A partir de la encuesta publicada por México Elige sabemos que la competencia por la presidencia de la República se encuentra empatada. Claudia tiene 46.4% de intención de voto (4.3% menos que en el ejercicio anterior), Xóchitl alcanza 44.8% (subió 0.4%) y Máynez tiene 7.6% (subió 3.6%), este porcentaje impulsó la propuesta para que declinara, pero el aludido se burló y planteó condiciones poco serias.
Hace algunos años se hablaba y se escribía por toneladas sobre la llamada “transición democrática” de México. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Por qué ahora casi nadie la recuerda? Rafael Lemus en su texto La transición que no fue, nos dice que se llama “transición” al proceso político que permite pasar de un régimen cerrado y autoritario, de partido hegemónico a uno plural y abierto. El discurso de la transición democrática perdió terreno ante las complejas negociaciones de funcionarios públicos, empresarios, académicos, y consejeros electorales, entre muchos otros actores. Esta expresión fue tan repetida que paulatinamente se diluyó. Hagamos un poco de historia.
Jesús Reyes Heroles presentó en 1977 una reforma electoral que abrió la conformación del Congreso a la pluralidad política característica del país. El PAN, en ese momento por medio de Adolfo Christlieb Ibarrola, inició exitosamente “la estrategia del diálogo” que permitió la incorporación de los partidos políticos a la Constitución, como instituciones de interés público, el registro de nuevos partidos y la existencia de diputados plurinominales (llamados entonces diputados de partido).
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se incrementaron los diputados plurinominales de 100 a 200 y se instituyó la asamblea de representantes del Distrito Federal (hoy CdMx). Sin embargo, durante los procesos electorales seguían los acarreos, la compra de votos, las urnas embarazadas, el carrusel, el ratón loco y otras prácticas de triste memoria. De remate, al final de ese sexenio, durante el día de las elecciones de 1988, de pronto se cayó (o calló, según muchos) el sistema. Recordemos que el presidente de la Comisión Federal Electoral era el hoy morenista Manuel Bartlett. Podríamos ubicar en el conflicto electoral que surgió en este año los primeros indicios de una transición que generó múltiples conflictos, incontables marchas y protestas, ocupaciones de calles y oficinas por grupos insatisfechos con el régimen autoritario que ya no lograba controlar todos los factores de poder.
Ante la larga historia de fraudes electorales surgió la exigencia ciudadana de contar con elecciones libres, equitativas, ciertas, transparentes y con resultados creíbles. En ese sentido, en 1990-1991, el PAN presentó iniciativas para reformas electorales que derivaron en la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), el tribunal electoral (TRIFE) y la fundación del registro nacional de electores, a la cual se sumó el Partido de la Revolución Democrática; en estas reformas estaba incluida la creación de la credencial para votar con fotografía, la regulación del financiamiento de los partidos políticos y de los observadores electorales. En 1996 se replanteó la fórmula de representación en el congreso con la denominada “cláusula de gobernabilidad”, se puso límites a los gastos de campaña y se reorganizó, ciudadanizándolo completamente, el consejo general del IFE.
Con la elección del primer jefe de gobierno del Distrito Federal, en 1997, en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD accedió de lleno al proceso democrático. Más aún, con el triunfo de Vicente Fox en el año 2000, dejamos atrás una historia de 71 años de hegemonía priista en la presidencia de la República. En esos años se pretendía el cambio de régimen y superar el viejo sistema autoritario (altamente presidencialista) surgido de la revolución. La idea de transición sugiere un cambio pacífico y progresivo opuesto a los asaltos armados y revoluciones, pero justo con la alternancia en el año 2000 se descartó investigar judicialmente a los gobiernos anteriores, se continuó con la política económica y se incluyó a múltiples priistas en la administración de Fox.
Con el actual gobierno populista la opinión pública y publicada paulatinamente olvidó la expresión “transición democrática” ante la evidencia de retroceso, en lo poco o mucho de avance anterior. Muchos de quienes se asumen como “intelectuales” identificaron la grave corrupción, el pluralismo simulado y elitismo en los partidos políticos como prueba de que en México se llevó a cabo un proceso contrario (o al menos diferente) a la democracia. Así, en 2018, unos se embriagaron de victoria por el éxtasis que les provocó la convicción de que estaban “haciendo historia” y los otros se quedaron pasmados durante casi tres años ante un resultado electoral que no esperaban.
Ahora bien, en el México de 2024, la lucha política se presenta entre los hijos de esa transición (que se logró como alternancia, pero no consolidó una cultura política democrática), que defienden la democracia y otros que a nombre de la nueva “transformación” desean destruirla y regresar al régimen autoritario y de partido hegemónico, peor aún, con el poder concentrado no en la “presidencia” como institución sino en una sola persona: en el presidente. Estoy convencido, como escribió Jacques Coste en la revista nexos, que para repensar la democracia debe cesar la espiral de la polarización actual, sólo así habrá incentivos de futuro. El actual régimen ha sido incapaz de resolver la violencia, la ingobernabilidad por la presencia del crimen y grupos de presión, ni siquiera se acercó a disminuir realmente la pobreza. El diálogo y la deliberación, con actores políticos y sociales, son imposibles.
Hoy tenemos una gran oportunidad de retomar el camino de la transición democrática y, por fin después de tantos tropiezos, consolidarla. Con nuestro voto podremos decidir el destino de nuestro país y el de nuestras familias, no por un sexenio, sino por décadas. En esta elección, que si fallamos como ciudadanos podría ser la última en condiciones libres, elegiremos entre quien representa la continuidad para profundizar el proyecto destructivo de la democracia y sus instituciones y quien representa la posibilidad de dibujar un horizonte de futuro, que genere prosperidad, que respete la vida, la verdad y la libertad y en el que estemos incluidos todos y todas. Un futuro en el que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos para exigir más, para entender que merecemos más y que los gobiernos están obligados a rendirnos cuentas. Resulta innecesario decir que Xóchitl es nuestra única opción.
PD. Marchemos el 19 de mayo para mostrar al gobierno qué tan caro podría salirle negarse a reconocer el triunfo de una opción diferente a la suya.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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