos su dictamen de seguridad estructural y de la instalación eléctrica.
¿Es mucho? ¿Sale caro pagar por estos servicios y equipamientos mínimos un monto de 100 mil pesos en una sola ocasión y 30 mil pesos de forma anual? ¿Cuánto estima usted que factura una tienda de estas características en un mes? ¿Será difícil para una cadena de centenares de tiendas cubrir estos gastos y requerimientos de la autoridad? Verdad buena que no, nunca. Es nuevamente la corrupción, la negligencia y el no respeto al Estado de Derecho, consecuencia fidedigna de que se sigue considerando que la protección civil es un gasto y no una inversión. Es una obligación moral y social.
¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, académico y asesor en gestión de riesgos de desastre
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